La puja por el sable corvo, nuevas presentaciones en la justicia y qué dice el testamento
Hoy es el último día para ver en el Museo Histórico Nacional la reliquia del Libertador; mientras tanto, la exdirectora Araceli Bellota se presentó ante la Justicia como “amicus curiae”
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LA NACIONDaniel Gigena
Aunque la jueza Macarena Marra Giménez rechazó ayer la medida cautelar presentada por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, trastataranietos de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino (a quien Juan Manuel de Rosas legó el sable corvo al morir) y Candelaria Domínguez Cossio y Malena Terrero (como herederas en sexto grado), y dio así vía libre al traspaso de la reliquia al Regimiento de Granaderos a Caballo, quedó abierta la posibilidad de que se pruebe que la donación al Museo Histórico Nacional (MHN) fue hecha “con cargo”, es decir, especificando el lugar de guarda y conservación. Y si esto fuera así, la reliquia podría más tarde regresar al museo.
Mañana, a las 19, en un acto en San Lorenzo, Santa Fe, del que participará el presidente Milei y una comitiva que integrará el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se formalizará la entrega. Es decir que hoy es último día para que el público pueda visitar hasta las 19 la reliquia en su vitrina del MHN.
En su testamento firmado en Southampton en 1862, Juan Manuel de Rosas dejó la espada que le había legado San Martín a su amigo Juan Nepomuceno Terrero, con la instrucción de que pasara a su esposa e hijos por escala de mayor edad. Esta voluntad fue la que finalmente decidió el destino público del sable. Los Terrero están en contacto con otros descendientes de las familias Rosas y Terrero para probar su argumento –que fue una donación hecha “con cargo” al MHN– ante el Juzgado Contencioso y Administrativo n° 12.
Por otro lado, LA NACION pudo saber que la historiadora Araceli Bellota, que fue directora del MHN entre 2013 y 2015 y actualmente se desempeña como directora Provincial de Patrimonio Cultural en el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, se presentó ante el Juzgado que tramita la causa del sable corvo en calidad de “amicus curiae” (amiga del tribunal) con el objeto de “aportar argumentos históricos y jurídicos que demuestren la imperiosa necesidad de mantener” la reliquia sanmartiniana en el museo, según expresa. Esta figura legal habilita la presentación voluntaria de expertos que aportan a los jueces su conocimiento de modo oficioso, para la resolución de una causa; el juez puede aceptarla o no (usualmente se la acepta porque no es vinculante).
“Esta presentación se fundamenta en la defensa del patrimonio histórico nacional, el respeto a la voluntad de los donantes de la pieza y la garantía del derecho constitucional de acceso a la cultura, hoy amenazados por una decisión administrativa que resulta contradictoria y regresiva”, señala sobre el decreto 81/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
Bellota destaca que, en su gestión en el MHN, fue “responsable directa de la adecuación museográfica y de seguridad que permitió que el Sable Corvo regresara al Museo para ser exhibido al pueblo”. Y escribe en su presentación: “El interés que me guía no es patrimonial ni partidario, sino de orden público y cultural: asegurar que el símbolo máximo de nuestra emancipación permanezca en el lugar que la historia, la ley y el deseo de sus legítimos herederos le asignaron”, remarca. Consigna, además, que posee “un conocimiento directo y pormenorizado de la historia del sable y la trazabilidad de sus legados (San Martín - Rosas - Familia Terrero - Estado Nacional), los estándares de seguridad museográfica necesarios para su protección y el impacto pedagógico y social que genera la exhibición de la pieza en una institución pública de acceso libre”.
La autora de Los amores de Yrigoyen y Aurelia Vélez brinda varios argumentos en defensa de la permanencia del sable corvo en el MHH: la superioridad técnica y de seguridad del MHN (vitrina blindada, protocolo de doble custodia, monitoreo digital y presencia de granaderos, entre otras medidas); el respeto del principio de progresividad en materia de derechos culturales y acceso al patrimonio histórico (emanado del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional); la “ilegalidad sustancial” del decreto 81/2026 (publicado el martes en el Boletín Oficial) al violar, según Bellota, los artículos 1º y 3º de la ley 12.665 que establece que la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos debe tener a cargo “la superintendencia, custodia y conservación de los monumentos y lugares históricos nacionales”. Desde 2025, el arquitecto Fernando Ferreyra preside este organismo.
Debido a la ausencia en el proceso de traspaso de la Comisión que desde 2025 preside el arquitecto Ferreyra, el decreto “desmantela el sistema de frenos y contrapesos institucionales, configurando una medida manifiestamente ilegal“, sostiene Bellota, y resulta “regresiva” porque se pasa “de un sistema donde los bienes históricos son custodiados bajo criterios técnicos obligatorios, a un sistema de disposición discrecional por parte del administrador de turno”. Desde el área de Cultura se indicó a LA NACION que el informe de la Comisión existe, pero no se hizo público.
Bellota concluye que el sable corvo debe permanecer en el MHN. “No existe razón técnica, de seguridad o jurídica que justifique su retiro de la sala que fue preparada con vidrios antibalas, sensores y guardia permanente de granaderos para recibirlo”, arguye. Y señala que “el traslado no es una medida de ‘protección’, sino un acto de ocultamiento de un símbolo que pertenece a todos los argentinos por igual.
Sin embargo, según confirmaron a este diario en los últimos días, el Museo del Regimiento de Granaderos está actualmente cerrado por remodelaciones y destinaría un espacio apropiado para exponer con todas las condiciones necesarias el sable próximamente en su sede de Luis María Campos 554.
Ahora, la jueza Marra Giménez debe decidir si acepta o no la presentación de la historiadora. Mientras tanto, corren los cinco días hábiles para que, “dada la complejidad de la cuestión”, como señaló la magistrada en su oficio de ayer, los descendientes acrediten el vínculo de Terrero con los donantes (algo que se había omitido en la cautelar) y se respondan varios pedidos de informes a distintos organismos del Estado.
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