La universidad privada, contra una nueva ley de educación superior

Mientras avanza en el Congreso el proyecto de una nueva ley de educación superior, las universidades privadas dejan oír sus cuestionamientos. “Los problemas de la universidad argentina no son jurídicos”, dice Héctor Sauret, recientemente designado presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), que reúne a las autoridades de las 43 universidades y 13 institutos universitarios privados del país.

En diálogo con LA NACION, Sauret sostuvo que la política universitaria tiene poco contacto con la realidad, mucho diagnóstico y escasa autocrítica, y que no discute, por ejemplo, cómo se hará lugar a los 500.000 estudiantes que en los próximos años terminarán la secundaria y demandarán carreras universitarias.

En los últimos cinco años, el aumento de ingresantes en las universidades privadas argentinas llegó al 12,6 por ciento. “No hay obligación de estudiar en una universidad privada. La gente lo elige”, afirma Sauret al explicar estas cifras. En su opinión, la “seguridad, ductilidad de horarios y diversidad curricular” justifican esa elección, que se hace “en el marco de un esfuerzo familiar”.

Las universidades privadas argentinas reúnen a casi 280.000 estudiantes, el 16,5% del total de universitarios del país. Abogado recibido en la Universidad Nacional de La Plata, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, con sede en Entre Ríos, y con larga experiencia como miembro de la Coneau, Sauret sucede en el cargo, que ocupará durante dos años, a Horacio O Donnell, hasta hace poco rector de la UCES.

-¿Dónde va a poner el énfasis durante su gestión?

-En asociatividad interior y proyección internacional. Internamente, eso significa alentar los programas de grado y posgrado interinstitucionales para carreras que demandan inversiones de infraestructura significativas. Sobre todo, en el posgrado, donde hay una necesidad en la Argentina de atender a una población creciente.

-¿Cree que las universidades privadas son un mundo lo suficientemente homogéneo y con información transparente como para promover estas alianzas?

-La universidad privada es necesariamente heterogénea, porque las instituciones nacen de una diversidad de cosmovisión, y en eso está su riqueza. La transparencia de la información es creciente porque en las últimas dos décadas todas las instituciones han tenido que ingresar en distintos bancos de datos: expertos, pares, costos, aranceles, estructuras curriculares, áreas disciplinares.

-Se han señalado recientemente los déficits de investigación en las universidades privadas.

-Entre 1995 y hoy, se ha progresado mucho, en el número de investigadores, en la diversidad de áreas disciplinarias y ahora, con los sistemas de financiamiento mixto entre el Estado y las universidades, en el número de proyectos de investigación bajo registro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy ya son 29. También ha crecido el número de investigadores con becas del Conicet, que llegan a 109.

-¿Qué falta?

-La política de investigación requiere perseverancia, volcar más recursos y desarrollar la asistencia de financiamiento nacional e internacional.

-Desde el CRUP se habló en algún momento de una sensación de discriminación por parte del Gobierno. ¿Usted comparte esta idea?

-Yo diría que hoy la relación con el Gobierno es excelente. Entre el presidente Duhalde y la actual gestión se dio autorización definitiva a 17 instituciones universitarias, con lo que se regularizaron en un 60% las universidades provisionales creadas en los años 90. Hay un ensamble con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en los grandes temas de la política universitaria. En 10 años, el Consejo de Universidades, que integramos con el CIN, votó en forma discrepante una sola vez.

-Sin embargo, los planes de mejoramiento de carreras y el financiamiento para becas del Ministerio de Educación son sólo para las universidades estatales.

-Son etapas. Esos cambios están en el futuro. Creo que la educación puede tener gestión estatal o gestión privada, pero es una función pública y la Argentina necesita tomar conciencia de su déficit de masa crítica. No es inminente que el país pueda duplicar sus investigadores y es bajo el número de tesis en los posgrados. Por otra parte, si el secundario es obligatorio, como dice la nueva ley de educación, habrá mayor demanda de estudios universitarios. En la próxima década, unos 500.000 estudiantes demandarán servicios universitarios. Eso significa que tiene que haber una agenda del CIN y del CRUP con el Poder Ejecutivo para acordar formas de absorción de esa demanda. De lo contrario, la declaración de la ley será abstracta.

-¿Cómo es la situación financiera de las universidades privadas?

-En un 90%, el financiamiento está sustentado en los aranceles de los alumnos. En una cantidad importante de universidades hay financiamiento mediante la venta de servicios y vinculación con sectores productivos, pero todavía es insuficiente y tendrá que haber una mayor apertura.

-¿Cómo cree que la opinión pública ve la universidad privada?

-Desde la crisis de 2001, los hogares han entendido los aranceles como una inversión familiar. Y eso implica que la sociedad argentina revaloriza el rol de las universidades privadas. No hay obligación de estudiar en una universidad privada. Hay una selección. Me parece que hay un valor de seguridad, ductilidad de horarios y regímenes de estudio, y diversidad curricular en la oferta. El que elige una universidad privada, en general, lo hace en el contexto de un esfuerzo familiar y porque tiene necesidad de que su titulación sea relativamente acorde con los tiempos estimativos.

-¿Qué cambios propondría en una ley de educación superior?

-Los problemas de la universidad argentina no son jurídicos. La actual ley es buena, aunque siempre perfectible. Además, al no existir un proyecto del Ejecutivo a consideración del Congreso, tanto en el Senado como en Diputados lo que hay son reflexiones sobre el deber ser. Sería bueno comprender que la calidad de la oferta universitaria está íntimanente ligada al nivel de la inversión. No hay calidad sin inversión en recursos humanos, en infraestructura, en laboratorios. Y esto aún no lo veo en el debate.

-Recientemente, un encuentro internacional en Cartagena pidió garantizar la financiación estatal de la educación superior.

-En esos encuentros hay más descripción que autocrítica, distancia en relación con la realidad y abstracción, porque no hay compromiso de cambio. Hay compromiso de consultoría, dictámenes y descripciones. Pero, por ejemplo, no se explica el crecimiento de la matrícula de la universidad privada en América latina y el Caribe. Ese tema no existe. Lo que falta en la política universitaria es realidad.

-¿Le parece bien que se creen nuevas universidades privadas?

-Absolutamente. La apertura de nuevas instituciones universitarias privadas siempre estará en relación con una necesidad social. Si no la hubiera, no se podría producir el riesgo de la inversión.

-Algunos le dirían que puede haber un interés de lucro.

-No podrían ser autorizadas porque está prohibido por la ley. Las universidades privadas son instituciones sin fines de lucro. Estamos bajo un triple control del Estado: como personas jurídicas, como agentes de retención y en las prestaciones académicas. Es una actividad transparente. Si falta reconocimiento social a este principio, es un defecto nuestro, de escaso diálogo con la opinión pública.