Polémica en Cultura por el cese de la Comisión de Monumentos

Con la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos como epicentro del sismo, un nuevo conflicto sacude a la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo del actor Rubén Stella.

Todos los miembros de la comisión, creada en 1940 por la ley 12.665 e integrada por un presidente y diez vocales ad honorem, cesaron en junio último y aún no fueron sustituidos, lo que motivó recursos judiciales. Entre otras tareas, el organismo controla que "ningún objeto mueble (obras de arte, por ejemplo) o documentos históricos podrá salir del país, ni ser vendido ni gravado" sin su intervención.

El debate se recalienta cuando ambas partes discuten el futuro de un valioso mural de Siqueiros depositado en contenedores (como se informa por separado). Y se profundiza tras el sorpresivo cese del ex subsecretario Rodrigo Cañete, y la controversia con el Fondo de las Artes, que preside Amalia Lacroze de Fortabat, ratificada luego por Duhalde.

El diferendo bien vale un renglón. El cese se notificó por una nota de la directora de Recursos Humanos del área cultural, del 19 de junio último, dirigida a la presidenta del organismo, Liliana Barela.

El desplazamiento se funda en los decretos 25/02, dictado en enero de este año por el presidente interino Eduardo Camaño, y 821/02, dictado en mayo último por Eduardo Duhalde. Barela había sido designada durante la gestión de Fernando de la Rúa, tras concluir el mandato de su antecesora, Magdalena Faillace.

El espíritu del primer decreto fue cesar a los funcionarios políticos con sueldo designados en la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. En el segundo caso se aclaró que la remoción alcanzaba, también, a los que ejercían cargos honorarios.

Acción judicial

Barela interpuso hace dos semanas un recurso administrativo y esta semana sumó otro judicial contra la notificación de su relevo, en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 4.

Luis Toso, abogado de Barela, explicó a LA NACION que "por la jurisprudencia vigente, esos decretos no son aplicables a la comisión, cuya integración ha sido respetada por todo gobierno constitucional. Precisamente, la idea es que sea autónoma. Hasta que se designe una nueva, sus miembros siguen en funciones". Parte de los vocales recibieron una llamada telefónica de Stella comunicándoles su continuidad, con excepción de Barela, Olga Paterlini de Koch, Marta Gaudencio, Rodolfo Giunta y el padre Horacio Varela Roca, que ayer confirmó su cese a LA NACION. "Más allá de que a uno le guste o no, el Presidente tiene el poder de vetar a la comisión", dijo.

En cambio, desde Tucumán, Paterlini comentó que interpuso un recurso judicial con similar fundamento que el explicado por Toso. "Si de cara al futuro se aceptan estos manejos, ninguna comisión volverá a tener estabilidad." Por ley los integrantes duran seis años en funciones.

"Así me cueste el cargo, esta comisión será reemplazada por otra, cuya actuación sea más transparente y federal." Esto respondió Stella a LA NACION hace diez días, ante la consulta sobre el futuro de la Comisión de Monumentos. Y adelantó que el presidente será el actual vocal Alberto de Paula.

Sin embargo, ayer Stella no respondió a LA NACION. En su lugar, el director nacional de Patrimonio, arquitecto Juan Martín Repetto, rechazó que exista un diferendo. "No existe tal conflicto ni cuestiones personales. Acá se ha cumplido con los decretos presidenciales. Muchos importantes secretarios de Cultura provinciales (no dio nombres) se quejaron de que la comisión no tenía un accionar federal." Un argumento idéntico contra el Fondo de las Artes detonó la discrepancia entre Stella y Fortabat.

Repetto agregó que "se le ofreció al diputado Hugo Storero, presidente de la Comisión de Cultura, la permanencia de Barela como vocal". Pero Barela negó haber recibido la oferta y acusó a Stella de "promover una comisión adicta".

Storero defendió la continuidad de los miembros desplazados y dijo: "La democracia exige un equilibrio de fuerzas en sus instituciones. Cuando esa armonía se rompe, se genera un vacío institucional y se afecta la democracia".

Al rescate

La Casa del Teatro, nacida hace casi 65 años por iniciativa de Regina Pacini, esposa del ex presidente Marcelo T. de Alvear, fue declarada ayer monumento histórico nacional. La entidad, cuyo edificio está ubicado en la avenida Santa Fe al 1200, ha sufrido vicisitudes económicas y estuvo a punto de ser embargado varias veces.