Sugestivo silencio en el claustro universitario

LA PLATA.- Las recurrentes amenazas que recibieron los dos decanos y el profesor de Odontología son una consecuencia no buscada, pero de indudable repercusión, en las medidas de fuerza que los docentes de la Universidad de La Plata llevan en contra del recorte del presupuesto.

Estas acciones intimidatorias no habían asomado en las primeras semanas del prolongado conflicto, que paralizó las aulas universitarias, a las que concurren unos 80.000 estudiantes. Pero ahora aparecen como un recurso continuado, que no hace más que aportar confusión entre los que apoyan las medidas de fuerza y las rechazan.

Es curioso -se decía ayer- que las altas autoridades de la Universidad Nacional de La Plata no hayan salido -tanto públicamente como en acciones jurídicas concretas- en defensa de los decanos y profesores amenazados, que constituyen la minoría disidente en el panorama general de la protesta.

"Las oficinas legales de la universidad -aseguró a LA NACION el prosecretario legal, Claudio Castañe- no pueden actuar por su propio impulso. Para intervenir debe mediar una orden expresa y directa del presidente de la institución, Alberto Dibbern", se excusó el funcionario.

Dibbern, elegido en abril último, se ha mantenido quieto en el comienzo del fin de semana y la sensación es que los docentes esperaban más de él. Anoche, desde su pueblo natal, Tres Arroyos, y por medio de sus voceros, se limitó a decir: "Los responsables de generar este clima son sectores ajenos al ámbito educativo, a los que no les interesa la universidad".

También se mantuvo un sugestivo silencio desde los claustros de profesores y de graduados de las facultades. Por su lado, los estudiantes se solidarizaron con los docentes amenazados, pero aclararon que luchan en bandos diferentes.

No es el universitario un ámbito en el que las amenazas y los daños intimidatorios sean moneda usual en las luchas reivindicativas; por eso, la lesión que provocan es mayor que la que podrían producir en pieles más curtidas. Los damnificados esperaban, vanamente hasta ayer, un respaldo ante los estrados de la justicia provincial.

Mientras tanto, no deja de llamar la atención el resultado de un plebiscito impulsado por la Federación Universitaria de La Plata entre estudiantes de Periodismo, Humanidades, Odontología y Derecho. Se les preguntó a los alumnos si estaban en contra o en favor de la toma del edificio, la ex sede del Jockey Club que desde el lunes se encuentra ocupada por agrupaciones estudiantiles.

La consulta fue contundente: sobre un total de 2387 votos, 2165 alumnos optaron por levantar la medida y permitir el dictado de clases.

Los tres casos

28 de agosto: el decano de Ciencias Económicas, Julio Giannini, denunció haber recibido amenazas telefónicas en su casa y en su despacho.

4 de septiembre: un grupo de alumnos de Arquitectura que mantenía ocupada la sede de la facultad abolló el automóvil del decano, Gustavo Azpiazu.

7 de septiembre: el profesor Pablo Troilo, docente de Odontología y prosecretario de acción comunitaria en la facultad, aseguró que recibió una amenaza telefónica y atribuyó el hecho a su declarada intención de dictar clases.

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