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Un ataque sistemático a la prensa independiente
Un gobierno es responsable tanto cuando daña la libertad de expresión así como cuando no impide que otros lo dañen. Podría creerse que el Gobierno fue negligente. Pero sobran datos para inferir que, en realidad, desarrolla una estrategia para dominar a la prensa independiente.
Veamos. Durante los últimos dos años, las plantas impresoras de Clarín y La Nacion fueron bloqueadas en reiteradas oportunidades por agrupaciones que no tienen relación con los trabajadores que allí desempeñan su actividad. El Gobierno no puede alegar desconocimiento. El 2 de este mes, el juez civil Polo Olivera prohibió expresamente realizar tales medidas obstructivas de la libertad de prensa y ordenó notificar personalmente a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que tome los recaudos del caso.
Estas acciones se inscriben en un cuadro más amplio. Desde 2009, el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y de organismos oficiales como la Comisión Nacional de Valores y la Sindicatura General, también ejecuta una fuerte embestida contra Papel Prensa, la empresa que provee del principal insumo a muchos periódicos de todo el país.
El Gobierno fabricó una denuncia criminal contra los dos diarios, pero los jueces penales no le vieron fundamento alguno. En forma paralela, la Cámara Comercial acaba de revocar la intervención judicial que había dispuesto un juez de primera instancia a pedido de Moreno. El Poder Ejecutivo, sin embargo, no quiere acatar esas decisiones y buscar reeditarlas ante otros jueces.
Olvida que acciones tales como obstaculizar la provisión de papel para diario o impedir la circulación de los periódicos -una acción que, en sí misma, es un delito- están expresamente prohibidas por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque son una restricción indirecta a la prensa tan grave como la censura previa.
Pero la decisión del Gobierno de desoír la orden que impartió el juez civil Polo Olivera o las demás sentencias no puede sorprender: en alguna medida coincide con las amenazas que recientemente formuló Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (el nuevo Comfer) contra los jueces que se animen a suspender la ley de medios: les advirtió que pueden ser sometidos a juicio político.
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