Central, en su peor momento institucional

ROSARIO.- Central está jugando uno de los partidos más difíciles de su historia. Y no lo hace en el Gigante de Arroyito, sino en los tribunales rosarinos de Pellegrini y Balcarce. Ayer, dos disposiciones judiciales sacudieron los cimientos del club y, de no haber una solución de fondo tanto política como judicial, el destino podría ser el fideicomiso.

La jueza Liliana Giorgetti, que tiene a cargo la convocatoria del club, determinó la remoción de la totalidad de la comisión directiva de Central, dispuso la intervención de un veedor judicial y mantuvo provisionalmente en su cargo y por el lapso de treinta días al presidente Pablo Scarabino. Antes de que se conociera esta sentencia, otro magistrado, Jorge Eldo Juárez, dictó una resolución por la cual los ex dirigentes Gonzalo Estévez, Juan Dalbes y Mauricio Salvo, y el abogado Wilfredo Scarpello, que ayudó financieramente al club varias veces, no podrán salir del país por 60 días. Posteriormente, Juárez se declaró incompetente en la causa y pasó al juez Luis María Caterina.

La decisión se basó sobre la presentación de la fiscal Rita Schiappa Pietra, que anteayer pidió la detención de esos dirigentes porque habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita y estafa. Según declaró a Radio 2, la fiscal observó irregularidades "en operaciones por un monto de cinco millones de dólares". En relación al fallo de Giorgetti, se dispuso la intervención de la administración del club, que recaerá en el órgano sindical del concurso. El veedor, que contará con amplias facultades, deberá informar cada siete días sobre el funcionamiento del club. De esto se desprende que la figura de Pablo Scarabino es solamente formal y apunta a no dejar acéfala a la conducción del club.

En la resolución, Giorgetti deja bien en claro que el club realizó una "clara violación a la normativa concursal, que justifica la remoción de los miembros de la directiva". Lo que sobresale por la gravedad y hasta por la desprolijidad, son las irregularidades en torno de la venta de los jugadores Marco Ruben, Cristian Villagra y Juan Marcelo Ojeda a River por una cifra cercana a los siete millones de dólares, el 4 de enero último.

Por ese entonces los dirigentes le habían solicitado encarecidamente a la jueza que libere esos fondos para hacer frente al pago de sueldos del plantel, empleados y algunos acreedores. Según la resolución, "el club no aplicó los fondos obtenidos según lo dispuesto", y dispuso de los bienes "sin autorización judicial". Un informe de la sindicatura indica que al día de la fecha la deuda de salarios, que van desde febrero hasta la fecha, asciende a 6.358.821 pesos.