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El “caso Cornellà” le está trayendo más dolores de cabeza al fútbol español. Además de las posibles sanciones que podría recibir a corto plazo, el foco más importante está puesto en 2030. Ocurre que sobre la base de lo ocurrido en el España-Egipto, donde un grupo entonó cánticos islamofóbicos, Marruecos presiona para quedarse con la sede de la final del próximo Mundial, que realizará de manera conjunta precisamente con el país ibérico y Portugal.
Según publicaciones en medios marroquíes, entre ellos el diario Goud, lo sucedido en ese encuentro fue incorporado como argumento dentro de la puja por albergar el partido decisivo del torneo. En ese sentido, se mencionan antecedentes recientes vinculados a episodios de discriminación en estadios españoles y se plantea la necesidad de garantizar condiciones de seguridad e inclusión para todos los participantes.

La candidatura tripartita del Mundial 2030 contempla la posibilidad de que distintas ciudades de los tres países organizadores sean sede de los partidos más relevantes del torneo. En ese escenario, Marruecos busca posicionar a Casablanca como alternativa para recibir la final, en competencia con sedes de España como Madrid o Barcelona.
En las informaciones difundidas desde Marruecos se señala que organismos internacionales, entre ellos la FIFA, consideran distintos criterios al momento de definir la sede de la final, incluyendo aspectos vinculados a la seguridad, la infraestructura y el comportamiento del público en eventos recientes.
Los mismos reportes indican que, a partir de lo ocurrido en Cornellà, se plantearon cuestionamientos sobre la capacidad de prevenir este tipo de situaciones en los estadios españoles. “La FIFA es muy consciente de este aspecto, lo que da ventaja a Marruecos, ya que en sus estadios no se registran incidentes racistas de este tipo ni de esta intensidad”, destaca Goud.ma.

Durante el amistoso entre España y Egipto disputado este último martes en el RCDE Stadium de Cornellà, una parte del público entonó de manera reiterada el cántico “Musulmán el que no bote” (“Musulmán el que no salte”), generando una fuerte polémica que reavivó el debate sobre la discriminación en los estadios y sus posibles consecuencias institucionales en la antesala del Mundial 2030.
Y uno de los focos del episodio estuvo puesto en Lamine Yamal, figura de la selección española y jugador de religión musulmana, quien abandonó el campo con gesto serio y no participó en el saludo final con el público. Su reacción se interpretó como una muestra del malestar generado por una situación que trascendió lo deportivo, algo que se potenció un día más tarde con un fuerte posteo que hizo en Instagram.
“Yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el Mundial", escribió el crack de Barcelona.
Este episodio también tuvo impacto a nivel político e institucional en España. El Gobierno decidió trasladar los hechos a la Fiscalía para su análisis, mientras que fuerzas de seguridad como los Mossos d’Esquadra (la policía de Cataluña) trabajan en la identificación de los responsables a partir de registros audiovisuales. Estas actuaciones se desarrollan junto a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación.
En paralelo, el reglamento disciplinario de la FIFA contempla sanciones en casos en los que se vulneren principios de respeto e integridad, con medidas que pueden incluir multas económicas o restricciones en la asistencia de público.

La definición de la sede de la final del Mundial 2030 forma parte de un proceso que se desarrollará en los próximos años, en el que la FIFA evaluará distintos factores organizativos y logísticos entre los países anfitriones. En ese marco, Marruecos formalizó su intención de albergar el partido decisivo, en una disputa abierta con otras ciudades candidatas dentro de la organización conjunta del torneo, y aprovechando este contexto que afecta la reputación de las sedes españolas.
Mientras tanto, el foco disciplinario sigue su curso. El Código Disciplinario de la FIFA contempla sanciones si uno o más seguidores atentan “contra la dignidad o integridad de un país, una persona o un colectivo de personas”.
El abanico de opciones incluye multas de al menos 20.000 francos suizos y la posibilidad de cierres parciales de gradas o limitación de espectadores en partidos como local.

