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Defraudación, desvío de fondos y violación de la ley cambiaria por cientos de millones de pesos. Todo eso es parte de una causa penal que afronta la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La acusa una empresa que negoció con ellos y que afirma que le esquilmaron US$ 3 millones que pasaron por España, Estados Unidos, un testaferro y una larga lista de sociedades pantalla.
La denuncia quedó en manos del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, y del fiscal del fuero, Jorge Dahl Rocha, quien estimó que la pesquisa debe desarrollarse en dos tramos: la Justicia en lo Criminal y Correccional debe avanzar con la investigación por presunta defraudación, mientras que el Banco Central (BCRA) debe abrir un sumario para evaluar si se violó el régimen cambiario, según consta en las actuaciones a las que accedió LA NACION.
En noviembre de 2021 la AFA presentó a ByBit como su nuevo sponsor global
#Institucional AFA presenta a @bybit_es como nuevo Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales
— AFA (@afa) November 15, 2021
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La denuncia la radicó ByBIT, una empresa que se presenta como una de las cinco grandes firmas mundiales para el intercambio de criptoactivos. Adujo que a fines de 2021 firmó un acuerdo con la AFA para auspiciar a la Selección a la misma altura y con las mismas prerrogativas como patrocinadores que Coca Cola o YPF. Y así fue, por un breve período, pero luego comenzaron a sucederse los vaivenes, según la denuncia, hasta el zarpazo final.
Consultada la AFA por LA NACION sobre el contrato con ByBit, las fuentes de la entidad admitieron que fue sponsor de la Selección. Pero denunciaron que la empresa “no respetó los términos del contrato. Hizo campañas que no estaban autorizadas en el convenio y esa fue la razón por la que no se continuó con la relación comercial”.
Después de la presentación como sponsor hubo incluso campañas por redes sociales
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— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 23, 2021
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¿Cómo habría ocurrido la maniobra delictiva? ByBIT afirma que negoció y, con la intervención del gerente comercial de la AFA, Leandro Petersen, firmó un memorando de entendimiento con la AFA y que, a continuación, ocurrió el primer eslabón de la trama: la entidad ordenó que girara US$ 3 millones a Odeoma Gestión SL, una sociedad española a la que identificó como su “agente recaudador”, con el fin de omitir sus obligaciones cambiarias”.
La fecha de ese giro millonario podría contextualizar lo ocurrido. Fue el 15 de noviembre de 2021, cuando el dólar oficial cotizaba a 110,27 pesos, mientras que el dólar “blue” se vendía a $ 199,50, una brecha que multiplicada por US$ 3 millones arroja una diferencia sustancial. Al decir de la denuncia, “unas 267.690.000 razones para cometer esta maniobra”.
Allí no habría terminado todo, sin embargo. ByBIT sí cosechó los beneficios y prerrogativas propias de un auspiciante de la Selección durante unas semanas, pero luego la AFA adujo que debían negociar un contrato definitivo, cuya firma postergó, al punto que el 10 de enero de 2022 le seguía enviando a la firma “modelos de contratos complementarios”. Pero una semana después, Petersen le comunicó la resolución unilateral del contrato. Y a los cinco días, el 22 de enero, se difundió en la prensa que la entidad había firmado otro contrato, con una firma rival (Binance), por US$ 40 millones.
La reacción fue inmediata. ByBIT radicó una denuncia penal contra el “Chiqui” Tapia y otro dirigente por presunta defraudación, más una demanda ante la Justicia en lo Comercial contra la AFA, más otra en España contra la firma Odeoma Gestión SL a la que le había girado los US$3 millones por pedido de los dirigentes argentinos.
Entonces ocurrió lo inesperado. El 13 de noviembre pasado, cuando faltaba una semana para el inicio del Mundial en Qatar, a propósito o por error, la firma Odeoma Gestión SL presentó en los tribunales españoles “una serie de facturas de servicios de sociedades estadounidenses por medio de las cuales se dio a conocer la existencia de una profusa red de sociedades comerciales radicadas en […] Miami, con un mismo domicilio y con un mismo responsable”, al que por distintas vías recibió los US$ 3 millones.
Ese presunto “testaferro”, como lo calificó BIBYT, sería un argentino residente en el estado de Florida, que controlaría por sí o a través de terceros las firmas Dicetel Corp –que recibió 1.650.000 dólares-, Arcofisa International Corp –que embolsó 489.564 dólares-, MLS Global Trading Corp –otros 361.600 dólares-, SCH Consulting Group LLC –otros 300.890 dólares- y Samtak LLC –otros 198.500 dólares-.
Con esa información presentada en los tribunales españoles, ByBIT optó por no ratificar la denuncia penal contra el “Chiqui” Tapia que había presentado el 17 de octubre pasado en los tribunales ordinarios de la Argentina y radicar otra, ampliada y por más delitos, ante el fuero en lo Penal Económico, que recayó en manos del juez Aguinsky y el fiscal Dahl Rocha.
Como uno de los primeros pasos, el abogado de ByBIT, Agustín Esnal, pidió que la unidad antilavado local (UIF) informe si recibió reportes de operaciones sospechosas o tiene actuaciones administrativas vinculadas a la AFA, como también que consulte a sus pares de España y Estados Unidos qué tienen sobre todas las sociedades denunciadas.
“Estas sociedades”, afirmó la denunciante, “serían pantallas de un esquema de lavado de activos que, en nuestro caso, se convirtieron en marginales luego de que la Asociación del Fútbol Argentino cometió los delitos precedentes”.
Con todo ese material en sus manos, sin embargo, el fiscal Dahl Rocha estimó que no hay indicios consistentes para avanzar en una investigación por presunto lavado de activos, según consta en el dictamen que elevó al juez Aguinsky, pero sí consideró pertinente que la Justicia penal indague si la AFA perpetró una defraudación, en tanto que el Banco Central deberá evaluar si infringió el régimen cambiario.
Hace unos días, el empresario y organizador de partidos amistosos Guillermo Tofoni denunció en la Justicia a la entidad a la que preside Claudio Chiqui Tapia por defraudación. En los documentos presentados, Tofoni asegura que la institución desconoció un contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030. El convenio le daba exclusividad al dueño de la empresa World Eleven para gestionar los partidos amistosos del seleccionado argentino. Sin embargo, la AFA contrató a ProSport Live LLC para la realización de los últimos dos encuentros, ante Curazao y Panamá.