Acusan al Correo de fraude y evasión

La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) denunció a los directivos del Correo Argentino por presunta evasión tributaria y fraude a la administración pública. No obstante, en la empresa dijeron no haber sido notificados.

La denuncia fue radicada el viernes último en el juzgado en lo penal económico a cargo de Julio Cruciani, quien deberá investigar la "presunta comisión de los delitos de evasión tributaria en concurso ideal con fraude a la administración pública" por parte de los directivos de la empresa postal.

En ese mismo juzgado, y bajo los mismos cargos, la Ufitco radicó una denuncia contra otra proveedora de servicios postales, la empresa Andreani.

Una fuente cercana a la causa dijo a La Nación que la investigación contra el Correo Argentino se inició a causa de una denuncia anónima, que acercó evidencia de presuntas facturas que el Correo habría pagado a distintas empresas en el transcurso de 2000. Los fiscales llegaron a la conclusión preliminar de que las facturas eran falsas. "Tenemos pruebas para creer que se inventaron gastos para concretar un vaciamiento", señaló una fuente cercana a la investigación, que declinó brindar precisiones sobre el monto involucrado en la operación.

"Al tratarse de un servicio público prestamos más atención a la maniobra que a los montos, porque de lo que se trata es de evitar el debilitamiento del Correo", dijo la fuente.

"Esta acusación es ridícula", respondió un ejecutivo del Correo al ser consultado al respecto. "Llevamos 400 millones invertidos en los últimos tres años y acabamos de lanzar una campaña para reforzar la imagen del Correo que cuesta siete millones de pesos. ¿Cómo pueden acusarnos de vaciamiento?"

Antes de presentarse a la Justicia, la Ufitco, coordinada por el fiscal general Maximiliano Rusconi, solicitó información a la Gerencia de Asuntos Postales de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el ente regulador, sobre la operatoria del Correo.

Además de la presunta evasión tributaria, la Justicia deberá determinar si se defraudó a la administración pública, ya que el 14% del correo pertenece al Estado nacional a través de las acciones en poder de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP).

En septiembre de 1997, el consorcio Macri-Banco Galicia ganó la concesión del Correo Argentino por los próximos 30 años. A cambio, se comprometió a pagar un canon de 103 millones al año y una inversión anual de US$ 25 millones. El Correo arrastra una serie de disputas legales con el Estado, por lo cual no paga el canon desde 1999. Hace exactamente un mes, el Gobierno rechazó la fusión entre OCA y el Correo, con lo que las dos principales empresas del mercado dejaron atrás su tregua y volvieron a competir, mientras que el Ejecutivo analiza qué hacer con la conflictiva concesión.

Ayer a última hora, el Correo emitió un enigmático comunicado en el que advierte sobre "los intereses que desde el anonimato pretenden desacreditar al correo oficial".

Por Por Josefina Giglio <br/><em> De la Redacción de <em> La Nación </em></em>

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