ARBA sube 179% el piso para ser agente de retención de Ingresos Brutos y libera a 6800 empresas
Con una actualización muy por encima de la inflación, la provincia de Buenos Aires excluirá del régimen a miles de pymes
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LA NACIONMelisa Reinhold
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) liberará a más de 6800 empresas de tener que actuar como agente de retención y percepción de Ingresos Brutos, un régimen que significa para las pymes una mayor carga administrativa, costos operativos y saldos a favor. Se trata de una consecuencia directa de incrementar en un 178,5% el piso de facturación para actuar como agente de recaudación, casi cinco veces más que la inflación de 2025.
La decisión se oficializará este viernes a través de una resolución normativa que se publicará en el Boletín Oficial bonaerense, según pudo saber LA NACION. Según el nuevo esquema, el piso de facturación para que una empresa deba inscribirse como agente de recaudación saltará de los actuales $2800 millones a $7800 millones de ingresos brutos operativos obtenidos en el año previo (gravados, no gravados y exentos).
Para el sector de expendedores al público de combustibles líquidos, un rubro con márgenes específicos y alto volumen de facturación, el límite se desplazará de los $4200 millones a $11.700 millones anuales. Para los comercios mayoristas de determinados rubros, el monto mínimo para actuar como agentes de percepción se incrementará de $1400 millones a $3900 millones.
“Es una modificación agresiva, casi triplicamos el monto de facturación. Estamos en condiciones de dar este pasito más y reducir la cantidad de gente [que es agente de retención] de manera agresiva, porque no perdemos visibilidad en la manera en que vamos a fiscalizar. En otro momento, quizás uno se quedaba a ciegas, pero estamos ante un régimen más inteligente, estamos trabajando para tener información mediante el cruce de datos con distintas fuentes. La idea no es pasar la red para pescar, sino tener una precisión quirúrgica en jerarquización y control”, dijo Cristian Girard, titular de ARBA, en diálogo con LA NACION.
En concreto, el piso de facturación sube en un 178,5% frente al año pasado, cuando la inflación fue del 31,5%. Desde ARBA explicaron que con esta diferencia el universo de agentes de retención pasará de 17.900 a 11.100. Eso equivale a que unos 6800 contribuyentes dejarán de tener la obligación de descontar el impuesto provincial a sus proveedores o sumarlo en sus facturas de venta. Si en los últimos años la actualización se hubiese hecho por inflación, calculan que habría unos 30.000 agentes.
“Hace años que ARBA cambió la lógica de recaudación de Ingresos Brutos, con el objetivo de reducir la cantidad de agentes y operaciones alcanzadas por retenciones. Todas nuestras medidas apuntan a que haya menos agentes, menos operaciones de retención y menos CUIT retenidos. Históricamente, hace ocho años, si alguien hacía esto perdía recaudación. Hoy no, porque no estamos enfocados en recaudar a partir de las retenciones, que son los saldos a favor acumulados”, agregó Girard.
Según expresó el titular del organismo, ARBA tiene actualmente una política de desacumulación de saldos a favor, para así favorecer los pagos directos. En números del fisco, las empresas bonaerenses pasaron de tener 3,4 meses de saldos a favor acumulados a 0,9.
“Los saldos a favor miden cuánto anticipo del impuesto tenés. Si es menos de 1, no se acumula porque se recauda menos de lo que se debe. Tomamos medidas para sanear la estructura y devolvimos al sector privado $1 billón de capital de trabajo. No necesitamos de la acumulación de los saldos a favor, de una recaudación ficticia, para así mantener al sector público. Recaudamos de manera saludable, con más pagos directos. Tratamos de administrar minimizando los perjuicios del sector privado sin dañar el financiamiento de la provincia. Por eso, subimos impuestos a determinados sectores que se apropian de la renta o subimos impuestos patrimoniales, hay que financiar al fisco de alguna manera. Fiscalizamos a los grandes evasores, no tenemos la capacidad de abarcar a toda la economía, hay que orientarlo de manera progresiva”, justificó.
La normativa que se publicará en las próximas horas contemplará además una flexibilización de los tiempos de implementación. Se extenderá hasta el último día hábil de febrero el plazo para que los sujetos que superen los nuevos topes cumplan con su deber formal de inscripción ante ARBA, para empezar a operar bajo esta figura a partir del 1° de marzo. En ese tiempo también deberán darse de baja aquellas empresas a las que no les corresponda.
En un gesto que busca darle previsibilidad al sector privado, también se incorporará en la resolución que las empresas que queden excluidas del régimen de retención por estas actualizaciones permanecerán fuera de la obligación hasta 2028. Incluso, independientemente de las variaciones de ingresos y subas de umbrales que puedan ocurrir el año que viene.
La mirada de los tributaristas
Los regímenes de retención suelen estar bajo la lupa de los tributaristas, no solo por las cargas administrativas que generan, sino también por sus saldos a favor. Para César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, con la decisión de ARBA menos empresas quedarán obligadas a actuar como agente de retención, lo que reducirá los costos operativos y las tareas formales. También disminuirá los riesgos de incumplimiento, por las retenciones mal practicadas o las diferencias con el fisco.
“Es positivo que se actualicen con este índice, porque algunas empresas van a tener que dejar de actuar, aun cuando su facturación acompañó la inflación. Es también bueno para los que sufren las retenciones y percepciones, porque en la práctica se generan saldos a favor y hay empresas que tienen ingresado quizás el impuesto de todo el año. Por más que existe la posibilidad de pedir la devolución al CBU de los saldos chicos, la realidad es que provocan problemas financieros para proveedores y clientes", consideró Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
Para Litvin, de todos modos, el problema estructural en las provincias sigue existiendo y hay empresas que tienen que retenerles o percibirles Ingresos Brutos a sus proveedores o clientes, en vez de hacerlo cuando se presenta la declaración jurada.
“Ingresos Brutos sigue existiendo, es el impuesto más distorsivo y tóxico del sistema tributario argentino, que afecta la competitividad por el efecto acumulativo y en cascada en las diferentes etapas. Además, las provincias lo cobran por anticipado vía la proliferación de regímenes de retenciones y percepciones que en muchos casos generan saldos a favor de los contribuyentes, con laberintos burocráticos que tornan difícil el recupero y le quitan capital de trabajo a las empresas afectadas. En una reforma tributaria integral, es el impuesto que debería reformularse hacia un IVA provincial o un impuesto a las ventas en la última etapa", cerró.
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