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Allanaron sal Dos Anclas en San Luis
La firma, enfrentada con el gobierno puntano por una salina, dice que se hizo sin orden judicial; la distribución, paralizada
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SAN LUIS.- La justicia criminal de San Luis allanó ayer la planta de la Compañía Introductora de Buenos Aires (CIBA), ubicada junto a la laguna de Salinas del Bebedero, donde la empresa explota el mineral para su marca Dos Anclas.
La medida judicial, que se realizó sobre la medianoche del viernes y hasta las 3 de la madrugada de ayer, "forma parte de una batería de medidas irregulares y llamativas que desde hace dos semanas sufre la fábrica por parte de organismos del gobierno provincial", apuntó Raúl Mosquera, gerente general de la empresa, en diálogo telefónico con LA NACION.
El empresario relató que desconoce los motivos del allanamiento de la planta en San Luis, ya que "se realizó sin cargos explicitados, sin actas ni copia de orden judicial, en un horario en el que sólo se encontraba la guardia nocturna y bajo amenazas de ejercicios violentos".
Como fruto de la incursión en el sector de despacho, la Justicia retiró del lugar discos rígidos y documentación contable, tras un operativo policial que impidió la circulación de los camiones de la compañía, acusándolos de utilizar guías mineras falsas. Paralelamente, la Dirección de Minería de la provincia notificó a la empresa la prohibición de cosechar y de emitir guías mineras, dentro de las coordenadas que solicita San Luis Constructora Sapem.
El Ministerio de Transporte, Industria y Comercio dio por caídos los beneficios promocionales de CIBA y el Ministerio de Hacienda Pública, la exención de ingresos brutos.
Por su parte, la Comisión Evaluadora de Promoción Industrial (CEPI) desacreditó certificaciones a favor de la empresa, emitidas por su propia área y relacionadas con su proyecto de inversión en la provincia. Todas estas acciones se realizaron en el término de dos semanas, luego de un fallo judicial favorable a la fabricante de Dos Anclas. El contexto: la disputa que, por la explotación de la mina, mantienen CIBA y las autoridades provinciales, debido a que la firma mixta Sapem (con mayoría de capital en poder del gobierno puntano) peticionó y registró pertenencias mineras de sal que se superponen con las otorgadas a CIBA, que explota la mina desde hace 90 años.
"Siempre estuvimos aquí, nuestros títulos son legítimos; hemos circulado siempre con las mismas guías certificadas por la Dirección de Minería de la provincia, y nunca dejamos de cumplir con todos los requisitos legales que nos impuso el gobierno de San Luis, incluidos los cánones que pagamos regularmente", detalló ayer el empresario.
"Resulta al menos llamativo que el litigio se inicie luego de tanto tiempo, de manera tan irregular y coordinada entre las diferentes áreas de gobierno y bajo las órdenes de ex asesoras, apoderadas y del presidente de la empresa que hoy cuestiona la explotación", disparó. Mosquera aclaró finalmente que el último fallo de la Cámara Civil N° 2 de San Luis fue favorable a la empresa y "congeló" el avance de Sapem sobre la mina; sin embargo, las acciones continúan con el aval de la postura oficial. Ante estos hechos, el ejecutivo adelantó que los abogados de CIBA van a presentar una recusación de todo lo actuado y agotaran las medidas en los niveles provincial y nacional para que la irregular situación retome los canales jurídicos que corresponden.
"No pueden trabajar"
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Salineros (Suetra), Gustavo Lucero, afirmó a LA NACION que las últimas medidas inmovilizaron la distribución de sal en el territorio nacional y la empresa transportadora debió descargar toda la producción y volver a circular con las unidades vacías. "Las petroquímicas que atiende la empresa ya sufren desabastecimiento -afirmó el gremialista-, por lo que se estudian medidas de acción directa por parte de los salineros en el marco del conflicto."
Desde el gobierno de la provincia, el Ministro del Campo, Reynaldo Pastor, afirmó que "lo único que se ha hecho es cumplir con una orden judicial en la que se solicita suspender todo tipo de actividad, porque a CIBA, Dos Anclas no le corresponde [la explotación] y hay una empresa que está pidiendo poder explotar".
"Estaban circulando, dentro de la zona de litigio -aseguró el funcionario- y no se puede trabajar hasta que la Justicia no se expida." La zona aludida por Pastor está delimitada por coordenadas que el ministro no pudo especificar y que, afirmó, sólo conocen los técnicos. "CIBA no puede trabajar", fue la respuesta tajante y escueta del ministro en medio del conflicto que recrudeció ayer.
