Ante la fiesta populista financiera, discutir una agenda de desarrollo

Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2019 , en medio de algunos hechos lamentables y vergonzosos, tanto dentro como fuera del recinto, y junto con él otras leyes que el Gobierno considera fundamentales para su esquema económico, con el que quiere llegar al final de su mandato, claro está, de la mano del nuevo acuerdo con el FMI . Más allá del análisis sobre las partidas y los recortes en el presupuesto, que son muchas y algunas muy cuestionables, como el recorte en programas para la niñez o temas relacionados con la salud y la infraestructura, es importante analizar sus implicancias y qué camino nos propone la política económica del Ejecutivo.

De las cinco leyes que se aprobaron (presupuesto, cambios en la forma de hacer el ajuste por inflación en Ganancias, cambios en Bienes Personales, adenda fiscal con las provincias y un régimen de monotributo especial para pequeños productores de algunas producciones regionales) solo la última, a mi entender, apuntaba al crecimiento, a resolver un problema concreto y real de sectores productivos; las otras cuatro refieren a aumentos de impuestos o ajuste del gasto.

Esto marca claramente la prioridad que fijó el Gobierno: el ajuste y lo financiero por sobre lo productivo. Y a su vez nos lleva a preguntarnos: ¿hay un plan para que la Argentina crezca y se desarrolle? Porque queda claro que ajustar y crecer son dos cosas que no van de la mano. No estoy diciendo que no haya gastos mal realizados o superfluos o improductivos, que sin duda hay que cortar o ajustar. Pero si queremos crecer y desarrollarnos, las prioridades deben ser claras y el camino no es el recorte en los programas de infancia y adolescencia.

El Gobierno empezó su mandato con un intento de bajar impuestos a algunos sectores, como las retenciones al campo. Sin embargo, ahora está volviendo sobre sus pasos: volvió a subir retenciones e incluso se generalizaron, incluidos los servicios, que nunca antes habían estado gravados. Con Bienes Personales y los reintegros a las exportaciones sucede lo mismo. En menos de un año se suben, se bajan, se eliminan. Marchas y contramarchas. Y lo cierto es que cuando termine el mandato presidencial de cuatro años la presión fiscal del gobierno nacional habrá aumentado (a 26,4%, contra 25,8% en 2015).

La respuesta ante esto puede ser "estamos pagando la fiesta populista". Hay que reconocer que la herencia era pesada, pero después de tres años ya no la considero una excusa válida. Aunque fuese aceptable como respuesta, creo que el camino elegido hoy nos deja una nueva fiesta, pero en este caso la "fiesta populista financiera". Esto se refleja en el empeoramiento de todos los indicadores asociados a la deuda, sobre evolución del ingreso por habitante, desarrollo social, etc.

En diciembre de 2019 tendremos US$332.000 millones de deuda, un 87%, o más, en relación con el PBI. Según el FMI, un ratio superior al 70% es considerado de "alto riesgo". A su vez, en 2019 tendremos que pagar en total US$16.000 millones de intereses de deuda. Y lo preocupante es que el pago de esos intereses requerirá más endeudamiento. En lugar de endeudarnos para obras de infraestructura de desarrollo productivo o innovación tecnológica, lo hacemos para pagar intereses, lo que nos lleva a un círculo vicioso financiero: cada vez se necesita ofrecer más tasa de interés para pagar los mayores intereses resultantes de esas tasas crecientes.

Nuevamente, la respuesta podría ser "necesitamos esas tasas para estabilizar la suba del dólar", cuando en realidad el dólar se disparó porque, luego de dos años de mantenerlo artificialmente bajo, promoviendo la expansión de instrumentos financieros como las Lebac -ahora Leliq- y el flujo de capitales de corto plazo, el mercado dejó de "confiar" e impuso el cambio de esquema económico y el severo ajuste.

¿Cuánto nos cuesta cada punto adicional de tasa de interés? Solo por el pago de Lete, y sin contar el impacto negativo sobre la actividad económica, cada punto nos cuesta $2500 millones. En septiembre de 2017, cuando empezó la discusión del presupuesto anterior, la tasa de interés estaba en 25% y ya decíamos que era insostenible; hoy está en 55% (la de otros instrumentos, como las Leliq, está en 75%), lo que significa $75.000 millones más solo por las Lete en moneda local.

¿Quién va a pagar los costos cuando se termine la fiesta financiera? La respuesta puede ser: "Esto no va a pasar porque estamos fortaleciendo los fundamentos macroeconómicos con el equilibrio fiscal para que sea la última crisis ". Cabe recordar que durante la década del 90 tuvimos superávit primario promedio del 1% del PBI, y los intereses de deuda se llevaron puesto el modelo económico. No uso este ejemplo para decir que este es el resultado que nos espera, sino para mostrar que el superávit no asegura el crecimiento ni mucho menos la distribución de la renta.

El equilibrio sin crecimiento no es sustentable. Es indiscutible que se requieren equilibrios fiscales y de las cuentas externas, pero deben ser sobre la base del crecimiento.

Tampoco quiero insinuar que todo lo que se ha hecho fue malo y que no hay políticas buenas, que deben continuarse y hasta profundizarse. Pero el camino que estamos recorriendo no es el indicado, no es el que logrará dejar atrás de una vez por todas la etapa de los vaivenes económicos para comenzar a crecer sostenidamente.

Es hora de discutir seriamente entre todos los sectores sociales y económicos, en el Congreso, una agenda de desarrollo sector por sector. La experiencia es elocuente. Cuando se apoya y se incentiva a un sector, la producción reacciona, se crea empleo y todos salimos beneficiados. Es hora de que rompamos con "el show de la grieta" y abordemos urgente una agenda de desarrollo. Esta semana, el Gobierno dijo que el "único camino" es bajar el déficit. Nada más errado. El único camino es producir y crecer.

Diputado nacional Frente Renovador