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Artículo IV del FMI: la auditoría que evitó Cristina y que hoy vuelve a escena con Milei
En paralelo a la revisión del programa vigente, el organismo analiza el rumbo macroeconómico del país a través de un examen más amplio que trasciende las metas fiscales y de reservas
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La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que arribó este jueves a Buenos Aires no solo busca avanzar en la segunda revisión del programa por US$20.000 millones. En paralelo, el organismo reactivó la consulta del Artículo IV, la evaluación periódica que analiza de manera integral la situación macroeconómica de cada país miembro y que la Argentina no realiza de forma plena desde 2022, en un contexto marcado además por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la renuncia del ahora extitular del Indec, Marco Lavagna.
La consulta del Artículo IV es uno de los principales instrumentos de supervisión del FMI. A través de este mecanismo, técnicos del organismo examinan las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, la dinámica inflacionaria, el frente externo y las perspectivas de crecimiento, entre otras variables.
El proceso incluye reuniones con funcionarios del Gobierno, el Banco Central, legisladores, sindicatos, empresarios y analistas privados, además de la revisión de estadísticas oficiales. Con esa información, el staff elabora un diagnóstico y recomendaciones de política que luego son discutidas por el Directorio Ejecutivo del Fondo.
En la Argentina, el Artículo IV tiene una fuerte carga política. Entre 2007 y 2015, durante los gobiernos de Cristina Kirchner, el país se negó a recibir estas misiones. El kirchnerismo sostenía que, tras haber cancelado la deuda con el FMI, no necesitaba su supervisión y consideraba sus evaluaciones una intromisión en la política económica, en un contexto de precios internacionales favorables y expansión del gasto público.
Ese esquema se revirtió con la llegada de Mauricio Macri. En 2016, apenas iniciado su mandato, la Argentina volvió a someterse a la consulta del Artículo IV como parte del proceso de normalización de la relación con los organismos internacionales.
En ese informe, el FMI destacó el levantamiento del cepo cambiario y el regreso al financiamiento externo, pero advirtió sobre la elevada inflación, el déficit fiscal y la necesidad de avanzar en un sendero de consolidación de las cuentas públicas.
La experiencia se repitió en 2017, con una nueva consulta que volvió a poner el foco en la inflación persistente, el gradualismo fiscal y la vulnerabilidad externa. En ese momento, el Fondo señalaba que, si bien la economía mostraba signos de recuperación, el esquema dependía del financiamiento externo y requería reformas más profundas para sostener el crecimiento. Aquellas advertencias quedaron luego asociadas a las tensiones que derivaron en el acuerdo stand by firmado en 2018.
Tras el cambio de gobierno, el Artículo IV volvió a quedar en segundo plano. Recién en 2022, bajo la gestión de Alberto Fernández, la Argentina retomó la consulta en el marco del acuerdo de facilidades extendidas para refinanciar la deuda por US$44.000 millones. Ese informe recomendaba realizar una nueva evaluación en un plazo de 24 meses, es decir, en 2024, algo que nunca se concretó: desde entonces, la relación con el FMI quedó dominada por las revisiones trimestrales del programa, enfocadas en la coyuntura y el incumplimiento de metas.
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar ahora con el Artículo IV responde a una lógica distinta. En un contexto marcado por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas en 2025 y la necesidad de recomponer la relación con el Fondo, esta evaluación funciona como una señal política hacia el Directorio del FMI y los mercados. Aceptar una auditoría integral del organismo permite al Gobierno respaldar su diagnóstico sobre los desequilibrios heredados y mostrar un programa de reformas con horizonte de mediano y largo plazo.
Así, la misión del FMI, que hoy trabaja en Buenos Aires, no solo discute metas del programa vigente y un desembolso de alrededor de US$1000 millones. También reactiva una instancia de evaluación estructural que la Argentina resistió durante años, retomó como parte de su normalización financiera y que ahora vuelve a escena como una pieza central de la estrategia económica del Gobierno.
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