Auditan la entrega del poder

México instrumentó un novedoso sistema de control de la entrega y recepción de la administración pública, que comienza a funcionar cada vez que faltan 18 meses para la transferencia del gobierno. Apenas Canadá y algunos otros países desarrollados cuentan con un mecanismo similar, explica Enrique Clemente.

Ese control, que el Estado encomienda a empresas privadas de auditoría, ya se aplicó durante el traspaso del poder entre el ex presidente Vicente Fox y el actual mandatario, Felipe Calderón. Pero también se aplica en los 32 estados (provincias) de México. En cada elección, el gobierno en ejercicio, a través de la Controladuría General (la Sigen de la Argentina) pone en marcha es sistema y encarga su ejecución a empresas privadas. Deloitte diseñó el modelo que se está aplicando con éxito en Tabasco, Yucatán, Zacatecas y Tijuana.

-¿Por qué motivo el gobierno que abandona el poder puede estar interesado en realizar este control de entrega y recepción? ¿Más bien no querría lo contrario?

-Clemente: en 1994, después del Tequila, los estados salieron a buscar financiamiento y, al mismo tiempo, el Estado vio la necesidad de armonizar las cuentas. Las calificadoras de riesgo comenzaron a reclamar mayor calidad de la información financiera. Por otra parte, el Estado necesita realizar programas plurianuales, como los de educación o de obras públicas, que se extienden más allá de un sólo mandato presidencial. Por eso, esos procesos surgieron como una necesidad, pero son muy útiles.

El sistema de entrega y recepción de la administración pública, entre el gobierno saliente y el entrante, trata de hacer una evaluación de la gestión administrativa de los seis años que dura el período de gobierno.

Obviamente, sería imposible hacer una auditoría de un período tan extenso trabajando directamente sobre los organismos públicos, por lo cual lo que se evalúa es la información que brindan los organismos de control de esas dependencias públicas. Se trata de un sistema preventivo.

El ejecutivo mexicano explica a LA NACION que se controla todo el presupuesto nacional o estadual, los procesos administrativos, la tecnología informática que usa el Estado y, también, se relevan las causas judiciales en trámite.

Carlos Haenel, presidente de Deloitte, dice que "esta es una práctica muy positiva, porque sólo con transparencia se puede avanzar hacia un desarrollo sostenido. El Estado es una organización administrativa muy compleja y merece una evaluación independiente, que no esté sujeta a la política.

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