Aunque los servicios subieron 50% en un año, el Estado todavía cubre una parte sustancial de los costos
Un hogar promedio del AMBA gasta $212.694 por mes en servicios públicos; el rubro más caro es el colectivo, que representa más de la mitad del total y cuyo costo real casi triplica lo que paga el pasajero en la Ciudad
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LA NACIONSofía Diamante
Uno de los mayores logros políticos de la gestión de Javier Milei fue haber recompuesto las tarifas de la canasta de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin tropiezos judiciales y con apoyo de la sociedad (la morosidad en las boletas prácticamente no aumentó). Desde diciembre de 2023, esta canasta aumentó 667%, muy por encima del 223% de inflación en el mismo período. Es decir, los servicios públicos aumentaron tres veces más que el nivel general de precios en dos años y medio.
Los mayores costos de las tarifas implicaron una reducción de los subsidios, en especial los energéticos, que cayeron de 1,5% del PBI (US$9683 millones) a 0,6% (US$3999 millones). Aun así, los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 61% de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 39% restante, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (Iiep), que depende de la UBA y el Conicet.
En abril, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $212.694 al pago de sus servicios públicos: luz, gas, agua y transporte. La cifra es un 49% más alta que la de abril del año pasado, por encima del 32% de inflación estimada para el mismo período.
Ese dato resume la tensión de fondo del sistema tarifario argentino: las tarifas subieron con fuerza en los últimos dos años, pero el punto de partida era tan bajo que la brecha con los costos reales sigue siendo enorme.
Desagregada por servicio, la canasta de $212.694 se distribuye de manera muy desigual. El agua, el componente más barato, representa $28.987 mensuales. La electricidad, $28.691. El gas, $24.015. Y el transporte —el ítem que más pesa y más distorsión acumula— absorbe $107.187, más de la mitad del total.
Ese desequilibrio no es nuevo, pero se profundizó: el transporte fue el rubro que más aumentó en términos interanuales, con un alza del 76% respecto de abril de 2025, contra el 34% de la electricidad, el 36% del gas y el 19% del agua.
El servicio más subsidiado y más caro
La paradoja del transporte es llamativa. Es el servicio donde el Estado pone más dinero en términos relativos —cubre el 65% del costo— y, al mismo tiempo, el que más pesa en el presupuesto familiar.
El IIEP estima que el costo técnico real del boleto de colectivo asciende a $1927, cuando el precio promedio en el AMBA es $800. El sistema, a su vez, cruje: en el contexto de la suba del combustible por la guerra en Oriente Medio, la oferta de colectivos se contrajo un 30% respecto al nivel operativo regular, con una caída más pronunciada en los servicios de la Provincia de Buenos Aires (-40%) y menor en los de la Ciudad (-5%).
Lo que complica aún más el panorama es que, desde febrero de 2025, las tres jurisdicciones que comparten el sistema de transporte del AMBA —la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado nacional— dejaron de coordinar sus tarifas y comenzaron a actualizarlas según sus propias necesidades fiscales.
Es una política sin precedentes: históricamente, las diferencias entre el boleto de la Ciudad y el interjurisdiccional existían, pero la tarifa de las jurisdicciones intervinientes estaba unificada. Hoy ya no. En abril, el boleto en la Ciudad cuesta $715; en la Provincia, $871, y en las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación, $700. La proyección para mayo indica que esa brecha se ampliará: la Ciudad llegaría a $754, la Provincia a $918 y Nación se mantendría en $700.
La descoordinación también se refleja en los niveles de cobertura de costos. Al primer cuatrimestre de 2026, los colectivos de la Provincia de Buenos Aires cubren más del 45% de sus costos vía tarifas, frente al 34% de Nación y de la Ciudad. Cada jurisdicción ajusta a su ritmo, con criterios distintos y sin una planificación conjunta. El resultado es un mapa tarifario fragmentado dentro de una misma región urbana, donde el precio que paga un pasajero depende menos del servicio que recibe y más de qué lado de un límite administrativo vive.
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