Aftosa: se desregula la aplicación de una vacuna clave para las vacas
La norma saldrá en días, pero fue explicada a un grupo de entidades ligadas al campo hoy en Expoagro; se trabajó conjuntamente entre el Ministerio de Desregulación y el Senasa
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LA NACIONFrancisco Jueguen
En un silencioso cónclave en Expoagro con entidades ligadas al mundo del campo, el Gobierno adelantó un anuncio inminente: luego de la polémica generada por la eliminación de la exclusividad de los laboratorios que venden la vacuna para la aftosa –habrá más novedades al respecto-, se avanzará un paso más y se cambiará también la forma de aplicación. ¿El objetivo? Ampliar la competencia y, en ese camino, reducir los costos para los productores.
En cierto sentido, cambia “la VTV” para la vaca. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que dirige Federico Sturzenegger, trabaja hace semanas con el Senasa para terminar con el monopolio de la aplicación de la vacuna de la aftosa en entes vacunatorios por departamentos o zonas. A partir de la publicación de la norma que tienen en gateras para los próximos días, cualquier veterinario registrado oficialmente podrá aplicar la vacuna contra la aftosa, lo que eliminará el esquema de único oferente regional y permitirá ampliar la competencia de precios.
La información, a la que accedió en exclusiva LA NACION, llegó a oídos de unos pocos representantes del agro, laboratorios y frigoríficos en una reunión que se llevó a cabo este mediodía en Expoagro, la mayor muestra del campo que se realiza estos días en San Nicolás, con el Senasa.
Fuentes oficiales adelantaron también a este medio que, luego de que se eliminara la exclusividad de la vacuna para la aftosa que mantenía Biogénesis Bagó -del grupo Insud, que dirige Hugo Sigman- y se autorizara la llegada de la brasileña Tecnovax, ya se está trabajando para traer al país las vacunas producidas por Merck y Boehringer Ingelheim. La idea oficial es seguir ampliando la oferta y bajar costos.
En la lógica del Gobierno, se trata de una desregulación similar a la que se lleva a cabo con la VTV del auto. Hoy la VTV se hace sólo en en lugares específicos designados por cada jurisdicción y con precios regulados. Con un decreto con fecha del año pasado, el Gobierno decidió permitir que cualquier taller con equipamiento pudiera hacerla.
Cómo es el sistema actual
Actualmente, hay un vacunatorio que es monopolio por zona, región o departamento, lo que implica que hay muchos vacunatorios, pero que no pueden competir entre sí. Tanto cerca de Sturzenegger como del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, buscaban que sólo con ser veterinario alcanzara para poder dar la vacuna. Sin embargo, según supo este medio, el Senasa logró que finalmente sea cualquier veterinario, pero “acreditado” por ese organismo, ya que esa aplicación es particular.
Sin embargo, para ampliarlo al máximo posible se indicará en la norma que el veterinario acreditado en el Senasa como “vacunador” podrá contar con un equipo técnico permanente de veterinarios acreditados como vacunadores. Todo con trazabilidad del Senasa.
Además, en la actualidad -según la norma- era necesario garantizar que la vacuna debía permanecer en un local bien conservada. Ahora, la nueva resolución que propone el Gobierno cambia esa letra y permitirá que se preserve la cadena de frío y las condiciones de almacenamiento, sin importar el formato. “Pueden mandar un camión y hacer las aplicaciones en un punto de vacunación”, contaron.
La normativa que saldrá en los próximos días, modifica la regulación para el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina. El productor va a tener que comunicar al Senasa, a través de un sistema de autogestión, qué esquema de vacunación implementará en su establecimiento. Si sigue con el ente sanitario o si elige un vacunador privado. La vacunación sistemática deberá comunicarse con antelación de 30 días, mientras que la estratégica, en cualquier momento del año.
Hoy, los autorizados en el país por el Senasa para realizar la vacunación contra la aftosa son entes sanitarios sin fines de lucro. Habilitados por ese organismo, según la ley 24.305 (y normas complementarias), el ente delega en ellos la aplicación, la compra de vacunas, la logística y la acreditación de vacunadores, entre otras cuestiones.
En el Gobierno creen que el sistema genera falta de competencia y altos costos adicionales para los productores, lo que, a su vez, deriva en precios altos y brechas regionales; productores “cautivos”, y falta de transparencia. Afirman que, en la práctica, la mayoría de los productores quedan “atados” al ente local, lo que genera quejas por “cautiverio” y pedidos de intervención al Senasa por mayor libertad de elección, menos costos y mayor flexibilidad.
De hecho, LA NACION contó el fin de semana pasado que, en plena campaña de aplicación contra la fiebre aftosa, la Asociación Rural de Salliqueló (ARS) se quejó de que existe una brecha de hasta el 40% en el costo de la dosis que afrontan los ganaderos en el partido vecino de Adolfo Alsina. En Salliqueló el valor es de $1750, mientras que en el distrito vecino, a través de la Fundación Adolfo Alsina para la Sanidad Animal (Fuaasa), el costo llegaba a $2400.
El planteo lo encabezó la ARS, que reclamó la posibilidad de que productores de partidos vecinos puedan vacunar su hacienda bajo su sistema. “Hay un escenario muy complejo por la vacunación de aftosa en sí, pero sobre todo por el costo”, afirmó Arnoldo Mazzino, presidente de la entidad, antes de que se conocieran los planes oficiales en carpeta.
“Al tener al productor cautivo por una cuestión sanitaria, se fue degenerando”, dijo Mazzino, y agregó que algunas estructuras “se pasaron de largo con el precio al productor”.
Anticipándose a algunas quejas que ven llegar en el horizonte, en la cartera que conduce Sturzenegger ratificaron que el sistema seguirá protegiendo el cuidado sanitario, la correcta aplicación de la vacuna y su trazabilidad.
Otra medida para el campo
El Gobierno además agilizó ayer los dictámenes necesarios (evaluación de riesgo en el agroecosistema, de aptitud alimentaria para consumo humano o animal, y el análisis de impacto en la producción y comercialización) para los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Hoy, esos dictámenes no tenían plazo y los resultados podían extenderse por mucho tiempo. Con una resolución del Ministerio de Economía (255/26) publicada ayer, se puso un plazo definido y se ordenó el proceso de aprobación.
Los plazos para cada instancia son, según la resolución publicada ayer: hasta 120 días hábiles para las evaluaciones de bioseguridad y aptitud alimentaria, y 30 días para el análisis de impactos comerciales.
Además, en función de la naturaleza del OGM y de su uso propuesto y declarado, podrá eximirse al interesado de presentar alguno de esos dictámenes.
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