Cambiar las reglas de juego trae importantes costos económicos

“¿Por qué asume las características de la persona con la que está?”, pregunta la Dra. Eudora Fletcher a Leonard Zelig. “Porque es seguro”, responde éste, a lo que agrega: “Porque quiero gustar”. Zelig, una película de Woody Allen que simula ser un documental, actuada por el propio Allen y por Mia Farrow, trata del personaje homónimo. Zelig tiene un extraño comportamiento: asume las características de sus interlocutores. Cuando se junta con psiquiatras, se vuelve un perfecto psiquiatra, cuando se reúne con franceses, adopta sus formas y habla un aceptable francés, cuando se suma a un grupo de gente de color, se vuelve de color él mismo, y así. En Zelig, la medicina y la psicología no logran descubrir el origen de tal comportamiento.

Los argentinos tenemos un verdadero Zelig en la presidencia. En su ultimo giro para adecuarse a su interlocutor, pasó de decir en 2013, en un tuit: “Si CFK no entiende por qué la Corte es un ‘contrapoder’, deberíamos averiguar quién la aprobó en Derecho Constitucional. ¡Basta de sofismas!”, a decir, dos semanas atrás, que el fallo de la misma Corte Suprema de Justicia en el caso de la coparticipación y la Cuidad de Buenos Aires era “de imposible cumplimiento”, y a proponer después pagar lo que hay que pagar por esa sentencia con bonos que tienen una paridad teórica -porque no cotizan- del 50% de su valor facial.

Si se tratara solo de contar con un presidente que cambia su postura constantemente para adecuarla sus interlocutores o a su necesidad del momento, vaya y pase. Los presidentes van y vienen. Pero, en su alzamiento contra la división de poderes consagrada por la Constitución Nacional, Alberto Fernández contó con el apoyo de 14 gobernadores peronistas.

Este apoyo de los gobernadores desnuda varios dramas que atentan contra el desarrollo económico y social de la Argentina. El primero es que gobiernan provincias poco o nada democráticas. Es decir, muchos de ellos vienen de provincias donde no hay contrapesos de las legislaturas provinciales, de la justicia o de la prensa, y donde no existe la alternancia en el poder. Son verdaderos feudos. Ocho de las 14 provincias presentes en ese acompañamiento a Fernández, se encuentran entre las menos democráticas de la Argentina, según un índice de democracia provincial que elabora Carlos Gervasoni, de la Universidad Di Tella. Es muy difícil construir un país plenamente democrático cuando está formado por unidades subnacionales que, en su mayoría, son poco democráticas.

El segundo drama, relacionado con el anterior y que sacó a la luz esta disputa, es el de la coparticipación federal. La mayoría de las provincias cuyos gobernadores se hicieron presentes para apoyar el desacato del Presidente a la Constitución tiene gastos elefantiásicos, con gran parte de la población económicamente activa contratada por el Estado provincial. Son gastos que están financiados, en su gran mayoría, por recursos de origen nacional. Dependientes de recursos que no generan y con la población anestesiada en empleos públicos, esas jurisdicciones no generan las condiciones para que el sector privado se expanda en todo su potencial. Es solo en las provincias con un sector privado vigoroso, como las del centro del país, que la democracia es más plena a nivel local.

El tercer problema que desnudó esta disputa es que mostró nuevamente que el peronismo está dispuesto a adecuar sus posturas a cualquiera sea su necesidad del momento. Es un partido de poder, simbiótico o, más bien, parasitario del Estado y, como Groucho Marx, en cada momento parece reafirmar su máxima: “Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros”.

El problema es que la falta de democracia plena y el cambio permanente de las reglas de juego tienen un gran costo para la economía. Una forma de ver este impacto es a través de los indicadores de gobernanza global (World Governance Indicators, o WGI, en inglés), del Banco Mundial. Este indicador resume seis variables: Voz y Responsabilidad, Estabilidad Política y Ausencia de Violencia/Terrorismo, Efectividad del Gobierno, Calidad Regulatoria, Imperio de la Ley y Control de la Corrupción.

La Argentina sale muy mal parada en todos estos indicadores, quedando de mitad de la tabla para abajo cuando se la compara con otros países emergentes. Los indicadores en los que sale peor parada son, justamente, Imperio de la Ley y Efectividad del Gobierno. El crecimiento económico está íntimamente ligado, en teoría y en la práctica, al imperio de la ley y el respeto a los derechos de propiedad, a burocracias que sean efectivas, a la baja corrupción y a la calidad regulatoria, entre otras características de las que nos hemos estado alejando estos años.

El desacato a la Corte Suprema y el cambio permanente de las reglas de juego tienen, además, un impacto más práctico y concreto para la política económica de este gobierno. Es difícil que los inversores quieran comprar deuda de un país en el cual el Poder Ejecutivo puede decidir si acata un fallo o no. Si bien el Gobierno viene argumentando que las licitaciones de bonos del Tesoro están resultando muy exitosas, dándole la posibilidad de aumentar el endeudamiento neto, la realidad es que este resultado se consigue a veces con la ayuda de los bancos y de organismos públicos. Pero, para lograr tal resultado, están revirtiendo una de las bases que le permitieron al equipo de Sergio Massa bajar la inflación en los últimos meses.

Al comprar bonos del Gobierno en las licitaciones, los bancos públicos bajan su posición en pases pasivos con el Banco Central (BCRA). Los pases pasivos son como las Leliq: sacan pesos del mercado. Al bajar su stock, aumenta el circulante, que ahora pasa a manos del Gobierno que emitió los bonos. El resultado es que la velocidad de expansión del circulante, que se desaceleró durante casi todo 2022, se volvió a acelerar a partir de mediados de noviembre.

Aunque se trata de un fenómeno todavía incipiente y no muy fuerte, en caso de persistir puede llevar a poner fin al proceso de desaceleración de la inflación. Estos problemas se ven típicamente a partir de febrero, cuando vuelve a bajar la demanda de dinero, que aumenta estacionalmente en diciembre y enero. De persistir este proceso, lo único que va a empezar con un número tres en abril no es la inflación, como sugiere Massa, sino la cantidad de copas del mundo que ganó la selección nacional.

De todas maneras, los inversores estos días deberían estar más preocupados por lo que pasa en la oposición que por lo que pasa en el Gobierno, al que, al final de cuentas, le queda poco tiempo en el poder. La pregunta del millón es, ¿para qué llevó Horacio Rodríguez Larreta a Martín Redrado al gobierno de la Ciudad? ¿Está señalizando que será su futuro ministro de Economía, o su futuro canciller? ¿O solo lo hace para congraciarse con el llamado círculo rojo, del cual Redrado es uno de sus economistas predilectos? De cualquier manera, ninguna de las opciones suena bien.

Redrado tomó las riendas del Banco Central, el organismo encargado de velar por la estabilidad de precios, en septiembre de 2004, con una inflación de 5,9% interanual, y dejó el cargo en enero de 2010, luego de dos año,s con una inflación promedio de más del 21% anual. No solo no hizo nada para combatir la reaparición de este cáncer que aquejó a la Argentina por décadas, sino que calló ante la vergonzosa intervención del Indec, que reportaba tasas de inflación de un tercio de las reales.

Y si el objetivo de sumarlo a Redrado es congraciarse con el círculo rojo, su presencia tampoco es un buen augurio. Para que la Argentina vuelva a crecer, hay que desarmar muchos de los privilegios que ostenta este grupo de poder. Y una cosa es sumar gente para poder armar una coalición amplia de gobierno, objetivo muy loable por cierto, y otra es querer quedar bien con todo el mundo. Como Zelig. Solo que, en este caso, estamos los argentinos en el medio de todo, y no es gracioso.

Por Marcos Buscaglia

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• Inflación y precios

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