Acuerdo con EE.UU.: el Gobierno buscaría la adhesión a un convenio internacional para la propiedad intelectual en semillas y atraer inversiones
Según pudo saber LA NACION, el país se sumaría a UPOV-91, que reconoce derechos más amplios a los obtentores de variedades vegetales; se haría vía un proyecto de ley
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LA NACION Belkis Martínez
En el medio del acuerdo con los Estados Unidos, y debido a que la propiedad intelectual quedó dentro del convenio, el Gobierno avanzaría, para el caso de semillas e innovaciones biotecnológicas, con la adhesión al convenio UPOV-91 [Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales], según pudo saber LA NACION de distintas fuentes, oficiales y privadas. Esto, que para el gobierno nacional permitiría acceder a mejor tecnología en genética de cultivos, ya lo intentó hacer con la fallida primera edición de la Ley Bases y ahora lo buscará llevar adelante dentro de un paquete de leyes donde estará la propiedad intelectual en general para atraer inversiones.
Las empresas del sector vienen reclamando mayor protección a sus innovaciones y el punto, al margen del agro, está en el acuerdo con el país gobernado por Donald Trump. Una de las discusiones que se dieron en los últimos años es si se debía avanzar con el pago del uso propio del productor que se guarda, por ejemplo, soja para utilizar como semilla en el siguiente ciclo agrícola. En la Argentina está vigente la ley de semillas de 1973, que se puso en marcha cuando la soja apenas daba sus primeros pasos y no existía la biotecnología agrícola. Habilita el uso propio.
Con el listado producto por producto de lo que la Argentina negoció hasta ahora, también se menciona que reforzará la "lucha contra la falsificación", atenderá las observaciones del Informe 301 de 2025—incluidos los criterios de patentabilidad y los atrasos en trámites— y trabajará para alinear su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. El país se adhirió a una versión anterior de UPOV, 78, pero para los expertos esta quedó desactualizada y ahora es necesario hacerlo con UPOV 91, que concede a los obtentores de variedades vegetales derechos más amplios y un mayor control sobre las mismas, entre otros puntos.
Cuando se discutía la primera edición de la Ley Bases, el gobierno nacional expresó: “El acta 1991 crea el uso propio por parte de los agricultores; excepción que no existe en el Acta 1978 a la cual Argentina se encuentra adherida hoy. En la actualidad, autorizar el uso propio de determinadas especies en la Argentina es un requisito que debe cumplirse para poder ejercerlo, esto implica declarar variedades utilizadas, cantidad de producción, entre otras; bajo apercibimiento de multas y de perder este derecho. En los países adheridos a UPOV Acta 1991 han reglamentado que los pequeños productores quedan exceptuados de pagar por el uso propio. Respecto a los pequeños agricultores y al uso de sus semillas nativas y criollas, UPOV 1991 no viene a regular sobre material sin propiedad intelectual por lo cual estas especies no son alcanzadas por el ACTA 1991″.
En este contexto, fuentes oficiales indicaron que el Gobierno se comprometió a remitir al Congreso los acuerdos internacionales considerados estratégicos, para su correspondiente tratamiento y ratificación legislativa, lo que ahí involucraría la adhesión a UPOV-91. Hasta ahora no está considerado dentro del temario de las sesiones extraordinarias.
En la práctica, según una alta fuente de la UPOV a LA NACION, la Argentina tendría que seguir todo el proceso de adhesión, el cual requiere enviar un proyecto de ley al Congreso para ratificar el Acta de UPOV-91 y, posteriormente, desarrollar una compleja reglamentación interna. El punto clave acá es que dicha reglamentación debe definir claramente cómo se aplicará la excepción de “uso propio”, un aspecto fundamental que se tiene que determinar después de aprobarse el proyecto en ambas Cámaras. Ningún país miembro del Mercosur está adherido a la UPOV-91, no obstante están más avanzados en la implementación de conceptos de la última acta, y resaltaron que la forma de avanzar ha sido a través de aprobación de leyes y regulaciones específicas de estas.
En el ámbito de la Cancillería, por ejemplo, consideran que para aumentar la producción, es necesario afianzar el compromiso de acceder a tecnología de punta, garantizando un sistema de propiedad intelectual que funcione.
“Necesitamos renovación genética, fuera de que los privados tienen su propio sistema de recupero de regalías, es real de que algunas variedades como legumbres, algodón y frutales, están atrasadas en material genético de vanguardia. En los países de la región hay inversión en genética que acá no llegan porque no es interesante el recupero de la propiedad intelectual”, subrayó una fuente de la actividad. En el caso de soja, por ejemplo, el sector semillero puso en marcha “Sembrá Evolución”, un sistema para tratar de capturar valor.
Upov 91 no establece el sistema de regalías a utilizar, sino que dependerá de cada país; sí el marco legal para la regulación de regalías. El Estado será quien decida quién paga, quién no, y el alcance que tendrá la reglamentación. Los derechos de los obtentores se basan en el pago de regalías por el uso de variedades de semillas registradas.
En la industria dijeron que en la Argentina es necesario que haya un marco normativo moderno en línea con los tratados internacionales adoptados por países líderes de la industria tales como EE.UU., Canadá y Australia, con el control necesario de los organismos nacionales correspondientes que de previsibilidad para el retorno de la inversión para devolver a la Argentina la competitividad que ha perdido en los últimos años.
Recordaron que en los últimos años la inversión en desarrollo de germoplasma de autógamas (soja, algodón, trigo, legumbres, etc.) al igual que la introducción de nuevos eventos biotecnológicos en la Argentina ha perdido competitividad en la región.
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