“Barrera paraarancelaria”: alerta en la agroindustria por una medida de Europa sobre las exportaciones

Cuenta regresiva. Los países proveedores de productos agropecuarios entraron en una carrera contra el tiempo y entre sí para seguir exportando a la Unión Europea (UE). Es que el 29 de junio pasado se aprobó una resolución de ese bloque económico que prohibirá la comercialización de carne bovina, soja, cacao, madera, café y palma aceitera y productos derivados, que estén asociados a la deforestación y la degradación forestal. La normativa se aplicará a partir del 1º de enero de 2025.

En rigor, desde esa fecha, los importadores solo comprarán materias primas y productos libres de deforestación, que hayan sido producidos en conformidad con la legislación conforme del país de producción y estén amparados por una declaración de diligencia debida.

Para Andrés Costamagna, director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), esto no es más que “una barrera paraarancelaria comercial, adicional a las tantas trabas (como cupos y cuestiones sanitarias) que ya se tiene para vender a ese continente”.

“Ellos (UE) no quieren que el dinero europeo contribuya a la deforestación del planeta. Por eso buscan fuertes adecuaciones por parte de todos los países y donde muchos van a quedar afuera”, dijo el dirigente a LA NACION.

Para la Argentina, el problema es muy importante ya que ese destino representa entre el 20 y el 22% del negocio anual de soja y, entre 6 y 10% de la carne vacuna, que también incluye cueros, menudencias, alimentos para mascotas que contienen harina de hueso y de carne, entre otros. “Ahora el país solo se ve afectado por tres productos (carne, soja y madera), pero el 30 de junio del 2025 habrá otra revisión y podrían incorporar al maíz y ahí entrarían los pollos, huevos, cerdos y el bioetanol”, destacó.

En detalle, a partir del 2025, los gobiernos europeos exigirán y requerirán a los importadores que certifiquen y den garantías de trazabilidad e información del producto comprado. Se deberá contar con la descripción del producto, la cantidad, la identificación del país de producción, las coordenadas de geolocalización del establecimiento de producción (fecha o intervalo temporal de producción), los datos de las empresas y proveedores relevantes y datos de clientes también relevantes. En caso de no cumplir con la documentación pertinente, se pondrá una multa del 4% de la facturación anual del importador. Esta información se guardará por cinco años y puede ser revisada en ese lapso las veces que se crea conveniente.

Es decir que son los compradores quienes deben estar cubiertos de cumplimentar con el requerimiento y es a ellos en quienes va a recaer la sanción en caso de incumplimiento. En este sentido, son ellos los que se van a cuidar de comprar productos no afectados por zonas deforestadas.

“El efecto es que, con una tamaña multa, nadie va a querer correr un riesgo semejante por lo que, o dejan de comprar o van a pedirnos un seguro alto de caución para cubrirse”, explicó Costamagna.

En estos 18 meses que quedan existen dos puntas a resolver. Por un lado, la Argentina como país hasta el 31 de diciembre de 2024 deberá presentar que es un país de bajo riesgo de deforestación agregada, ya que en la actualidad tiene el status de estándar. Dijo: “Tenemos iniciativa para que el país se presente como ‘sin riesgo de deforestación’, una categoría que no está en la resolución pero estamos desafiando a la UE para no entrar en el control y mitigación de riesgo”.

Según la resolución, las tres categorías existentes tendrán diferente control en los embarques: si el país es de bajo riesgo revisarán al azar el 1% de los embarques; si es estándar, el 3%, y si el país está catalogado como de alto riesgo de deforestación, un 9%.

“Uruguay, Estados Unidos y Canadá ya tomaron la delantera y hace más de un año vienen reportando y negociando con la UE para que se los declare países libres de deforestación. En tanto, Brasil, en una disruptiva, hace un mes ya hizo un relevamiento de capacidades, con la información necesaria que deje tranquilo al importador. Esta es una carrera para ver quién llega primero a tener todos los requerimientos, porque el que lo tiene, se queda con el mercado”, remarcó.

El otro camino está en la parte privada, donde son los diferentes eslabones de la cadena de cada producto afectado los que deben reunir la documentación adicional para cada embarque que sale a ese destino. Ahí está la gran tarea por delante de las asociaciones y las cámaras que nuclean a los productores.

Que pasa en la Argentina

“Hay certificadoras internacionales que se ofrecieron para hacer este trabajo que, con el acompañamiento público del Senasa y del Estado, lo podemos hacer. Pero, sin duda, que esto significa más seguros de caución, un costo más elevado para producir pero que, si no lo hacemos, nos deja frente a otros países sin competitividad”, expresó el directivo de la SRA.

En este sentido, el trabajo que lleva adelante la cadena de la soja está avanzada y “ya tienen como dar respuesta”. De hecho, desde hace un tiempo vienen trabajando en Visec, una plataforma nacional promovida por Ciara-CEC, The Nature Conservancy, (TNC), Peterson Consultancy y Tropical, Forest Alliance (TFA) para ir avanzado en los requerimientos europeos.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, contó que Visec nació hace tres años y está toda la cadena de valor de la soja. Además, sumaron a ONGs ambientales internacionales que validan todo este proceso. Describió que tienen un protocolo de trazabilidad muy avanzado y un software de cadena de custodia documental que lo está administrando la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Por otro lado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires está trabajando en los reportes anuales de seguimiento de todos los indicadores no solamente de deforestación, sino de otros indicadores sociales.

“Este reglamento no tiene intervención estatal, los empresas individuales están obligadas a cumplir pero no el Estado. Por eso es que decidimos hacer un sistema único en la Argentina y que no haya múltiples sistemas que además sería costoso para las pequeñas y medianas empresas. Ya lo hemos presentado varias veces en Europa. Recientemente estuve en Europa de nuevo y hay mucha aceptación por Visec y, de hecho, en Europa dicen que es la primera plataforma que está avanzando a nivel mundial para certificar y verificar soja de libre deforestación”, aseguró.

No sucede lo mismo en la cadena cárnica, que viene detrás. Días atrás, integrantes de toda la comercialización vacuna se reunieron en la sede de la SRA para analizar el camino a seguir y se han propuesto continuar las conversaciones para el 2 de agosto próximo. Sin querer sacarse el lazo, Costamagna dijo que la producción de carne vacuna es mucho más compleja, ya que va desde el nacimiento del ternero, pasando por la recría, el engorde, las ferias y mercados y finalmente la planta frigorífica.

En este contexto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), aseguró que desde hace tiempo se viene trabajando en todo el capítulo de sustentabilidad, en lo que se refiere a las necesidades e implementaciones que van a demandar el futuro del mercado internacional de carnes.

“En el tema deforestación, venimos avanzando con las empresas en dar cumplimiento al protocolo de la UE, que reglamenta toda esta temática para el tiempo futuro. Estamos conscientes, tranquilos y ocupados en dar cumplimiento a esa normativa y demostrar que los productos cárnicos provienen de animales que no son de zona deforestada, que es lo que exige el reglamento”, destacó.

“Lo vamos a hacer a la perfección, estamos abocados a ese trabajo. Estamos ocupados en dar las garantías de sanidad e inocuidad, transparencia y responsabilidad de los productos que se consumen en el bloque comunitario. La Argentina contamina menos del 1% en los niveles y estándares internacionales concebidos y aceptados hasta la fecha”, añadió el directivo.

Por último, Costamagna dijo que, de una u otra manera esto implicará un costo extra y que indefectiblemente recaerá en el productor. Si bien no tiene en claro el número final, rondará entre el 1 y 5% del valor del embarque.

“La discusión de fondo que plantea la UE es que no hay que producir más sino que lo que se necesita es distribuir mejor y desperdiciar menos alimentos. No hace falta ampliar la frontera agropecuaria, el mundo ya está abastecido, ese es el eje. Nos dicen no avancen más sobre los recursos naturales porque no te voy a pagar más para que vos cuides los bosques; si no no lo hacés, no te compro. No produzcan más, sean eficientes en la cadena de distribución y en los desperdicios”, cerró Costamagna.