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Confusión política con el glifosato, desde Bruselas hasta Posadas
En pocas semanas, la Unión Europea deberá tomar una decisión que puede tener impacto sobre la producción agrícola mundial. Se trata de la renovación, o no, de la autorización del herbicida glifosato que vence el 15 de diciembre próximo, según lo establecido por la Comunidad Europea (CE), el principal órgano de gobierno de la UE.
En una reunión reciente del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (Scopaff, en sus siglas en inglés), que depende de la CE, no se alcanzó la mayoría necesaria en el voto de los representantes de los países miembros para extender su aprobación por otros diez años. Según informaron los medios de comunicación de la UE, habrá una nueva instancia de debate a mediados del mes próximo y, si no hay acuerdo, deberá ser el órgano ejecutivo de la CE quien defina el tema.
Los partidos verdes, que en algunos países forman parte de los gobiernos, como en el caso de Austria que votó en contra, pretenden obtener una victoria política con la prohibición del herbicida.
Esta presión política contrasta con el pronunciamiento de los organismos técnicos de la UE y de científicos europeos que no encuentran evidencias sobre consecuencias negativas del glifosato, en su aplicación recomendada, sobre la salud y el ambiente.
“La evaluación del impacto del glifosato en la salud de las personas, los animales y el medio ambiente no ha identificado áreas de preocupación críticas”, expresó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa, en sus siglas en inglés) al responder a la petición de las autoridades comunitarias sobre evaluación del herbicida en julio pasado.
Este organismo explica que “una preocupación se define como crítica cuando afecta a todos los usos propuestos de la sustancia activa objeto de evaluación (por ejemplo, usos previos a la siembra, usos posteriores a la cosecha, etc.), impidiendo su renovación o aprobación”.
Tras realizar miles de estudios durante tres años, la Efsa no encontró pruebas para recomendar una prohibición del glifosato, pero sí dijo que era necesario realizar estudios a más largo plazo. Ya en 2017, la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA en sus siglas en inglés) había señalado que no había evidencias científicas para considerar al glifosato como “cancerígeno, mutágeno o tóxico para la reproducción”.
Además de los pronunciamientos de los entes públicos, a nivel privado también se dieron a conocer los riesgos que tendría para la producción agrícola de la UE una eventual prohibición del glifosato.
Los investigadores de la Universidad de Wageningen, de los Países Bajos, sostuvieron que la prohibición a corto plazo “conducirá a que los agricultores utilicen con mayor frecuencia otros pesticidas y también alternativas no químicas que, en conjunto, no son necesariamente mejores para los seres humanos, el medio ambiente, la vida del suelo y el clima”.
En un memorando elaborado a pedido de la comisión de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos del Parlamento holandés, los investigadores de la Universidad de Wageningen, una de las más prestigiosas de la UE en materia de conocimiento agrícola, expresaron que “muchas de las alternativas no químicas actuales (por ejemplo, el arado) son más desfavorables para la vida del suelo y la mitigación del cambio climático”.
Desde los países del Mercosur también hubo pronunciamientos sobre la decisión que deberá tomar la UE. Entidades de la producción y la industria de Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina (Acsoja y Aapresid, entre ellas), expresaron esta semana que “los sistemas de agricultura regenerativa utilizados en la producción de alimentos en nuestros países utilizan el glifosato como una herramienta eficaz, siendo un herbicida aprobado por organismos de salud en más de 140 países, donde los residuos resultantes de su aplicación se ajustan a los Límites Máximos de Residuos (LMR) establecidos por el Codex y otras normativas”.
En la Argentina, sin embargo, hay quienes quieren dar pasos para atrás, como el gobierno de Misiones que, sin sustento científico, prohibirá en dos años el uso del glifosato, lo que provocará un grave daño a sectores productivos de la provincia como el forestal, el tabacalero y el tealero, entre otros. En su reemplazo, el gobierno local promueve un bioinsumo que todavía ni siquiera tiene la autorización del Senasa. Cuando se priorizan los intereses políticos sobre los científicos o técnicos los resultados suelen ser nocivos, sea en Bruselas o en Posadas.
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