1
Agroquímicos: un conflicto abierto que puede llegar a la Corte Suprema
1 minuto de lectura'
El presidente Mauricio Macri se refirió a un fallo contra los agroquímicos en Entre Ríos de la siguiente manera: "Es irresponsable, sin base científica, pone en riesgo el trabajo de miles de personas".
En una visita a esa provincia, hablaba del conflicto ambiental más importante que se debate hoy en los tribunales de nuestro país: la prohibición para la aplicación de agroquímicos en los alrededores de escuelas rurales, de 1000 metros para las pulverizaciones terrestres y 3000 para las aspersiones aéreas. Entre Ríos será un leading case, un caso testigo. Lo que allí se defina afectará como siga el tema en todo el país. ¿Se vienen mayores límites al glifosato y otros productos?
Repasemos cómo se llegó hasta aquí. En 2018, una ONG ecologista presentó un amparo en la Justicia entrerriana para defender la salud de los niños y docentes que concurren las escuelas rurales, alegando que los agroquímicos ponían en riesgo su salud y cómo generaban daños al ambiente.
La Justicia consideró que, si bien el daño no estaba totalmente probado, existía riesgo potencial, y aplicó el Principio Preventivo Ambiental. Esto significa que ante la duda, si pudieran llegar a darse daños que fueran irreparables en el ambiente, se deben tomar medidas que limiten o restrinjan ciertas actividades o productos. Antes, en Gualeguaychú, se había aprobado la ordenanza "glifosato cero", que prohibía el uso, la aplicación, el traslado y hasta la venta de ese producto en el Municipio.
Con el fallo salen de producción unas 330.000 hectáreas, según el cálculo de los productores. La justicia le ordenó al Gobierno provincial que mejorara la protección a las escuelas, por lo cual la administración de Gustavo Bodert hizo un nuevo decreto que mantenía las prohibiciones pero achicaba las distancias: a 100 metros para aplicaciones terrestres y a 500 metros para las aéreas.
Pero, claro, el caso siguió judicializado. En marzo pasado, luego de presentaciones de los ambientalistas y entidades del agro, la Justicia provincial dictaminó que este decreto es nulo. Señala que no hubo nuevas pruebas en el terreno y que las distancias de las 100 y 500 metros son arbitrarias: Entre Ríos no cumplió la orden judicial de probar en juicio que esas distancias protegían la salud y todo volvió para atrás.
Hoy entonces están vigentes en toda la provincia los 1000 y 3000 metros de prohibición de uso de agroquímicos, y la prohibición total del glifosato en Gualeyguachú.
El gran argumento del gobierno nacional para defender el uso de agroquímicos son las llamadas "Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)". En 2018, en un trabajo de los entonces Ministerios de Agroindustria, Ambiente, Salud y Ciencia y Tecnología, junto con las autoridades de todas las provincias ambientales y productivas, se publicó la "Guía de Buenas Practicas de Agroquímicos y Fitosanitarios".
Es un buen documento, con bases científicas, en el cual no se habla de distancias de prohibición mínimas, como pretende la Justicia de Entre Ríos, sino de "zonas buffer", zonas de especial cuidado cerca de ciudades, escuelas y cursos de agua. El gran problema es que este documento no tiene más valor legal que el de una recomendación: ni siquiera está aprobado por resolución ministerial, mucho menos por ley del Congreso.
Sí existen leyes provinciales de agroquímicos, aunque justamente en Entre Ríos, epicentro del problema, no se logró acuerdo para tener una ley en la materia.
Todo indica que el conflicto puede escalar. Los productores de Entre Ríos se ven seriamente afectados: de un día para el otro se les pretende cambiar su modelo productivo, hay contratos que se habían firmado que se están cayendo y hectáreas que saldrán de producción.
Por otro lado, los ambientalistas, envalentonados con los fallos favorables, van por más: ya hay proyectos para limitar aún más las fumigaciones aéreas, el glifosato y otros agroquímicos a nivel nacional.
Y el contexto internacional les juega a favor: en Estados Unidos, la Justicia consideró que Monsanto no advirtió de la peligrosidad del glifosato, actuó con malicia, escondió información y que su producto causó el cáncer en dos juicios diferentes. Alemania anunció un programa para eliminar el glifosato de su país en el mediano plazo, en Europa el permiso al producto se vence en 2022 y la discusión cada vez se vuelve más difícil.
En tanto, el nuevo presidente de Colombia quiere volver a usar glifosato en la "guerra contra las drogas" para atacar las plantaciones de coca, pero con fuerte rechazo no solo de ecologistas sino también de campesinos y pueblos originarios. La opinión pública mundial parece haber dado su veredicto contra los agroquímicos.
Argumentos científicos
Los argumentos científicos a favor, que no son pocos, no han sido hasta ahora presentados correctamente en la Justicia. Son pruebas contundentes ante todos estos fallos desfavorables. Y, en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, es más un concepto para productores e ingenieros agrónomos: ni los jueces y mucho menos la gente común parece entenderlo como un argumento válido ni como una garantía a su salud o al ambiente.
¿Qué puede pasar en la Argentina? En nuestro país, cualquier persona puede presentar un amparo ambiental. Es un derecho otorgado por la Ley de Ambiente. Y, por otra parte, el caso de las escuelas rurales de Entre Ríos da mucha tela para cortar: no sería sorpresa que llegue a la Corte Suprema.
Hace unos días, en el caso del impuesto a las Ganancias para los jubilados la Corte sentó la doctrina que "grupos vulnerables requieren especial protección del Estado", y no ahondó en la necesidad de probar en concreto dicha vulnerabilidad.
Fue un fallo que pareció basado en la corrección de ciertas posturas políticas y un ojo puesto en la opinión pública, más que en hechos concretos. En esa línea, no parece difícil ver a los niños escolares del interior entrerriano como los vulnerables de este caso.
Por otro lado, el principio preventivo ambiental que arriba explicamos es parte de la legislación argentina, y ha sido usado en varias ocasiones, con aval de los académicos.
La falta de una ley nacional de presupuestos mínimos de uso y aplicación de agroquímicos no hace más que complicar el panorama: ante este vacío, la Justicia puede considerarse con las atribuciones para actuar a fin de garantizar los derechos en riesgo.
Si el valor a defender es el ambiente, si la Justicia considera que hay que tomar medidas especiales para defender la salud de los más vulnerables y que puede haber daños irreparables, y que está medianamente probado el potencial peligro ambiental de determinadas sustancias, parece bastante probable que tengamos un fallo aún más importante, quizás de la Corte Suprema, imponiendo mayores límites al uso y aplicación del glifosato u otros agroquímicos.
El autor es director de RED Consultora y docente de Derecho de las Universidades de Belgrano y La Plata
