Amplio respaldo del agro en Diputados al proyecto de ley que busca regular la aplicación de fitosanitarios
Representantes de entidades y de gobiernos provinciales apoyaron en una sesión plenaria de comisiones la iniciativa impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias
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LA NACION Belkis Martínez
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del sector agropecuario, provincias y entidades técnicas presentaron un fuerte respaldo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental Para La Aplicación De Productos Fitosanitarios, que busca establecer por primera vez un marco regulatorio nacional para la aplicación de productos fitosanitarios. La iniciativa, impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), tiene como objetivo principal ordenar la actividad con criterios científicos, ofrecer previsibilidad a los productores y garantizar la protección del ambiente y la salud de las comunidades, según sus impulsores.
La presentación, que fue conducida por Atilio Bendetti, presidente de la Comisión de Agricultura, de Diputados y Recursos Naturales (RRNN), contó con la participación de representantes de la RedBPA. Expusieron Ramiro Costa y Nieves Pascuzzi, coordinadores de la RedBPA; Ramiro Cid y Eugenia Magnasco, representante por CREA. También participaron, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, entre otros.
Costa destacó el rol y alcance de la Red integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas que representan a productores, la industria, el ámbito académico y organismos técnicos. Subrayó que el proyecto de ley presentado es fruto de un amplio consenso interinstitucional, resultado de más de 40 reuniones de trabajo que involucraron a todos los eslabones de la cadena agroindustrial junto con organismos nacionales y provinciales. Destacó la importancia del proyecto de ley como herramienta para compatibilizar la producción agropecuaria con la protección del ambiente y la salud, brindando previsibilidad, transparencia y confianza a toda la cadena agroindustrial.
Pascuzzi por su parte, agregó que desde la Red comenzaron a trabajar con pruebas de derivas para el texto del anteproyecto de la ley que se hizo en el 2020. El proceso, señaló, duró dos años, donde tomaron evidencia técnica de hacer un trabajo de jornadas de aplicaciones para establecer distancias.
Magnasco destacó que el proyecto incorpora avances tecnológicos en la aplicación de fitosanitarios, una práctica que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Señaló que “Entre Ríos es la única provincia que ya incluye el uso de drones como tecnología de aplicación, y que la nueva normativa contempla este tipo de innovaciones junto con sistemas de aplicación dirigida o selectiva”, que reducen el uso de productos y mejoran la eficiencia. Subrayó además que la iniciativa se basa en la ciencia, en evaluaciones de riesgo alineadas con estándares internacionales —como los de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Mercosur— y en más de 38 pruebas locales de deriva. Consideró que una ley de presupuestos mínimos aportará previsibilidad, transparencia y confianza tanto al sector productivo como a la sociedad.
En tanto, Cid expresó que la propuesta define distintas zonas para las aplicaciones agrícolas: la zona sensible, donde no se puede aplicar ningún producto por su cercanía a pueblos, escuelas, parques o cursos de agua; la "zona de exclusión, que establece límites de 10 metros para aplicaciones terrestres o con drones y 45 metros para las aéreas"; y la zona de amortiguamiento, que permite aplicar bajo condiciones controladas y con medidas preventivas. Según señaló, los valores propuestos se ajustan a los parámetros utilizados en países como Canadá, Estados Unidos y Europa, y buscan compatibilizar la producción con la protección ambiental.
Cid indicó que el proyecto fija condiciones ambientales estrictas para las aplicaciones, como realizar los tratamientos con humedad relativa superior al 50%, temperatura menor a 25 °C y viento entre 3 y 15 km/h, siempre en dirección opuesta a las zonas sensibles. Destacó la importancia de “aplicar con baja presión y gotas grandes, mantener el botalón bajo para evitar la deriva, y utilizar tecnología antideriva, como aceites, pastillas o túneles de viento”. En las zonas de amortiguamiento, indicó, será “obligatorio dar aviso previo de ocho horas, señalizar las aplicaciones y usar una manga de viento visible, medidas que —afirmó— aportan seguridad y transparencia tanto para los productores como para la comunidad".
Magnano celebró que el Congreso esté discutiendo una ley que brinde un marco claro y previsible para la producción agropecuaria. Destacó que “es sumamente importante tener previsibilidad”, cosa que vienen solicitando a menudo, ya que la expansión de las ciudades muchas veces deja a los productores sin posibilidad de continuar su actividad. Consideró que “una norma de presupuestos mínimos permitiría ordenar todo esto y traer mayor tranquilidad, no solo al habitante del territorio, sino también a los productores”, garantizando que puedan seguir trabajando en un entorno regulado y seguro.
Resaltó además que el crecimiento del agro se debe al avance tecnológico y al uso de fitosanitarios cada vez más amigables con el ambiente. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene todo esto, que brinde previsibilidad y acompañe el camino de incremento productivo que la Argentina necesita”, sintetizó.
Tras el debate, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su firme apoyo al Proyecto y sostienen que es un paso fundamental para dotar al sector agroindustrial y a la sociedad argentina de un marco regulatorio moderno y previsible.
Gustavo Idígoras, presidente del CAA, celebró el tratamiento del Proyecto en las Comisiones de Agricultura y en la de Ambiente de la Cámara de Diputados del Proyecto, al señalar que “un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover el desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina”
El CAA destacó que promover un marco de buenas prácticas es uno de sus objetivos, buscando favorecer la productividad, el valor agregado, la protección del medio ambiente y los altos estándares sanitarios en la producción y comercialización así como brindar seguridad sanitaria a los trabajadores de las actividades agropecuarias y a las comunidades donde se desarrolla la producción.
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