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Baja de retenciones: el costo fiscal en soja será de US$300 millones en 2027
Un estudio analizó el impacto de la reducción del impuesto anunciada por el presidente Javier Milei
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- La nueva reducción de retenciones al agro anunciada por la administración de Javier Milei tendrá un costo fiscal “acotado” según estimaciones del Ieral, de la Fundación Mediterránea. De esa manera, no compromete el equilibrio fiscal que el Gobierno convirtió en su principal bandera económica.
Según cálculos del economista Juan Manuel Garzón, la menor recaudación directa derivada de la baja de los derechos de exportación será de entre US$390 millones y US$690 millones en 2027, dependiendo del ritmo final de reducción aplicado sobre la soja. Hoy en el cronograma oficial se conoció que durante el próximo año la oleaginosa tendrá una merma de un cuarto de punto por mes. En la soja el costo fiscal el próximo año será de US$300 millones. Por otra parte, esta tarde el Gobierno dio a conocer que la baja gradual se extenderá a maíz, girasol y sorgo.
En trigo y cebada, las retenciones pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En soja, el recorte comenzará recién en enero próximo y avanzará de manera gradual, con reducciones mensuales de 0,25 puntos porcentuales.
El dato clave es que el mayor costo fiscal no aparecerá inmediatamente. Garzón estima que este año el impacto sobre cereales será reducido -menos de US$30 millones- porque la medida alcanzará a remanentes de la campaña actual que todavía no fijaron precio y serán exportados bajo las nuevas alícuotas. El efecto más importante llegará recién en 2027, cuando la baja opere sobre una campaña completa. Entonces, la pérdida de recaudación en cereales rondaría los US$90 millones.
El caso de la soja
La soja concentra la verdadera discusión fiscal. No sólo porque es el principal complejo exportador argentino, sino porque sigue siendo el cultivo con mayor carga tributaria. Según las proyecciones del economista, si el sendero de reducción fuera de 0,25 puntos mensuales, el costo fiscal podría ubicarse cerca de US$300 millones. En rigor, así será en 2027 la merma. Si el esquema fuera más agresivo, con bajas de 0,5 puntos por mes, el impacto podría acercarse a US$600 millones. Esa baja mensual se aplicará en 2028.
Para Garzón, la medida “va en la dirección correcta” porque reduce parcialmente “el impuesto más distorsivo que enfrenta el agro argentino”. Pero también advierte que no debe interpretarse como una solución definitiva, sino como “otro paso” en un proceso gradual que todavía necesita consolidarse.
Subraya, además, que las retenciones no son la única presión tributaria que enfrenta el sector. A la carga nacional se suman impuestos provinciales y municipales que afectan costos, márgenes e incentivos de inversión, especialmente Ingresos Brutos y Sellos.
Desde el punto de vista productivo, la reducción mejora los precios netos esperados y fortalece la capacidad de pago de la exportación. El impacto sería particularmente relevante en cereales como trigo y cebada, donde las decisiones de siembra suelen reaccionar rápidamente a cambios en rentabilidad esperada.
Compensación
El análisis también apunta sobre la expectativa de compensación vía mayor actividad económica. Parte del costo fiscal podría recuperarse si la baja tributaria impulsa más producción, exportaciones e inversión. Sin embargo, Garzón advierte que ese efecto “no debe suponerse automático ni inmediato”. La recuperación dependerá de varios factores: clima, precios internacionales, credibilidad del sendero de reducción y estabilidad macroeconómica.
El antecedente histórico más cercano es la reducción de retenciones aplicado entre 2016 y 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri. En aquel período, los derechos de exportación [DEX] para trigo fueron eliminados pero reaparecieron cuando se agravaron las restricciones fiscales y financieras.
Para Garzón, allí aparece una de las principales diferencias con el esquema actual. Mientras la experiencia anterior apostó por una reducción más agresiva al inicio, el gobierno de Milei opta por una trayectoria más gradual y administrada. “La dificultad no es sólo bajar retenciones, sino sostener la baja en el tiempo”, plantea el economista.
Garzón sostiene que una parte del menor ingreso nacional podría compensarse con mayor recaudación de otros tributos, especialmente Ganancias, que se coparticipa. En ese escenario, las provincias también podrían beneficiarse indirectamente de una mejora en la actividad agropecuaria. Por eso señala que el anuncio nacional podría complementarse con una “agenda tributaria más amplia" que incluya bajas graduales de impuestos provinciales distorsivos, reforzando así la competitividad del sector.
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