Está en Cerviño 3101/67; según fuentes consultadas, se trata de un número récord para este tipo de subastas públicas
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Faltan dos semanas para que la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) lleve adelante la subasta de un edificio ligado al INTA en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio porteño de Palermo. Hasta el momento se registraron siete oferentes en el sistema, aunque no trascendieron los nombres, una cifra récord para este tipo de operaciones, según dijeron a este medio. El proceso estará abierto hasta el 16.
El precio base del inmueble fue determinado en US$6.378.968 tras un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en el que se fijó un valor piso de US$5.741.071, tomando en cuenta la ubicación y características del inmueble. En ese sentido, la AABE tomó el valor más alto como precio base. En tanto, cada cinco minutos cada oferente podrá presentar un incremento mínimo de US$95.700. El argumento del Estado para llevar adelante la venta del edificio es que el inmueble está “subutilizado”. En un informe oficial se destacó que adentro trabajan 117 personas y que los puestos de trabajo que podrían existir serían de 256 si se optimizaran los recursos.
En ese predio se desarrollan actividades de las Direcciones Nacionales de Vinculación Tecnológica y de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; el Centro de Investigación de Economía y Prospectiva; la Fundación ArgenINTA; y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA). Adentro del inmueble, de acuerdo con la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), trabajan 140 personas. Desde el 29 de noviembre pasado, cuando el Gobierno consiguió el aval del Consejo Directivo del INTA integrado por entidades del sector agropecuario y autoridades, había 15 días para reubicar al personal.
La subasta del inmueble se realizará el 23 del actual a las 10, en lugar de las 12 como se había previsto originalmente. Se realizará por el término de una hora. Los oferentes tendrán hasta el 16 del corriente para hacer la inscripción. De acuerdo con la información que figura en el sitio de la subasta, los interesados que “hubieran cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo del Sistema Subast.ar podían formular consultas al pliego a través del mencionado sistema hasta el 9 de diciembre de 2024 a las 17.
Uno de los puntos que estuvo en discusión en el interior del INTA fue la titularidad del edificio. Según consta en la escritura y el sistema catastral, a la que tuvo acceso LA NACION, el inmueble fue adquirido en su momento por Pedro Gastón Bordelois, en representación del INTA, de su Consejo Directivo, con fondos de la institución. Los datos constan en la escritura N° 408 del 2 agosto de 1967, que señala que la propiedad se iba a destinar para “el funcionamiento del Instituto de Suelos y Agrotécnia”.
“En tal virtud el señor Guillermo Edmundo Fehling, cumpliendo con la obligación contraída otorga y declara que: vende y transfiere en absoluta propiedad, posesión y dominio a favor del Estado Nacional Argentino (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) una finca de su propiedad ubicada en la zona Norte de Capital, calle Ocampo esquena a Cerviño”, precisa. En Catastro bajo el archivo 3101/29/67 la pertenencia del inmueble es de “Estado Nacional Argentino”, de acuerdo con el escribano Jorge Garrido, quien señala que la propiedad será “usufructuada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA”.
Los pliegos de bases y condiciones de la subasta publicada por la AABE establece que la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie, valor que es de carácter indicativo y referencial, y se ha determinado bajo algunas premisas. Entre ellas, no se han considerado descuentos de superficies aplicables, patios, áreas comunes, servicios u otros. Se deja claro que el inmueble se destinará a “usos residenciales u oficinas”.
El pliego establece como cargo de la venta que quien adquiera el inmueble ejecute una obra de construcción de carácter permanente de, al menos, el 75% de la constructividad por metro cuadrado de superficie cubierta, en conformidad con las condiciones normativas vigentes a nivel local. Estas cláusulas excluyen, dijeron fuentes consultadas, a potenciales compradores interesados en preservar el edificio con otros fines, como la construcción de una escuela o la creación de un espacio verde.
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