Control fiscal o barrera comercial: el debate que puede impactar en el campo
Para el sector agropecuario, este debate tiene una importancia particular; el campo argentino no funciona encerrado dentro de una sola provincia y su dinámica natural es interjurisdiccional
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PARA LA NACIONHéctor Tristán
Un planteo contra el Código de Operaciones de Traslado (COT) bonaerense reabre una discusión sensible: hasta dónde pueden llegar los controles provinciales sin afectar la libre circulación de bienes. El caso puede tener impacto directo en productores, transportistas, acopios, proveedores y empresas que mueven mercadería entre jurisdicciones.
En la Argentina, mover bienes nunca es un acto simple. Un camión que sale de una provincia y entra en otra no solo transporta bienes: también atraviesa normas nacionales, controles provinciales, exigencias documentales, sistemas informáticos, plazos, códigos, fiscalizaciones y, muchas veces, interpretaciones distintas sobre una misma operación.
Para un productor agropecuario, un transportista, un acopio, una empresa de insumos o un proveedor del interior, esto no es una abstracción jurídica. Es parte de la vida cotidiana. El país productivo funciona sobre ruedas: granos, hacienda, fertilizantes, repuestos, maquinarias, alimentos, combustibles y bienes de capital circulan todos los días entre campos, plantas, depósitos, puertos, industrias y centros de consumo.
Por eso, cada nuevo requisito formal puede parecer menor en el papel, pero enorme en la práctica. Un código omitido, una carga informática mal hecha o una interpretación provincial diferente pueden derivar en multas, demoras, decomisos o incluso clausuras. Allí aparece el debate de fondo: ¿hasta dónde puede llegar el poder de fiscalización de una provincia sin convertirse en una barrera para el comercio entre jurisdicciones?
Esa pregunta está en el centro de la discusión abierta por el caso “Neuper SA c/Provincia de Buenos Aires”, donde se cuestiona la constitucionalidad del Código de Operaciones de Traslado, más conocido como COT, implementado por la provincia de Buenos Aires.
El COT es un código que debe obtenerse para respaldar determinadas operaciones de traslado o transporte de bienes dentro del territorio bonaerense. Está previsto en el artículo 41 del Código Fiscal provincial y funciona, en los hechos, como una obligación formal adicional: antes de trasladar ciertos bienes, los sujetos alcanzados deben generar un código que identifique la operación. Quienes transportan la mercadería deben poder exhibirlo ante los controles de la autoridad provincial.
La finalidad declarada es fiscal: permitir que la provincia controle la circulación de bienes, reduzca la informalidad y verifique operaciones con impacto tributario. Hasta allí, la idea parece razonable. Ninguna provincia está impedida de fiscalizar. El punto conflictivo aparece cuando esa fiscalización se superpone con documentación nacional ya existente o cuando su incumplimiento genera consecuencias muy gravosas para operaciones que, en lo sustancial, pueden estar debidamente respaldadas.
El problema no es simplemente “pedir un código”. El problema es si la acumulación de requisitos provinciales, sobre operaciones que muchas veces ya cuentan con remitos, facturas, cartas de porte, documentación de transporte y demás comprobantes nacionales, termina encareciendo, demorando o condicionando el comercio interjurisdiccional.
En el caso que llegó a la Procuración, la empresa actora desarrolla actividades comerciales desde Santa Fe y opera en distintas jurisdicciones. Según surge del planteo, fue alcanzada por una multa millonaria vinculada con un traslado de mercadería que tuvo origen en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y destino en Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La controversia no se limita a discutir una sanción puntual. El planteo apunta a una cuestión más amplia: si la provincia de Buenos Aires puede exigir el COT sobre operaciones de transporte interjurisdiccional, cuando la regulación del comercio entre provincias corresponde al Estado nacional.
El dictamen de Procuración, emitido el 15 de abril de 2026, no resuelve todavía el fondo del asunto. No declara por sí mismo si el régimen es constitucional o inconstitucional. Pero considera que el caso presenta una cuestión federal suficiente para justificar la intervención originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese dato es relevante. Significa que la discusión no es meramente administrativa ni local. Lo que está en juego es el alcance de una regla central del federalismo argentino: la llamada cláusula comercial, prevista en el artículo 75 inciso 13 de la Constitución Nacional, que atribuye al Congreso Nacional la regulación del comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Detrás de esa fórmula hay una idea simple: ninguna provincia debería poder adoptar medidas que, bajo la apariencia de controles locales, terminen obstaculizando la circulación de bienes dentro del país.
Para el sector agropecuario, este debate tiene una importancia particular. El agro argentino no funciona encerrado dentro de una sola provincia. Su dinámica natural es interjurisdiccional. Un productor puede sembrar en una provincia, comprar insumos en otra, vender granos a un acopio ubicado en una tercera, contratar un flete que atraviesa varias jurisdicciones y terminar con la mercadería en un puerto o planta industrial a cientos de kilómetros.
En ese contexto, cada régimen local que agrega una obligación formal adicional genera un costo. A veces es visible: honorarios, sistemas, personal administrativo, tiempo operativo. Otras veces es oculto: demoras, riesgos de fiscalización, incertidumbre, contingencias y temor a que una omisión formal derive en una sanción desproporcionada.
La eventual intervención de la Corte podría tener efectos que excedan ampliamente el caso concreto. No solo para Buenos Aires, sino también para otras jurisdicciones que hayan implementado regímenes similares de información, control o autorización sobre el traslado de bienes.
En un país que necesita exportar más, producir más y bajar costos logísticos, esta discusión no es menor. Un federalismo moderno necesita administraciones tributarias eficientes, pero también reglas simples, coordinadas y previsibles para quienes producen y comercian.
El debate de fondo no es si las provincias pueden controlar. Claro que pueden. La discusión es hasta dónde pueden hacerlo sin convertir el control en una barrera para producir, vender y circular.
El autor socio de Tristán y Asociados
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