Buenos Aires: en el campo hay quejas porque faltaron obras para controlar las inundaciones
Para los productores, no hubo una asistencia que en el último tiempo permitiera sortear la actual crisis hídrica
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LA NACION Belkis Martínez
Mientras miles de hectáreas continúan anegadas en el centro y el oeste bonaerense, los productores y las entidades del agro coinciden en un diagnóstico que se repite desde hace décadas: la ayuda nunca llega, y si lo hace, llega tarde. Durante muchos años, las obras estructurales no se terminaron y la emergencia agropecuaria sigue siendo hasta ahora la única respuesta. Cientos de productores miden sus pérdidas de cientos de miles de hectáreas bajo el agua y denuncian un “abandono total” por parte de las autoridades. Este miércoles, en conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunciaron que el Gobierno destinará recursos nacionales para las zonas de la provincia de Buenos Aires que sufrieron fuertes inundaciones.
En Bragado, por caso, los productores aseguran que no hubo asistencia efectiva por parte del gobierno bonaerense. Ni máquinas prometidas ni las medidas fiscales de alivio llegaron a las zonas rurales más afectadas. La situación en los partidos de Carlos Casares, Bolívar, 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Las Flores, Bragado, 25 de Mayo, Roque Pérez, entre otros, es crítica.
Tras una consulta de LA NACION, en tanto, en el Ministerio de Infraestructura bonaerense señalaron que los fondos provinciales destinados a los municipios para el mantenimiento de los caminos rurales fue de $2000 millones. A partir de esto, desde febrero Vialidad Provincial e Hidráulica ayudaron con máquinas retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones para construir terraplenes y defensas. El manejo de la situación, afirman, incluyó fondos suplementarios para complementar horas hombre en el manejo de maquinaria municipal, bombas hidráulicas para desagotar áreas urbanizadas, tubos para alcantarillado, limpieza de arroyos y canales.
“La provincia aportó varias máquinas para 9 de Julio: maquinaria de Vialidad, de Hidráulica y también de Desarrollo Agrario”, admitió Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap. En el caso de Carlos Casares, donde se viene reclamando hace tiempo, solo “se aportó una pala y algo de dinero, pero no mucho más”. Para el dirigente, existe cierta coordinación entre ministerios e intendencias, pero hasta ahora “no se ve una gestión integral para morigerar el impacto”.
Las declaraciones de emergencia agropecuaria y las prórrogas impositivas, tanto provinciales como nacionales, permiten aliviar temporalmente la carga tributaria. “Eso funciona, pero son paliativos. No hubo ninguna herramienta que sirva para prevenir o mitigar”, precisó.
Hoy, por caso, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó sobre la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos en 19 distritos declarados en emergencia, incluyendo los núcleos del conflicto como Bolívar, Carlos Casares, 9 de Julio y 25 de Mayo.
Estos esfuerzos de contingencia contrastan con que todavía falta la conclusión del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado. Un informe del Ministerio de Infraestructura provincial detalló que, si bien 402 km del plan están terminados, el Tramo IV —crucial para zonas como Bragado y 25 de Mayo— estuvo parcialmente detenido. El problema, dijo, son 33 kilómetros de la etapa 2 de este tramo, con obras “neutralizadas por falta de financiamiento nacional desde diciembre de 2023”. Hace poco el gobierno nacional anunció la reanudación de esa obra.
El informe provincial apuntó a la gestión nacional del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, financiado por el Impuesto a los Combustibles. Según datos oficiales, entre 2024 y el primer trimestre de 2025 se recaudaron $175.000 millones para este fondo, pero solo se ejecutó el 7,45%. La provincia sostiene que esos fondos no asignados “podrían haber permitido finalizar” los tramos hoy frenados.
Para los productores que tienen el agua en sus campos, como Gervasio Raffo en Olascoaga, Bragado, la ayuda ha sido invisible. “Estamos sobrepasados de lluvia, sobrepasados de agua que llega desde otros partidos, con una infraestructura terriblemente deteriorada. En esta zona, provincia no hizo nada”, dijo y resaltó que la próxima campaña va a ser muy mala. “No sé qué porcentaje podré sembrar, pero seguramente menos de la mitad de lo habitual. No puedo llegar a los campos y muchos siguen bajo el agua”, resumió.
Para Raffo, quien tiene 200 de las 350 hectáreas que trabaja bajo el agua, los problemas vienen de larga data: “Hace tiempo que no se hace nada y, aun con el agua complicándonos la vida y en una situación de emergencia, tampoco se hace nada o se trabaja muy lento”. Agregó: “El otro día una ambulancia quedó encajada en el medio del camino; tenía que atender a una beba prematura, hija de una familia que trabaja en un tambo".
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, advirtió que con “casi 5 millones de hectáreas afectadas, esto es un problema para el país” que impactará “en la recaudación y en la macroeconomía del Gobierno”.
No obstante, advirtió que con los niveles de agua que hay “es poco lo que se puede hacer” en este momento. “Esto pone en evidencia la negligencia y las cosas que no se hicieron y que se pueden hacer. Hoy es muy difícil trabajar para que el agua corra, por los cauces que debería tomar. Estas son las consecuencias de no haber hecho lo que venimos reclamando desde las instituciones: obras, canales, cunetas, previsión ante este tipo de eventos", analizó.
Pino sostuvo que hoy es muy difícil actuar, pero sí están marcando la cancha a los entes gubernamentales. “Hay que decirles: señores, esto es una pérdida que va más allá de lo individual. Esto es un problema para el país”, dijo.
“Hoy el campo está bajo el agua, y esa agua, en lugar de bajar, se mantiene o aumenta con cada lluvia. No se puede arreglar un camino que está bajo el agua, pero debemos ser coherentes y conscientes de no dejar pasar esto. Cuando se pueda, hay que realizar las mejoras y obras necesarias, y seguir insistiendo para que se hagan. Porque después, cuando cambia el clima y vuelve la sequía, nos olvidamos. Cada tanto esto vuelve a sorprendernos. Hubo inundaciones grandes en los años 80, y estamos en 2025 viviendo lo mismo”, sintetizó.
En este marco, el Concejo Deliberante del partido de Azul aprobó a finales del mes pasado un proyecto de ordenanza que regula las obras de infraestructura rural contratadas directamente por los vecinos con empresas constructoras. Establece requisitos para la solicitud, el pago obligatorio por parte de los beneficiarios, la fiscalización municipal y la creación de un registro para las empresas contratistas. Además, contempla la posibilidad de eximir hasta el 100% de la Tasa por Conservación de la Red Vial Rural a los vecinos que asuman el costo de la obra.
La respuesta del gobierno bonaerense
Además de anunciar un operativo para las zonas inundadas, hoy Bullrich y Adorini pusieron el foco sobre el gobierno de Axel Kicillof. "Esto es un desorden que tiene que ordenar la Provincia, pero como no lo está haciendo, y los intendentes no tienen jurisdicción, estamos en una situación donde no sabemos quién se hace cargo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a hacer cargo de la emergencia”, señaló Bullrich.
Tras esa declaración, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, recordó que “el Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires”.
Precisó que “cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023″. Añadió: “A partir de ese momento, la Nación paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo 4, como ocurrió con 2308 obras públicas en todo el país”. Y remarcó: “La interrupción de esa fase, que contaba con un alto grado de avance y con la inversión asegurada (Fondo Hídrico que no ejecutan), trabó las gestiones para obtener el financiamiento internacional del tramo 5, que estará a cargo de la provincia”.
Según dijo, “la paralización de los trabajos ya lleva casi dos años” y “de haberse mantenido el ritmo de ejecución previo la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024″. Amplió: "El financiamiento para el tramo 5 (a cargo de la PBA) proviene de fondos internacionales y el banco interviniente no dispondrá de los mismos si no se completa la obra pendiente del tramo 4 (en manos del Gobierno Nacional)“.
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