Retenciones: otra vez en una trampa

El ministro de Economía, Martín Guzmán, vio los números del gasto del sector público en enero antes que se dieran a conocer, analizó la tendencia, que ya venía negativa y marcaría otro rojo en febrero, y dio la orden: hay que activar la suba de las retenciones a la soja del 30 al 33%. El objetivo: conseguir entre US$400 y 500 millones de dólares extra. Buscar al primero de la fila para que ponga la plata: el campo.

Efectivamente, el miércoles pasado se informó que en enero último el sector público cerró con un déficit primario de $ 3766 millones. Noviembre y diciembre ya habían cerrado en rojo también. Mayores gastos en subsidios económicos, tras el congelamiento de las tarifas, entre otros rubros como el gasto social, incidieron sobre el resultado. Ni siquiera compensó que los ingresos por retenciones de enero hubieran aumentado un 59,8% respecto de igual mes del año pasado. Al Estado ya parece no alcanzarle nada. Vale recordar que, para comparar igual mes, enero de 2019 había arrojado un superávit de $16.658 millones.

Que Guzmán haya dado esa instrucción, según trascendió, no tuvo en el radar político la convulsión que se vivió esta semana en el sector. Conmoción que empezó el domingo con la versión de la suba de los derechos, siguió el miércoles con el cierre del registro para exportar y anteayer entró en una suerte de tregua cuando la Mesa de Enlace se sentó a conversar con el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

Una negociación cuyo resultado final es incierto y se develará el próximo martes en un nuevo encuentro cuando Basterra le transmita a los dirigentes una respuesta del Gobierno.

La Mesa de Enlace se opuso ante el ministro al incremento de otros 3 puntos y pidió rebajas. Hay un lote de ocho productos sobre la mesa que podrían tener alguna reducción en las alícuotas si el Gobierno lo definiera. Entre ellos, el girasol del 12 al 7%, el arroz del 9 al 5% y el maní también del 9 al 5%. El mismo Gobierno puso en la ley de emergencia económica que los derechos de las economías regionales no deberán superar el 5%.

Además, allí mismo consignó, vía el artículo 53, que tendrá que haber mecanismos de segmentación para pequeños productores y cooperativas. En el Gobierno dicen que están listos para hacer eso si la Mesa de Enlace lo considera. En el ruralismo, en tanto, señalan que no han visto ningún borrador para eso. Alguien que hizo números señala que el Gobierno que quiere recaudar hasta US$500 millones extra, en la práctica no se llevaría más de US$200 millones si realmente aplicara una segmentación.

En este contexto, ¿abrirá la puerta el Gobierno a conceder alguna rebaja de retenciones? ¿Hay un clima realmente de confianza? En diciembre pasado, días antes del incremento de las retenciones del 24,7 al 30% en la soja y del 6,7 al 12% en trigo y maíz, entre otros productos, los dirigentes del agro compartieron una cena con Basterra, que no les hizo un solo anticipo de lo que se venía.

Hace diez días, cuando la Mesa de Enlace debatía un cese de comercialización, Basterra llamó en medio de la reunión y los convocó al encuentro que se dio finalmente anteayer. No obstante, sorprendió al sector antes con el cierre del registro de exportación, además de las versiones en firme de la suba de los derechos, algo que finalmente blanqueó según confirmaron los mismos dirigentes.

Con lo vivido hasta acá, claramente desde el Gobierno no hay a la vista una política para el campo que no sea otra cosa que meramente recaudatoria. "Esto es política fiscal y no agro", decían esta semana en una de las entidades. Con el gobierno de Mauricio Macri se había iniciado un proceso hacia la quita de las retenciones como instrumento de recaudación que se interrumpió en septiembre de 2018 con la vuelta de los derechos a varios productos, entre ellos el trigo, el maíz y la carne. Ahí se perdió una oportunidad histórica. Y ahora el debate no parece centrado en cuándo finalmente se podrá prescindir de ellas como instrumento recaudatorio, quitarlas, sino cómo se negocia que no haya una suba adicional.

Una trampa y una certeza: hay larga vida todavía para las retenciones. Mientras la Mesa de Enlace está en una negociación a la defensiva con Basterra, donde lo fiscal prima sobre la política agropecuaria, en Tucumán y otras provincias del norte los productores harán el cese de comercialización previsto por ellos desde pasado mañana por una semana. Cuando para el Estado las retenciones pasan por lo fiscal (del precio de exportación en sojase lleva US$100 por tonelada limpios), para muchos, sobre todo en el norte, pasan por seguir o no produciendo.

Por Fernando Bertello

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