Consejo de Mayo: se vienen cambios en tierras, bosques y el final de una polémica prohibición
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que se avanzará con la liberación de la compra de campos por parte de extranjeros, la actualización de la Ley de Bosques, reformas en acuicultura, la quita de la traba para cambiar de actividad tras un incendio y una modernización del trabajo agrario
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LA NACION Belkis Martínez
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció los lineamientos productivos que se incluyeron en el Consejo de Mayo. Con el objetivo declarado de “poner nuevamente a la Argentina en la senda del crecimiento”, confirmó cuatro ejes clave para el sector agropecuario: la liberación de la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, cambios en la Ley de Bosques, modificaciones en la Ley de Acuicultura y una modernización laboral agraria.
Uno de los puntos es la modificación del régimen de tierras rurales, donde está vigente una medida cautelar presentada por el Centro de exCombatientes Islas Malvinas (Cecim) contra el DNU 70/2023, específicamente el artículo 154, que derogó la Ley de Tierras de 2011. Adorni fue tajante: “Se libera la compra por parte de privados extranjeros”. Esta medida busca revertir las limitaciones de la Ley 26.737, que puso un tope del 15% a la titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, con un límite de 1000 hectáreas en zona núcleo. En la actividad inmobiliaria recomiendan, frente al contexto aún vigente, que cada cliente “consulte con sus abogados y actúe en consecuencia”.
En cuanto a la protección ambiental, el Gobierno propone una actualización de la Ley de Bosques (26.331) que también genera debate.
En tanto, Adorni adelantó que se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva de un campo incendiado por 30 a 60 años, calificándola como “una ley del diputado Máximo [Kirchner] que atenta directamente contra la producción”.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), Andrés Costamagna, director y cocoordinador de la Comisión de Sostenibilidad de la entidad, señaló que desde la entidad bregan directamente por la derogación de la norma vigente. “La Ley de Bosques no ha cumplido el fin para la que fue creada, es un límite a las inversiones necesarias... La ley es sólo creadora de pobreza estructural. Ningún gobierno, durante la vigencia de esta ley, ha girado los fondos necesarios para proteger los bosques. De hecho, Fundación Vida Silvestre Argentina tiene muy buenos informes donde se detalla que solo se ha enviado entre un 5% y un 7% de los fondos comprometidos para el Fobosques. Entendemos que la ley no debe ser modificada, sino que debe ser derogada. De este modo, las provincias pueden tener, sin límites impuestos por la Nación, la posibilidad de ver el desarrollo de sus pueblos y la posibilidad de que la conservación de los bosques tenga un pago acorde por medio de instrumentos de mercado —mercado de carbono— o por otros medios de financiamiento climático", sostuvo.
Recalcó que representa un límite a las inversiones necesarias en infraestructura para desarrollar diferentes regiones que albergan a las poblaciones más endebles de la Argentina. “La ley solo ha sido creadora de pobreza estructural. Hoy tenemos mejor tecnología y sabemos que los bosques necesitan diferentes prácticas para ser sostenibles, para que estén en crecimiento. Por eso acompañamos a la conservación con la familia rural adentro y pensamos, como piensa el resto del mundo, que la preservación no es la manera de conservar la biodiversidad", afirmó.
Por otro lado, sostuvo que en las provincias, esta ley solo ha servido para la creación de policías ambientales que han perseguido a los productores y sus familias. “Ha creado estructuras dentro de las provincias que tienen vicios propios: como todo lo que implica dar autorizaciones desde los gobiernos, conlleva que se generen espacios de poder dentro de las estructuras gubernamentales”, subrayó.
El proyecto del Consejo de Mayo incluye flexibilizaciones para los desmontes en zonas verdes (categoría III), que requerirían solo informar a la autoridad de aplicación, y mantiene la prohibición en zonas rojas (categoría I). Además, introduce evaluaciones de impacto ambiental obligatorias para desmontes y condicionadas para manejo sostenible.
También se contemplan cambios en la Ley de Acuicultura para permitir la producción tanto en ámbitos naturales como artificiales: otorga a las provincias y la Nación la potestad de determinar los requerimientos de explotación sustentable.
Por último, el jefe de Gabinete señaló que dentro del Proyecto de Ley de Modernización Laboral que va a ser enviado al Congreso, para ser tratado en las extraordinarias, también se prevén modificaciones en el régimen de trabajo agrario, aunque no se brindaron mayores detalles sobre este punto.
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