Corrientes. Alertan por el impacto económico y productivo de un proyecto sobre humedales
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La Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes, que integran entidades de la producción de esa provincia, expresó su rechazo a la sanción de una ley sobre "Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección y Uso Racional y Sostenible de los Humedales" a partir de proyectos presentados en el Congreso.
La agrupación alertó sobre los riesgos de avanzar en una normativa que afectaría el desarrollo económico de la provincia. En rigor, una definición amplia de humedales, incluyendo superficies no cubiertas por agua, implicaría para Corrientes que más del 70% de su territorio quedaría involucrado.
"Queremos poner de manifiesto que no queda claro cuál es el aporte normativo de los proyectos de ley o qué problemas concretos pretenden proteger y regular, que ya no fueran exigibles por otras normas nacionales y provinciales que regulan las cuestiones ambientales, uso de las aguas, autorizaciones para obras, etc. en consonancia con la Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675", dijeron las entidades en un comunicado.
"En efecto, si hay algo que resulta preciso y con amplias coincidencias, es que no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los Humedales de Corrientes, no obstante convivir con actividades productivas y culturales desde hace más de 300 años; suficiente motivo para expresar que no se aprecian razones o motivos que justifiquen una legislación restrictiva de la magnitud de la pretendida por los proyectos en cuestión", agregaron.
Según explicaron, Corrientes cuenta en materia de legislación con un capítulo específico (10 artículos) de su Constitución dedicada al Medio Ambiente y al Agua, una ley que declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del Ambiente y de todos sus elementos constitutivos, una ley que aprueba el Código de Aguas, un Organismo competente (ICAA) con poder de policía sobre el agua, el suelo, la minería y el medio ambiente, una Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental dependiente del Superior Tribunal de Justicia y una reserva natural del Iberá que cuenta con 1.300.000 hectáreas, que sumadas a otras reservas de similar protección representan más del 21% del territorio provincial.
De acuerdo a las entidades, con los proyectos "se introducen asuntos de jurisdicción provincial previstos en artículos 41º y 124º de la Constitución Nacional", "poseen una mirada sesgada sobre el ambiente, ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades", "no hacen referencia al "Documento Diagnostico sobre Humedales" que justifique la sanción de una ley…"
También "adoptan, en general, una definición amplia de humedales incluyendo superficies no cubiertas por agua, lo cual implica para la provincia de Corrientes el 70% de su territorio".
En este sentido, precisan que se incluye en las definiciones conceptos como presencia "temporaria de agua superficial o subsuperficial y/o suelos hídricos sustratos con rasgos de hidromorfismo". Por esto, señalaron, "conllevan a incluir erróneamente grandes planicies anegables y valles totalmente productivos.
Por otra parte, entre otros puntos sostienen que "no contemplan a la ganadería actual de modo explícito, ni las actividades productivas preexistentes", "limitan las obras de infraestructura pública y privada y no proponen criterios de aprobación de las mismas o los dificultan de tal manera, que los transforman en difíciles de materializar".
"No contemplan el caso de las superficies transformadas en humedales artificiales por la irresponsabilidad o impericia humana, y la posibilidad de poder restituirlos a su situación original. Tal sería el caso de las consecuencias ocasionada por la falta de previsión, en el trazado y construcción de caminos, alcantarillas y puentes; tanto provinciales como nacionales", precisan.
Según las entidades, se está no solo ante "proyectos de regulación ambiental, sino también de regulación económica, que de aprobarse exigirán realizar en amplias zonas, consideradas como humedales (sobre todo si se incluye el concepto de hidromorfismo), "estudio de impacto ambiental" y/o "audiencia pública", como paso previo a realizar cualquier actividad productiva tradicional".
"Ello generará desconfianza en la inversión privada, afectando la producción, las economías regionales, y abriendo las puertas a una burocracia generadora de conflictividad administrativa y judicial", advierten.
Las entidades ven "inoportuno, inconveniente e innecesario aprobar algún proyecto de ley con tales características, objeto y definición".
No obstante, precisan que si se decide avanzar reclamarán "un debate amplio de la cuestión, que todas las partes involucradas/afectadas puedan ser escuchadas, que se privilegie en el análisis de la cuestión un criterio científico apoyado en un estudio previo que demuestre los daños que se pretenden remediar, que se respeten las autonomías y jurisdicciones provinciales, así como el principio constitucional de razonabilidad, que los proyectos ingresados sean girados a las comisiones parlamentarias de agricultura y ganadería, y las demás que resulten pertinentes".
Firmaron y adhririeron a la postura del sector:
- Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA)
- Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC)
- Asociación Forestal Argentina (AFoA-Regional Corrientes)
- Asociaciones de Citricultores de Corrientes (ACC)
- Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (APNEA)
- Federación Económica de Corrientes (FEC)
- Sociedad Rural Argentina (SRA)
- Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
- Coninagro
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
- Federacion Agraria Argentina (FAA)
LA NACION
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