Crece el rechazo del campo a una empresa estatal para el mercado de granos: “Es un disparate”

En el campo crece el rechazo luego de que el presidente Alberto Fernández se expresara en favor de tener una empresa del Estado “testigo” para “ordenar” en el mercado de granos y embistiera sobre la cerealera Vicentin, hoy concursada. Respecto de la compañía consideró que “se podría dar la posibilidad de cramdown [opción que puede solicitar un acreedor] después que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe interviniera en el proceso.

Dirigentes del sector consultados por LA NACION calificaron los dichos del mandatario como un “disparate”, dijeron que las políticas “intervencionistas” en la Argentina “nunca han tenido éxito” y pidieron que se deje al mercado actuar libremente.

“No hace falta ninguna empresa testigo porque el orden del mercado de granos se da con la simple fluidez de la oferta y la demanda”, apuntó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en diálogo con LA NACION.

“Sólo hace falta mirar”, expresó el ruralista que pidió que, “como en todo el mundo”, se deje a los actores de la cadena de granos “trabajar sin políticas intervencionistas”. Dio como ejemplo que en mayo del año pasado estaban cerradas las exportaciones de carne y, sin embargo, “el precio no bajó, al contrario, subió”. Agregó: “Lo mismo pasó con el mercado de granos años atrás”.

“Hoy tenemos que mirar para afuera y ver que la guerra en Europa nos da una oportunidad histórica para hacer más granos y las señales del Gobierno van en contra de este objetivo. Las estimaciones para la campaña triguera están por debajo de lo sembrado en el ciclo anterior”, remarcó.

En opinión de Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, lo que dijo Fernández es “un disparate”. Consideró que es “repetir errores del pasado”, ya que todas las experiencias de intervenir en los mercados de producción, exportación y consumo “han sido malas”. Además, criticó que el mandatario use como ejemplo el caso de YPF. “Gracias a su imprevisión, y su gestión incompetente, hoy no tenemos autoabastecimiento energético, y falta gasoil”.

Según el dirigente, la causa de los problemas que afronta la Argentina “es la inflación y la alta carga fiscal, que hacen subir los precios y encarecer todo”. Sostuvo que en los precios de los alimentos en las góndolas la incidencia es de un 30 al 50 %. En tanto, dijo que en los combustibles los impuestos son de un 47%.

En tanto, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), relativizó las declaraciones del mandatario al asegurar: “Estamos acostumbrados a que primero dice una cosa y después otra”. Además, dijo que “suena rarísimo” que el mandatario haya hablado de “ordenar” siendo que este “es un gobierno desordenado”.

Cuestionó que el Gobierno “quiera meterse con la comercialización de cereales, siendo que es una de las actividades más virtuosa que tiene la Argentina y que ha generado el ingreso de divisas en forma transparente”. En ese sentido, lo consideró “totalmente innecesario”.

Destacó que la intervención estatal “nunca ha sido virtuosa en Argentina”. Remarcó: “Lo único que se ha creado con esto son nichos de privilegio y una burocracia fenomenal”.

El jefe de Estado también fue cuestionado por su dichos sobre Vicentin en el sector de la agroexportación. En la actividad hablaron de “una expresión inapropiada y peligrosa”. En el sector dijeron que si se hace “un cramdown” significaría “hacer quebrar a la empresa, dejar en la calle a miles de personas y dejar sin cobrar a miles de productores, bancos y demás”.

“Que el estado se meta en Vicentin posquiebra es peligroso, primero, porque no tiene fondos y deberían conseguir del exterior no menos de 3500 millones de dólares para operar; y segundo, porque quieren tener una empresa estatal que baje precios, es decir, que compre a los productores al precio del mercado y venda por debajo de sus costos”, apuntaron fuentes de la actividad exportadora. Sostuvieron que en dicho caso “se fundiría en un par de meses” o tendría que “financiar su déficit con nuevos impuestos”.

Indicaron que los interesados en controlar Vicentin (ACA, Viterra y Bunge) “iban a poner mucha plata para mantener empleos, producir, pagarle a los bancos y operar”. Agregaron: “Los problemas judiciales de los dueños actuales no deben meterse en una operación de venta”.

En tanto, en un comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dijo sobre las declaraciones del Presidente: “Nos asombran, nos preocupan y nos dejan la sensación extendida que vamos sin rumbo y que quienes gobiernan nos tratan como seres no pensantes y que no vemos el oscuro tiempo que transitamos”.

Además, cuestionó que el Gobierno hable de la idea de una empresa testigo en el comercio de granos en un contexto que la entidad describió como “ausencia de plan de gobierno, sin gestión, ni rumbo” y “no conforme con toda la intervención que han instaurado solo para sembrar desconfianza y para quitar valor al productor ahora se anuncia otro dislate”.

“Intentaron un mamarracho con la empresa Vicentin, tenemos patente la conferencia de prensa en que anunciaron la idea de apropiarse de ella y ahora pretenden más de lo mismo”, dijeron. CRA concluyó: “Respetamos la propiedad privada, la independencia de la Justicia, la libertad de trabajar, producir y vender, el respeto a la ley, a la constitución, la institucionalidad y valores de la República, si hablamos menos y hacemos más, si nos decimos la verdad, si vamos hacia una economía moderna, globalizada, si hacemos lo que hacen los países exitosos, seguramente no haría falta presumir un optimismo que nadie ve, que nadie siente y no se encuentra en el ánimo de la gente”.

Por Pilar Vazquez

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• Sociedad Rural Argentina (SRA)
• Alberto Fernández

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