Vecinos del paraje Escobedo, en Carmen de Areco, advirtieron que el Concejo Deliberante cambió una norma local que impedía este tipo de emprendimientos cerca de viviendas y establecimientos educativos; el intendente defendió la iniciativa
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Vecinos del paraje Escobedo, en el partido bonaerense de Carmen de Areco, denunciaron la instalación y funcionamiento de una cantera a 160 metros de la Escuela Rural N°14 Vicente López y Planes luego de que el Concejo Deliberante modificara una ordenanza que impedía ese tipo de emprendimientos cerca de establecimientos educativos y viviendas. El intendente Iván Villagrán (Unión por la Patria) confirmó dicho cambio, pero dijo que la habilitación la realiza el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El conflicto comenzó a gestarse a mediados de 2025 cuando unas diez familias de la zona se enteraron de que se habían adquirido tierras vecinas y que existía el rumor de la apertura de una tosquera en el lugar.
Según relataron, el 20 de junio último enviaron una carta al Concejo Deliberante y al jefe comunal Villagrán para pedir que, si la información era cierta, no se habilitara el emprendimiento. “Nunca contestaron la carta ni el Concejo Deliberante ni el intendente”, aseguró a LA NACION Lucrecia Alasia, hija de un pequeño productor de la zona.

Ante la falta de respuesta, el 30 de junio de 2025 presentaron una nueva petición solicitando la intervención urgente de las autoridades municipales para frenar la habilitación. Sin embargo, el 24 de octubre de ese año el Concejo Deliberante avanzó con una modificación de la ordenanza municipal 3199/2023.
Alasia detalló que en esa reforma “el artículo 7, que era el que contemplaba que a menos de 1000 metros de una escuela, de viviendas o de un lugar de salud no podía haber una cantera, lo suprimieron por completo”.
“No existe más en la nueva ordenanza. La modificación de la ordenanza redujo la distancia mínima, sin considerar que se trata de una zona rural poblada desde hace más de 60 años”, afirmó. En ese sector, además de la escuela, hay viviendas de productores y jubilados que residen allí de manera permanente.

La cantera pertenece a “Areco Suelos SA”, propiedad de la familia Zanzottera, y hoy se encuentra en funcionamiento con aval municipal.
Otro de los puntos que generó inquietud en los vecinos fue el nombramiento de Jorge Luis Zanzottera el 1 de julio de 2025. En el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires fue designado como personal temporario de la Municipalidad. Para los vecinos, “esta cuestión de que un funcionario público sea también parte interesada en negocios privados configura incompatibilidad directa con la función pública y un conflicto de intereses”.
Según Alasia, la firma “ya está sacando tierra con la habilitación municipal, no con la habilitación de la provincia”. Ante una consulta de este medio, Zanzottera indicó que sí posee la aprobación provincial. Señaló que el número de productor minero, con fecha de expedición 29 de enero de 2026, es el 541 de la Dirección de Minería provincial. En tanto, no respondió a una consulta sobre su nombramiento en el municipio.
Por su parte, en diálogo con LA NACION, el intendente Villagrán confirmó la modificación de la ordenanza de 2023, que fuera impulsada por el oficialismo y que ponía un límite de metros de cercanía con una escuela: unos 1000 metros.

“Este límite no estaba basado en ningún hecho científico ni ambiental, sino que fue por alguna idea que surgió, donde se tuvo en cuenta la opinión de la comunidad educativa y de los vecinos en el lugar. La gente que ahora está explotando la tosquera venía haciendo todos los trámites en la provincia, porque los municipios no regulan sobre este tema. Y cuando se encontraron con esta traba de la cantidad de metros, empezaron a hablar con todos los bloques de concejales para su modificación. Se convocó a la directora de la escuela, a la jefatura distrital y a algunos vecinos del paraje Escobedo. Allí, Zanzottera asumió determinados compromisos que quedaron plasmados en un documento, con la conformidad de todos. Fue entonces que el Concejo Deliberante actuó en consecuencia y modificó la ordenanza. No hay nada ilegal que esté por fuera de lo que la ley marca. No es una habilitación que depende del municipio. Es el gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Minería, que lo hace”, dijo.
El establecimiento educativo está “cruzando la calle, literal”, a 160 metros del predio donde se realiza la extracción. Allí asisten actualmente 10 alumnos. “Van 10 chicos por el momento. Los padres de los niños dijeron que prefieren tenerlos analfabetizados antes de que corran riesgo de que les ocurra algo”, precisó Alasia.
Entre los cuestionamientos, los vecinos mencionan el impacto ambiental y sobre los recursos hídricos. En la zona no hay red de agua potable ni cloacas. “Primero y principal el prejuicio es la contaminación sonora, además que tiraron toda la flora, desmontaron todo, ya no hay más barrera forestal. Pero por otro lado, es una zona alta de napas y si continúa la extracción para este año bajará la napa considerablemente y no hay red de agua ni de cloacas en esa zona, por lo tanto nos quedaríamos sin acceso al agua potable. A esto suma la circulación constante de camiones a alta velocidad por caminos de tierra”, remarcó.

El malestar también alcanzó al plano de la provincia de Buenos Aires. “Intentamos llegar a los funcionarios bonaerenses, mandamos cartas, sabemos que las leyeron, escribimos en redes sociales pero no nos contestaron nunca”, señaló. Fue así que el 30 de enero de 2026 comenzaron a visibilizar el conflicto públicamente al considerar que las vías administrativas no habían dado resultado.

Alasia cuestionó, además, la falta de diálogo directo. “Nunca ni el municipio ni Zanzottera se acercó a consultarle algo” a su padre, Carlos Raúl Alasia, conocido en la zona como “Pichi”, pequeño productor que vive allí hace más de 60 años y cría unas 40 vacas en 26 hectáreas.
El productor, jubilado y paciente oncológico, atraviesa la situación con angustia. “Está muy angustiado, se siente muy mal”, relató su hija, quien, además, está construyendo su vivienda en el mismo paraje.
En medio del conflicto, el 7 de febrero pasado a la madrugada fue incendiada una máquina de la empresa. “Ellos dijeron que éramos nosotros, pero sería muy tonto de nuestra parte hacer público un reclamo e incendiar una máquina”, sostuvo Alasia.
El jueves pasado, los vecinos mantuvieron una reunión con funcionarios municipales, aunque no con el intendente, que no asistió. “Fue una reunión poco productiva, donde nos dijeron que pretenden que tengamos una reunión con la empresa para que hagamos acuerdos con ellos”, afirmó.
Mientras tanto, la tosquera continúa operando. En el paraje Escobedo, las familias sostienen que la discusión no es solo ambiental, sino también sobre derechos básicos. “Hoy están siendo vulnerados la educación, un ambiente sano, agua y vivienda”, concluyó Alasia.
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