Luego que el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo, Santa Fe, declarara una medida de fuerza en la industria aceitera en rechazo a que se apliquen retenciones del impuesto a las Ganancias fijadas por ley, el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo.

El sindicato había lanzado la protesta para pedir que se abra una mesa de diálogo porque “el gobierno se lleva muchísima plata de las aceiteras” mientras a los obreros no les “alcanza para comer”.

El conflicto, en rigor, comenzó ayer a las ocho de la mañana con la paralización de la planta de Bunge y luego se extendió a otras terminales. La medida iba a durar 24 horas y en el gremio ya tenían pensada una continuidad. “Evaluamos la situación y decidimos continuar con el paro porque no habíamos tenido ninguna respuesta”, comentaron antes que se conociera la conciliación obligatoria.

“No es que no queremos pagar, lo que queremos es pagar algo lógico”, detalló Hugo López, secretario adjunto del gremio. Explicó que a los trabajadores les sacan mensualmente entre 60.000 y 100.000 pesos de impuesto a las Ganancias. “El Gobierno se lleva muchísima plata de las aceiteras y a nosotros no nos alcanza para comer, tenemos que estar pidiendo adelantos”, dijo.

Según manifestó, al paro lo propusieron “para llamar la atención” porque desde hace “muchísimo tiempo” que tratan el tema junto con las empresas, se hicieron al menos 17 notas, pero nunca recibieron una respuesta. “Pedimos que se abra una mesa de diálogo con el Gobierno y con las empresas para encontrar una solución a al problema”, indicó.

Son cerca de 4000 los trabajadores que habían paralizado sus actividades antes de la conciliación en al menos 8 empresas aceiteras.

Se trata de un reclamo que los trabajadores vienen planteando desde hace tiempo. “Lo manifestamos durante el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri; el problema es que antes, descontando el impuesto a las Ganancias medianamente nos alcanzaba, en cambio ahora la gente no tiene para comer”, comentó.

En un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó su rechazo a la medida de fuerza y había solicitado la intervención del Gobierno. “La industria está totalmente paralizada por una razón impositiva absolutamente ajena al sector y además ninguna autoridad política se ha interesado en intervenir por lo tanto la agroexportación queda paralizada con las consecuencias graves para el país”, indicó.

“Dada la existencia de sueldos altos en la industria, todos los trabajadores y trabajadores están sujetos a retenciones por ley. Las empresas se ajustan plenamente al cumplimiento de la ley y no existen errores ni prácticas de retenciones fuera de la ley más allá de algunos argumentos insólitos del sindicato”, agregó.

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