Silobolsas. Apoyos y dudas ante un proyecto de Massa para castigar con cárcel

El proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para castigar hasta con 5 años de cárcel a quienes ataquen silobolsas fue bien recibido por referentes del campo, pero suscitó críticas de parte de la oposición en el Congreso, que elaboró un proyecto propio.

Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideró que la iniciativa constituye "un paso hacia adelante y un hecho contundente" en tanto significa que habría un castigo legal para estos hechos.

En un comunicado, CRA señaló que la creación de la figura del vandalismo rural, contemplada en la iniciativa, "genera una esperanza de empezar a marchar en la dirección correcta, frente al fenómeno de ataques al productor rural". A su vez, enfatizó la necesidad de que se convierta rápidamente en ley, resultado que consideran posible al tratarse de una propuesta "emanada del oficialismo".

El proyecto de Massa cosechó apoyos de entidades de toda la cadena agroindustrial del país. En un comunicado, distintas organizaciones del agro destacan la rapidez en el abordaje del tema "dado que el alcance de los daños producidos afecta a la sociedad entera, en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria, en un contexto en el cual la producción de alimentos resulta fundamental". Además, instaron a que se dé "pronto tratamiento y aprobación a la cuestión dentro del actual periodo legislativo".

Las entidades firmantes son: Acsoja, Argentrigo, Asagir, Asociación Semilleros Argentinos, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe, la Cámara Algodonera Argentina, la Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, la Cámara Argentina de Feedlot, la Cámara Argentina de la Alfalfa, la Cámara Argentina de Productores Avícolas, la Cámara Argentina de Maíz Pisingallo, la Cámara Argentina del Maní, la Cámara de Industriales Arroceros, la Cámara de la Industria Aceitera, la Cámara de Legumbres, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, el Centro de Corredores y Agentes, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el Centro de Exportadores de Cereales, Coninagro, el Consorcio Exportadores de Carnes, la Federación Argentina de la Industria Molinera, la Federación de Centros de Acopiadores de Cereales, la Federación Olivícola Argentina, Frutas de Argentina, Maizar, MATba Rofex y la Mesa Nacional de Carnes.

En tanto, Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agricultura de la Nación, quien hoy presentó su propio proyecto de ley para tipificar el delito de la rotura de silobolsas, consideró problemático el texto del artículo 184 bis, que el proyecto oficialista incorporaría al Código Penal así: "La pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural".

Según el legislador, la pena de dos a cinco años significa que se podría pedir la excarcelación. En cambio, en el proyecto de Buryaile la pena sería de entre tres y diez años.

Por otra parte, el texto del proyecto de Massa agrega el requerimiento de que haya un perjuicio al "normal desempeño" de las actividades. Según Buryaile, esto implicaría diferenciar entre los productores de menores o mayores recursos, ya que podría considerarse que la rotura de silobolsas no interfiere con las actividades de estos últimos. "El delito es romper un silobolsa o quemar un rollo, independientemente de si [la víctima] tiene plata o no. Si no, es Robin Hood", dijo el diputado.

"Los dos proyectos (de Massa y la iniciativa de Buryaile) son apoyados por nuestra institución y la Mesa de Enlace", indicó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. "Ambos muestran, más allá de los contenidos, rapidez y valoración de la magnitud de lo que está viviendo el hombre de campo", expresó el dirigente, que consideró que se necesita no solo una presencia activa para prevenir los delitos, sino también una justicia eficaz y rápida.

Ayer, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, anunció medidas, entre ellas un censo de silobolsas y un informe diacrónico de delitos en zonas rurales, que permitirán "dimensionar la cuestión y reiniciar el trabajo en base a matrices de diagnóstico que permitan delinear políticas preventivas serias y consistentes".

Chemes consideró que el mensaje es positivo y coincidió con la ministra en la importancia de que los productores hagan las denuncias y que las mismas se judicialicen.

"Muchas veces no se hacen porque el productor está cansado de que las denuncias terminen en un cajón. También puede suceder que estén mal asesorados y hagan una exposición policial, que tiene menos fuerza legal que una denuncia", explicó Chemes. CRA anunció un canal de comunicación para proveer asesoría legal a los afectados por los actos de vandalismo.

Por su parte, Iannizzotto comentó que Coninagro está distribuyendo un protocolo entre sus productores y cooperativas para saber cómo obrar ante los hechos delictivos. "Vamos a animar a nuestros productores a denunciar", dijo Iannizzotto, que aseguró que muchas veces el temor paraliza a los productores.

En el Congreso, la diputada nacional Graciela Camaño presentó, junto a sus pares Eduardo "Bali" Bucca y Alejandro "Topo" Rodríguez, un proyecto de declaración de repudio de la Cámara baja a los ataques que vienen sufriendo los productores.

Por otra parte, diputados de la UCR nacional, encabezados por el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, firmaron un proyecto de resolución que convoca a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic, y de Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara baja a explicar las medidas tomadas para investigar y prevenir los ataques a silobolsas. Además de Negri, firmaron el proyecto Buryaile, Atilio Benedetti (extitular de la Comisión de Agricultura) y Jorge Vara (exministro de Producción de Corrientes).

Por Malena Duchovny

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