Disputa por Vicentin: dos empresas interesadas en la cerealera pidieron que se excluya un voto en el cramdown
Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC) solicitaron ante la Justicia que no se considere el sufragio de la acreedora Avir South, que vinculan con Grassi, que también pugna por la compañía
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El proceso en torno al cramdown de la cerealera Vicentin, que cayó en concurso de acreedores en febrero de 2020 con un pasivo superior a los US$1500 millones, sumó un nuevo capítulo, en este caso judicial. Molinos Agro y LDC, que vienen de presentar una propuesta para quedarse con el manejo de la agroexportadora, solicitaron ante la Justicia que se excluya del voto a una firma que, aseguraron en un comunicado, tiene relación con Grassi, que también busca controlar a Vicentin.
“Molinos Agro SA y Louis Dreyfus Company (LDC) informan que presentaron ante el Juzgado interviniente en el concurso de Vicentin S.A.I.C. una solicitud de exclusión del voto de la acreedora Avir South S.A.R.L. (controlada indirectamente por CIMA, Grassi y sus abogados) del cómputo de mayorías, en el marco del procedimiento de cramdown de Vicentin”, señalaron en el comunicado.
Agregaron: “La presentación sostiene que el voto de Avir South no debe contarse a los fines de alcanzar las mayorías requeridas por la ley, pues no se trata de un acreedor original de Vicentin, sino que adquirió sus créditos en forma posterior y en el contexto de una alianza entre Grassi SA y CIMA Investments SA, utilizando una estructura financiera y societaria offshore que compromete la transparencia del proceso”.
También señalaron: “Según la documentación aportada en la presentación, los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel SA (sociedad uruguaya), controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South. Soripel, a su vez, recibió esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (sociedad de Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi SA (Rosario), cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova -que asesora a Grassi-; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA”.
Para Molinos Agro y LDC, su presentación ante la Justicia “busca preservar la transparencia del proceso y garantizar que los acreedores genuinos mantengan el poder y la libertad de decidir entre las propuestas presentadas”.
De acuerdo con estas empresas, “el voto de Avir South debe ser excluido del cómputo de las mayorías requeridas, ya que la ley es clara en establecer que solo los acreedores reconocidos en una determinada sentencia (la del artículo 36 de la Ley de Concursos y Quiebras) pueden emitir voto”. Añadieron: “Permitir que voten acreedores que ingresaron con posterioridad a la misma (como Avir South) y que además son controlados por uno de los grupos que están compitiendo en el proceso, abriría la puerta al “tráfico de votos” y en definitiva a una clara manipulación del resultado del cramdown en perjuicio de los demás acreedores”.
En diciembre de 2024, CIMA SA compró la acreencia que tenían bancos internacionales. En ese momento, el grupo empresario informó que adquirió un conjunto de créditos correspondientes a los montos verificados en el marco del concurso de la cerealera por un total nominal de US$447.194.396,91. Dijo que el detalle de las entidades financieras que cedieron los créditos era el siguiente: IFC, US$205.785.014,45; FMO, US$122.278.129.55; ING, US$46.429.718,73; RaboBamk US$22.781.133.64; MUFG, US$12.381.296,09; SMBC, US$12.381.296,09; Natixis US$, 9.934.586,27.
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