“Doble imposición”: cómo la reforma del Banco Central podría impactar en el campo

Durante décadas, el productor agropecuario argentino ha enfrentado múltiples problemas provocados por el cepo cambiario y una doble imposición no declarada que asfixia la rentabilidad y encorseta el potencial exponencial que tiene el agro. Por un lado, las retenciones explícitas; por el otro, la distorsión del tipo de cambio diferencial impuesto por el Banco Central, que liquida las exportaciones a un dólar oficial retrasado mientras los insumos se pagan a valores financieros o de mercado libre.

​Esta brecha no solo opera como un impuesto encubierto sobre los ingresos del productor, sino que destruye la previsibilidad a largo plazo. Frente a esto, el debate parlamentario [se aprobó en Diputados y se giró al Senado] por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central abre una oportunidad histórica si convertimos la ley en una política de Estado. ¿Cómo ataca este proyecto la causa estructural de la brecha cambiaria? Destruyendo ​la raíz del problema: el funcionamiento durante décadas de un banco central que funcionaba como caja del Tesoro.

Antes de avanzar conviene detenerse en la mecánica de esta doble imposición, el cepo funciona como un recargo distorsivo a la entrada de cada ciclo productivo. Al existir regulaciones cambiarias y restricciones al acceso de divisas, los importadores de fertilizantes, fitosanitarios y repuestos aplican un ‘dólar de cobertura’ para protegerse del riesgo de reposición. El resultado es una brecha asimétrica donde el productor entrega sus granos a un dólar oficial devaluado, pero debe comprar sus insumos a valores alineados con los tipos de cambio financieros. Esta distorsión destruye la relación insumo-producto y configura una exfoliación implícita que no votó el Congreso, vulnerando el principio de capacidad contributiva y castigando la inversión en tecnología que los suelos necesitan.

El origen histórico del cepo y los tipos de cambio múltiples no responde a un antojo administrativo, sino a las necesidades fiscales del gobierno. Cuando el Estado gasta más de lo que ingresa, fuerza al Banco Central a emitir pesos sin respaldo mediante adelantos transitorios y utilidades contables ficticias.

​El resultado de ese exceso de pesos en la economía es la pérdida de valor de la moneda y la fuga constante de reservas. Ante el vaciamiento del Banco Central, los gobiernos de turno, y por sobremanera el kirchnerismo, apelaron a la solución más fácil: clausurar el mercado de divisas, imponer cepos y desdoblar el tipo de cambio. El campo termina pagando el desorden fiscal absorbiendo la brecha entre lo que produce y lo que cobra.

Desde el inicio de esta administración, el Banco Central no otorgó nuevos financiamientos al Tesoro. De haberlo hecho bajo las reglas anteriores, el Tesoro podría haber solicitado adelantos transitorios por aproximadamente 36,6 billones de pesos, una suma que supera el 80% de la base monetaria actual. Este enorme desequilibrio fue el que dio lugar a los abusos del pasado y desembocó en los cepos y en todo el andamiaje regulatorio que tanto utilizó el kirchnerismo.

Mirémoslo también en la experiencia regional. En Perú, una vez implementadas las reformas de independencia de su Banco Central, la inflación pasó de un pico del 7.482% en 1990 a un promedio anual del 2,7% en las últimas dos décadas (el más bajo de la región junto con Chile), mientras que sus Reservas Internacionales Netas alcanzan casi el 30% del PBI. En Chile, al blindar al organismo contra la emisión fiscal, la inflación cayó de picos históricos de tres dígitos a promedios consolidados por debajo del 3% anual, permitiendo que el crédito al sector privado trepara a más del 80% del PBI.

​¿Cómo ayuda la reforma al sector agropecuario? El proyecto que debatimos en el Congreso modifica la arquitectura institucional del Banco Central introduciendo tres cerrojos clave que benefician de forma directa al productor. ​Prohibición absoluta del financiamiento al Tesoro: se eliminan los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades no realizadas. Al terminar la necesidad de la emisión fiscal, desaparece la causa que genera la brecha entre el dólar oficial y los financieros.

​Mandato único de estabilidad monetaria: la reforma elimina la multiplicidad de objetivos del organismo para centrarlo exclusivamente en preservar el valor de la moneda. Un peso estable reduce la volatilidad de los costos operativos del campo.

​Cierre de la emisión para pagar intereses (saneamiento de pasivos): al prohibir la emisión secundaria descontrolada, se limita la creación de dinero sin respaldo, acelerando la convergencia hacia un mercado de cambios unificado.

Existe además un beneficio directo que suele quedar solapado en el debate macroeconómico: el retorno del crédito productivo. Cuando el Banco Central emitía para financiar al Tesoro y luego absorbía ese dinero sobrante pagando tasas astronómicas por sus propios pasivos, los bancos preferían prestarle al Estado antes que al sector privado. Al desmantelar ese mecanismo perverso de absorción, el sistema financiero no tiene otra opción que volver a su función primordial: prestarle al sector real. Un Banco Central saneado permite el financiamiento para la compra de maquinaria y los créditos para capital de trabajo vuelvan a existir a tasas y plazos compatibles con los ciclos biológicos del campo.

​Algunos pueden hablar de una tarea pendiente respecto de blindar la libertad cambiaria. Es cierto que el proyecto no incluye una cláusula que prohíba taxativamente los cepos o los tipos de cambio diferenciales (como sí ocurre en Perú). Sin embargo, la lógica de esta reforma es atacar la causa raíz y no los síntomas: si no hay emisión para el déficit, no hay presión sobre la demanda de dólares y, por ende, el cepo se vuelve una herramienta obsoleta a la que el Estado no se ve en la obligación de acudir.

​Para el campo, esta reforma representa el primer paso real hacia la igualdad de condiciones económicas: el resultado debe propender a que, cada dólar generado por la producción agropecuaria valga exactamente lo mismo que un dólar en cualquier otra actividad de la economía. Sin brecha cambiaria, el esfuerzo del productor vuelve directamente a la tierra, a la maquinaria y al desarrollo de nuestras comunidades locales.

Esta reforma marca el punto de inflexión definitivo para terminar con la doble imposición y la trampa del cepo que durante años castigaron al interior productivo. Al erradicar la emisión fiscal que alimentaba la brecha, el Estado deja de confiscar el trabajo del agro, por la vía indirecta de los tipos de cambio diferenciales. Sin el exceso de pesos que obligaba a imponer restricciones cambiarias, avanzamos hacia un escenario de convergencia y libertad total de mercado, garantizando que el esfuerzo del productor se traducía en rentabilidad real, previsibilidad absoluta y un país donde producir vuelva a ser el verdadero motor del desarrollo argentino.

El autor es diputado nacional (LLA)

Por Luis Picat

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