Economías regionales: alertan por la pérdida de vigencia de un decreto que compatibiliza planes sociales y empleo registrado
Frente a la necesidad de mano de obra para cosechar, productores, la CAME y la Uatre se hicieron eco de la situación; en los sindicatos piden que se mejoren los salarios y que permitan competitividad; en Trabajo evalúan la prórroga
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LA NACION Belkis Martínez
El vencimiento de un decreto del gobierno anterior, que permitía compatibilizar los planes sociales con los trabajos temporarios, volvió a poner en estado de alerta a las economías regionales vinculadas al agro. La medida, impulsada en su momento por productores y entidades gremiales, había logrado resolver un conflicto histórico: los trabajadores podían mantener los planes sociales, mientras realizaban tareas formales durante las cosechas. Sin embargo, desde septiembre, esa compatibilidad dejó de estar vigente y la situación regresó al punto de partida: miles de obreros rurales podrían negarse a ser registrados por temor a perder los subsidios, y los productores quedarían expuestos a sanciones por empleo informal. Las entidades gremiales, además, apuntan a que el dueño de la producción debe mejorar los salarios. Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Trabajo dijeron que ya se solicitó la prórroga.
Cristian Klingbeil, productor yerbatero y uno de los impulsores de la normativa, explicó que el problema atraviesa todas las economías regionales del país, desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro. “En Misiones tenemos trabajo temporario; en otras zonas hay trabajo golondrina, donde los obreros van rotando entre distintas cosechas — de uva, aceituna, yerba o fruta—. Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor terminaba asumiendo riesgos legales y económicos enormes”, señaló. Según Klingbeil, el Estado nunca perdió dinero con esta medida, porque los trabajadores seguían cobrando la asistencia social y, al mismo tiempo, se realizaban aportes jubilatorios por los meses trabajados.
La necesidad había nacido de un largo reclamo que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y se materializó en el decreto 514/2021 y prorrogado con el decreto 423/2023, tras el trabajo conjunto de productores, funcionarios y representantes gremiales. El objetivo era evitar que los trabajadores quedaran desprotegidos al terminar la cosecha, algo que ocurría con frecuencia: al perder los planes durante los meses de empleo formal, luego tardaban mucho en recuperarlos. “Eso generaba conflicto, porque el productor quería blanquear y el obrero no quería perder el beneficio. Tenían razón los dos, por una negligencia del Estado”, remarcó Klingbeil.
La falta de prórroga de esta medida podría generar una nueva ola de informalidad y desánimo en las economías regionales. “El gobierno anterior entendió el problema, no se entiende por qué este no puede hacerlo también. No fue una locura del kirchnerismo, fue una medida que surgió de las economías regionales, con apoyo de todos los sectores. Si algún día la economía se reactiva, se podrá dejar de lado naturalmente. Mientras tanto, necesitamos que continúe para sostener el trabajo en blanco, los aportes y la dignidad de la gente que vive del campo”, precisó.
Enrique Ozeñuk, es un productor yerbatero que se vería afectado con esta situación: “Esta caída de compatibilización de los trabajos rurales con los planes sociales va a traer serios problemas en todo lo que tanto se luchó, que es el blanqueo del personal y la corresponsabilidad gremial. Se había logrado la compatibilidad y ahora se va a perder la asignación familiar de quienes fueron blanqueados. Va a ser un problema bastante complejo. Aún no sabemos cuál va a ser el impacto, pero no será bueno", advirtió. Según dijo, el que trabaja en blanco corre el riesgo de no recibir ninguna otra ayuda del Estado.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), de Misiones, y dirigente de Fetara, vinculados a la CTA, advirtió que la caída del decreto no resolverá los problemas de empleo del sector, ya que la raíz del conflicto es el bajo salario que se paga y las condiciones de trabajo a destajo. En la cosecha yerbatera y citrícola los obreros cobran por producción y no por salario fijo, lo que genera una gran inestabilidad. “Lo que producís es lo que cobras: en la hoja tenés que hacer una tonelada para ganar $35.000 o $40.000 por día. No hay forma de hacerlo. Haces como mucho 500.000 kilos por día y eso es un montón. Poca gente llega", dimensionó. A su juicio, el problema no pasa por la compatibilidad, sino por la necesidad de mejorar los ingresos que pagan los productores para evitar que los trabajadores dependan de planes sociales.
“No tiene nada que ver la compatibilidad o incompatibilidad de trabajo en blanco con los planes sociales. No porque sacaron los planes sociales, van a tener menos trabajadores, el problema es salarial, el destajo: de cuanta hoja vayas a tener que hacer, para poder vivir bien”, resaltó y dijo que esto nunca se pudo resolver. Remarcó que los 10000 millones de kilos de la zafra en esa región se hacen igual.
Según Cubilla, muchos obreros migran temporalmente a Brasil, donde consiguen un mínimo de $100.000 por día que les queda libre de otros gastos. “Tenemos un trabajo cíclico: trabajamos seis meses y los otros seis que Dios te ayude. La propuesta y reclamo es que como la de cualquier otro trabajador. Estamos viajando a todos lados del país buscando trabajo en diferentes producciones", dijo. Hay 2.000.000 de trabajadores rurales a nivel nacional. En la provincia Misiones hay 10.000 trabajadores registrados en la yerba mate, según datos del gremio.
El problema llegó hasta el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde el presidente, Ricardo Diab, llevó adelante una reunión con 15 candidatos a legisladores nacionales para exponer la situación de los diferentes sectores. “Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos”, dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales. Remarcó que avanzar en una reforma laboral es clave para promover la generación de empleo genuino y adaptarse a las nuevas realidades.
José Voytenco, secretario general de Uatre, señaló en un comunicado que presentó una nota formal ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, solicitando la prórroga del decreto, “convencido de que su continuidad es fundamental para seguir promoviendo el trabajo formal y decente en el ámbito rural”. “La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional”, remarcó, quien también preside el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre).
