El agro no entra en la promoción de las grandes inversiones

A menudo se lee que el agro es uno de los sectores junto con la minería, la energía y los servicios que mayor potencial de crecimiento tiene en el país. El motivo por el cual se afirma esto es conocido.

Una de las principales iniciativas del Gobierno que se incluyó en la nueva propuesta de Ley Bases tiene como propósito impulsar a dos de esos sectores, minería y energía. Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que prevé exenciones y beneficios impositivos para proyectos por más de US$200 millones. Una de esas medidas de incentivo consiste en que no se cobrarán derechos de exportación sobre los bienes incluidos en esos proyectos a partir del tercer año de adhesión al RIGI.

Para el agro, a simple vista, esto contrasta con la realidad que año a año lleva adelante: las inversiones anuales de toda la cadena agrícola, la ganadería, la lechería y las economías regionales se sitúan en el orden de los US$60.000 millones, según los cálculos del consultor en agronegocios Ernesto Ambrosetti. Gran parte de esa inversión y gasto en insumos, maquinaria y labores, entre otros, se lleva adelante bajo condiciones contrarias a las que se proponen en el RIGI: el Estado quita recursos en vez de otorgar beneficios.

El otro contraste es que todavía duermen en el sueño de los justos las iniciativas que, desde la propia cadena, se presentaron para lograr incentivos específicos a la actividad. Una de ellas es la propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino. “Con el proyecto de ley que hicimos en el Consejo Agroindustrial generaríamos 16.000 millones de dólares de movimiento económico y 700.000 puestos de trabajo adicionales en todo el país”, explica Gustavo Idígoras, coordinador del CAA y presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara). Según esta iniciativa, explica Idígoras, “todo tipo de inversión, ya sea desde un pozo en un campo este hasta una maquinaria cosechadora o Insumos como fertilizantes, agroquímicos y semillas fiscalizadas pueden tener beneficios determinados”, en cuanto contribuyan a incrementar la producción. “Hay un espacio para que la Argentina, después de 40 años, tenga una ley de inversión agroindustrial”, considera Idígoras.

En el CAA ya comenzaron a entablar diálogos con la oposición que está facilitando la tarea legislativa al Poder Ejecutivo para que esta propuesta avance.

Dentro del agro también hay voces que creen que no hace falta ninguna ley específica, ya que con reglas de juego estables y similares a las de los países que no castigan a la producción, las inversiones se canalizarán hacia los sectores más eficientes. Es un debate abierto.

Por el momento, el Gobierno elige desmalezar el camino de la producción con medidas que no pueden ser discutidas desde el punto de vista fiscal y que tienden a restaurar las condiciones razonables en las que se tienen que manejar los productores y las empresas. Esta semana se dispuso la reducción de cinco a dos las declaraciones del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Los tributaristas del agro destacaron como favorable la medida, aunque advirtieron que todavía resta mejorar cuestiones como las retenciones del IVA a las ventas.

El Gobierno también prepara un escenario a mediano plazo en el que la competencia y las desregulaciones promoverán discusiones internas y posicionamientos nuevos. Una de ellas es la posibilidad de que la vacunación contra la fiebre aftosa se pueda hacer de forma individual y no por medio de las fundaciones. Entidades como CRA y Carbap salieron al cruce de la posible desregulación del sistema, que ya comenzó con la autorización de la vacuna. Otro tema que abrirá el debate será el de la trazabilidad. Esta semana, el Consejo Consultivo de la Carne Bovina, que se reunió en el Ministerio de Economía, recibió la propuesta del Gobierno de avanzar hacia un sistema de trazabilidad obligatoria con el chip y la caravana electrónica. No pocos productores ya pusieron objeciones y dijeron que antes de medidas de este tipo, habría que corregir distorsiones más antiguas como los simple trámites para obtener guías para el traslado de hacienda en los municipios. También aducen problemas de conectividad que perjudican principalmente a los pequeños productores de zonas alejadas, con poco alcance de las redes de Internet.

Son discusiones entre el sistema de la máquina de impedir no termina de caer y la nueva edad dorada de la libre competencia que no termina de llegar.

Por Cristian Mira

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