La unidad del sector, el fondo de financiamiento gremial y el trabajo de los agrodiputados son las prioridades
Después del acto de Palermo, la Comisión de Enlace del campo se prepara para recuperar protagonismo en los meses que vienen en varios frentes: la búsqueda de la unidad del empresariado; el acompañamiento técnico de los agrodiputados; la negociación con el ministro Julián Domínguez; y la consolidación de un fondo para financiar la actividad gremial que podría llegar a los $ 5 millones anuales.
En las próximas semanas, los ruralistas intensificarán los contactos con sus colegas de otros sectores empresariales. Ese acercamiento ya causó cortocircuitos dentro de la Unión Industrial Argentina (UIA), que estuvo representada en el acto del 10 de diciembre por tres de sus vicepresidentes: Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Luis Betnaza (Techint) y Federico Nicholson (Ledesma). Días después, el también vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti (Federación de Industriales de Santa Fe), le dijo a la agencia oficial Télam que sus colegas fueron por su cuenta a la movilización rural y acusó a Biolcati de haber apoyado a "[José Alfredo] Martínez de Hoz y la dictadura en 1976".
Paradójicamente, a la Comisión de Enlace se le hace más difícil tratar con los agrindustriales que con los dedicados a otros rubros. Según reconocen entre los ruralistas, el Foro de la Cadena Agroindustrial, donde conviven más de 40 entidades empresariales, es escenario de constantes "pases de facturas" entre los representantes de la producción primaria y quienes la procesan y manufacturan. Aceiteras, molinos, frigoríficos, procesadores avícolas y lácteas, son los habituales ausentes en las convocatorias del campo.
El sector agropecuario espera que el Congreso sea la caja de resonancia de sus reclamos productivos, pero también de su nueva impronta política. Por eso, con el aval de los partidos de la oposición, los agrodiputados ya coparon la estratégica comisión de Agricultura de la Cámara baja, que podría ser presidida por el ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile. Allí también estarán Ulises Forte y Pablo Orsolini, dirigentes de la Federación Agraria; Hilma Ré, de la SRA; y Jorge Chemes, de CRA, entre otros. Para apoyar su trabajo y buscar influir en otros parlamentarios, la Comisión de Enlace creará en los próximos meses un think tank propio, un centro de estudios e investigaciones que sirva de soporte técnico. No será la única organización no gubernamental que busque ese objetivo. La semana pasada, varias personalidades del ámbito agropecuario, entre ellas Luciano Miguens y Juan Pedro Merbilhaa, ex presidentes de la SRA y de CRA, respectivamente, dieron un nuevo paso en la creación de la Fundación Despertad, cuyo objetivo es instalar las preocupaciones del campo en el Congreso.
Entretanto, seguirán los contactos con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con quien los ruralistas tienen una buena relación personal. "Tarde o tremprano se van a tener que abordar las cuestiones de fondo y él tendrá que empezar a mostrar resultados", dijo una fuente del agro. A diferencia de otros integrantes del Gobierno, el ministro se cuidó de criticar directamente a Biolcati tras sus polémicos dichos y sólo dijo que ese tipo de expresiones "lastiman la memoria de los argentinos".
Finalmente, el agro se aseguró al menos $ 5 millones anuales para financiar la estrategia con la que busca recuperar el protagonismo que cosechó durante el conflicto por las retenciones móviles. Ese dinero es recaudado por el Fondo Federal Agropecuario, un fideicomiso que recoge aportes voluntarios de los productores (el 2 por mil del valor de la venta bruta de granos y hacienda). El 30% de esos recursos se destinarán a sostener el centro de estudios que apoyará el trabajo de los agrolegisladores, y el resto se destinará a financiar la actividad gremial de las cuatro entidades.