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El Gobierno eliminó una traba de 25 años y prepara cambios para facilitar y fortalecer patentes para biotecnología agrícola
Derogó una norma que obligaba a la intervención de diversos organismos en la definición de criterios de patentabilidad para materia viva; falta la eliminación de otra resolución que limita la protección de determinadas innovaciones, según las empresas
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LA NACION Belkis Martínez
El Gobierno derogó hoy una normativa de hace 25 años que establecía un mecanismo especial de intervención de organismos vinculados con agricultura en la definición de criterios de patentabilidad para materia viva y sustancias naturales. La medida, oficializada este jueves mediante la Resolución Conjunta 1/2026 de las Secretarías de Agricultura y de Industria, fue vista por fuentes oficiales y del sector privado como un paso previo a una futura revisión de restricciones que afectan la protección de desarrollos biotecnológicos. Se espera que en los próximos días se publique la derogación de una normativa considerada clave por el sector biotecnológico porque establece criterios de evaluación que limitan actualmente la protección de determinadas innovaciones.
La norma actual eliminó la Resolución Conjunta 99/2001 y 810/2001, que había creado un Grupo de Trabajo Permanente en Propiedad Intelectual integrado por representantes del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Senasa, el INTA y otras áreas del Estado. Además, establecía que cualquier modificación vinculada con la patentabilidad de materia viva y sustancias naturales debía contar con la conformidad de la Secretaría de Agricultura.
Según argumentó el Gobierno en los considerandos de la medida conocida hoy, ese esquema había introducido “rigideces” y una instancia adicional de validación administrativa que dificultaba la actualización de los criterios técnicos de patentabilidad en función de los avances científicos, tecnológicos y jurídicos.
“La introducción de una instancia adicional de validación administrativa, ajena al organismo técnico competente, contribuyó a tornar más complejo y burocrático el proceso de definición y actualización de los criterios de patentabilidad”, señala la resolución.
Una fuente oficial dijo a LA NACION que la decisión apunta a devolver al INPI la facultad plena para definir y actualizar sus directrices técnicas de examen. “En los próximos días el INPI derogará la resolución 283/15. A partir de entonces, las solicitudes de patentamiento vinculadas con materia viva y desarrollos biotecnológicos dejarán de estar sujetas a las limitaciones que imponía esa normativa y pasarán a regirse directamente por la Ley de Patentes", señalaron fuentes oficiales.
La medida no modifica de manera inmediata qué puede o no puede patentarse en la Argentina. La Ley de Patentes 24.481, de 1996, sigue estableciendo que "no son patentables las plantas ni los animales", mientras que las variedades vegetales continúan protegidas mediante el sistema de derechos de obtentor y no por patentes.
Para avanzar en esa línea y de acuerdo con las fuentes oficiales, el próximo paso será la derogación de la mencionada resolución del INPI, que contiene criterios específicos de examen aplicados a solicitudes relacionadas con materia viva. “Hoy los patentamientos se hacen, pero con límites. Ahora removeríamos esos límites y quedarían los criterios de la ley”, explicó una fuente al tanto de la decisión. Según indicó, esa modificación podría concretarse “en los próximos días”.
En el sector privado interpretan la medida como una “muy buena noticia” de parte del Gobierno y una “señal favorable” para la innovación. “No modifica automáticamente qué puede o no puede patentarse, pero abre la puerta a revisar criterios restrictivos que fueron incorporándose con el tiempo”, esclarecieron fuentes de la industria. La eliminación de la instancia interministerial reduce incertidumbre y devuelve al INPI mayor autonomía para resolver solicitudes sobre la base de criterios técnicos y de la legislación vigente.
El impacto potencial se concentra especialmente en el campo de la biotecnología. Por ejemplo, empresas que desarrollan eventos biotecnológicos, mejoramiento genético y otras innovaciones aplicadas a semillas podrían verse beneficiadas si el organismo revisa criterios considerados restrictivos para la protección de determinadas tecnologías.
De acuerdo con las fuentes del sector privado para la biotecnología es “una señal positiva porque podría permitir reanalizar limitaciones que hoy afectan la protección de determinados desarrollos e innovaciones”.
En rigor, en el ámbito semillero, la medida tampoco modifica el sistema de protección de variedades vegetales ni altera los derechos de obtentor previstos en la legislación vigente. Sin embargo, reabre la discusión sobre el alcance de la protección de la propiedad intelectual aplicada a innovaciones tecnológicas incorporadas a las semillas, debate que también aparece vinculado a la discusión sobre una eventual reforma de la ley de semillas.
Tanto fuentes oficiales como privadas coincidieron en definir la resolución como una señal de desburocratización y fortalecimiento de las atribuciones del INPI. La expectativa ahora está puesta en la próxima derogación de la Resolución 283/15 y en los nuevos criterios que eventualmente adopte el organismo para evaluar solicitudes vinculadas con desarrollos biotecnológicos.
La Resolución 283/15 fijó criterios que excluyen de la patentabilidad a plantas, animales, semillas y otros componentes biológicos capaces de generar un organismo completo, aun cuando hayan sido modificados genéticamente. A la vez, estableció exigencias específicas para la protección de eventos biotecnológicos.
Algunas fuentes vinculan esta última decisión con un intento de acercar a la Argentina a estándares internacionales más favorables para la protección de desarrollos biotecnológicos.
Análisis
Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), interpretó la medida como un paso previo a una revisión más amplia de los criterios de patentabilidad aplicados a la biotecnología. Según explicó, tras la Ley de Patentes y su decreto reglamentario se fueron incorporando desde 2001 mecanismos consultivos y normas que restringieron el alcance de determinadas protecciones. “Primero había que derogar esta resolución conjunta. Esto fortalece las patentes vinculadas con eventos biotecnológicos”, afirmó.
Por su parte, María Laura Villamayor, consultora y experta en derecho del obtentor y propiedad intelectual, que participó en esos procesos a los que hizo referencia la resolución de hoy, recordó que el grupo interdisciplinario integrado por representantes del INPI, Inase, Senasa, INTA y otros organismos fue creado para construir criterios técnicos y jurídicos consistentes sobre la protección de la materia viva mediante los distintos regímenes de propiedad intelectual existentes.
Explicó que el objetivo era delimitar con claridad qué innovaciones podían ser protegidas por el sistema de patentes y cuáles debían quedar comprendidas dentro de otros regímenes específicos, como el derecho de obtentor vegetal. En aquel momento, señaló, existían numerosas cuestiones técnico-legales sin resolver en materia de biotecnología y riesgos de superposición entre distintos sistemas de protección.
Villamayor ejemplificó que una interpretación demasiado amplia del patentamiento podría haber permitido que determinadas características incorporadas a una semilla quedaran protegidas mediante patentes de invención, con el riesgo de extender esa cobertura a material genético que tradicionalmente era resguardado a través del régimen de obtenciones vegetales. “Había que evitar confusiones respecto del alcance de las reivindicaciones susceptibles de protección por patentes y aquellas materias que, por su naturaleza, correspondían a otros sistemas”, señaló.
La especialista dijo, además, que la creación de ese ámbito de trabajo no respondió a la intención de generar instancias burocráticas adicionales, sino a la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y a garantizar una interpretación armónica entre organismos con competencias vinculadas. En ese sentido, consideró que los criterios desarrollados por esos equipos técnicos constituyen antecedentes relevantes que deben analizarse dentro de su contexto histórico e institucional, ya que fueron concebidos para aportar previsibilidad y coherencia al sistema de propiedad intelectual aplicado a la biotecnología.
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