En el conurbano: el INTA avanza con la cesión de sus tierras
El predio de la histórica “Cabaña Tuyú”, en el exINTA AMBA, quedó bajo la órbita de la AABE, que podrá definir su reasignación, concesión o eventual venta
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LA NACION Belkis Martínez
A un año desde que se dispuso el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, avanzó con la puesta a disposición de tierras públicas para su eventual desafectación. Pasarán 33 hectáreas de ese predio en Morón, Buenos Aires, a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su eventual venta.
Las fuentes al tanto del procedimiento recordaron que, en febrero pasado, durante una reunión del Consejo Directivo del organismo se determinó que se instrumente el cierre definitivo del AMBA. Esto dio pie para avanzar sobre el predio. Los trabajadores, en tanto, fueron reubicados en otras dependencias, según confirmaron desde el gremio ATE a LA NACION.
Las tierras y predios donde se ubicaba se dispuso que pase a la AABE. Esta decisión se concretó a fines de la semana pasada cuando Bronzovich firmó una resolución interna donde autorizaba el traspaso de un predio histórico del organismo a la AABE. Se trata del inmueble donde funcionaba la EEA AMBA, conocida como “Cabaña Tuyú”, cuya transferencia abre la puerta a un nuevo destino de los bienes del INTA a la órbita del Estado. El inmueble está ubicado en el partido de Morón, antes llamado Seis de Septiembre como consta en la escritura.
El inmueble en cuestión comprende las fracciones 1 a 6 de la parcela 423a (según plano 101-336-84) y el segundo remanente de la parcela 416a (según plano 101-214-89), identificadas en la nomenclatura catastral como Circunscripción IV, parcelas 416f y 423c. Según argumentaron, este conjunto forma parte de un predio de mayor extensión que fue adquirido por el Estado nacional con destino al entonces Ministerio de Agricultura para la instalación de la Estación Experimental Central.
Cabe recordar que en diciembre de 2024 la AABE subastó el histórico edificio del INTA ubicado en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio porteño de Palermo. Aquella puja la ganó Julián Álvarez 1986 SRL, que se dedica a la construcción de edificios y ofreció US$18.500.000.
Gran parte de la última decisión de Bronzovich, que alcanza a la propiedad del AMBA, quedó formalizada en una resolución también acordada con el Consejo Directivo, que integran representantes del Estado y del sector privado, entre ellas entidades rurales. En esa acta N°600, los representantes del Consejo Directivo declaran la “no objeción” para iniciar el proceso de desafectación del predio y se habilitó su remisión a la AABE, el organismo encargado de administrar y disponer los bienes inmuebles del Estado nacional. De esta manera, el ente quedó en condiciones de avanzar con su reasignación, concesión o eventual venta, según los mecanismos previstos por la normativa vigente.
El “desguace” del INTA, como lo llaman en el gremio, comenzó meses atrás con el cierre de esa estación experimental, una unidad clave para el trabajo territorial con agricultura familiar en la región más densamente poblada del país. En febrero del año pasado, como se dijo el Consejo Directivo había aprobado la eliminación de esta experimental, una decisión que impactó en unos 100 trabajadores y en una red de nueve agencias de extensión distribuidas en municipios como La Plata, Escobar, Luján, Moreno y San Vicente.
Esa estructura tenía influencia sobre 39 municipios y la ciudad de Buenos Aires. Un alcance sobre unas 16 millones de personas, con fuerte presencia en la agricultura urbana y periurbana. Su desmantelamiento implicó la reubicación del personal y el repliegue de líneas de investigación y asistencia técnica vinculadas a producciones hortícolas, florícolas y de pequeña escala, fundamentales para el abastecimiento del conurbano.
En su momento, el cierre generó fuertes cuestionamientos internos. Trabajadores del organismo denunciaron la falta de diálogo y advirtieron sobre el impacto en los sectores más vulnerables de la producción. Incluso, desde áreas técnicas se señaló que la medida implicaba desarticular equipos que trabajaban directamente con productores periurbanos y economías regionales.
En diciembre pasado el Gobierno aceleró el proceso para desafectar 42.000 hectáreas, que se encuentran actualmente en “desuso” sin destino a actividades de experimentación ni de producción.
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