La Cámara Olivícola de San Juan advierte que podría dejar al sector en desventaja frente a productos europeos, principalmente de España, que ingresan al mercado con fuertes subsidios en origen
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“No es libre comercio: es competencia subsidiada”. Con esa frase, la Cámara Olivícola de San Juan resume la preocupación que, según la entidad, genera el acuerdo Unión Europea–Mercosur para el sector del aceite de oliva. El temor, señalan, es tener que competir con aceites europeos —principalmente de España— que llegan al mercado a valores más bajos porque reciben fuertes subsidios en origen.
De acuerdo con el planteo del sector, una eventual reducción o eliminación de los aranceles podría derivar en un desplazamiento de la producción local, afectar la rentabilidad, frenar inversiones y poner en riesgo el empleo y la continuidad de economías regionales vinculadas a la actividad.
En ese marco, la entidad difundió un comunicado en el que explicó que el reclamo no responde a una falta de calidad ni de eficiencia de la producción local, sino a las condiciones en las que debe competir frente a productos subsidiados: “No se trata de proteger ineficiencias, sino de evitar una competencia subsidiada”.
Para la organización, el núcleo del reclamo está en el esquema de ayudas vigente en la Unión Europea. España, dicen, principal productor mundial de aceite de oliva, concentra cerca de la mitad de la producción global y sostiene buena parte de su actividad a través de la Política Agraria Común (PAC), además de subsidios nacionales y regionales. “No es un subsidio por una cuestión económica, sino una estrategia político-social para mantener a la población en los territorios y evitar el despoblamiento”, explica el presidente de la entidad, Daniel Fernández, en diálogo con LA NACION.
Según el planteo del sector, ese esquema de subsidios permite que aceites europeos ingresen al mercado a precios más bajos, aun cuando presentan menores niveles de eficiencia productiva. “Estamos compitiendo con aceites poco eficientes desde lo productivo, pero que al estar subsidiados pueden valer menos que los argentinos”, resume Fernández.

De acuerdo con los datos que expone la cámara, esa distorsión se refleja en los indicadores productivos. Mientras en muchas zonas de España los rindes rondan entre 300 y 700 kilos de aceite por hectárea, en San Juan se alcanzan entre 1500 y 1700 kilos, con sistemas tecnificados, riego por goteo y cosecha mecanizada.
Según detalla la cámara, el acuerdo UE–Mercosur prevé una reducción progresiva de los aranceles para el ingreso de productos europeos. Actualmente, la Argentina aplica un arancel cercano al 31,5% al aceite de oliva importado, mientras que Brasil mantiene un arancel del 10%. De acuerdo con el cronograma, esos aranceles se irían desgravando en un plazo de 15 años, hasta llegar a cero.
En ese contexto, la cámara identifica al mercado brasileño como uno de los principales focos de preocupación. Se trata, según describen, de un mercado con fuerte potencial de crecimiento, que produce muy poco aceite de oliva y depende casi por completo de las importaciones. Brasil importa más del 95% del aceite que consume y aparece como un destino estratégico para la Argentina. “Vemos con mucha preocupación el mercado brasileño, que tiene un gran potencial de crecimiento y donde también se destinan exportaciones de aceite de oliva y de aceituna”, sostiene Fernández.
El riesgo, explica, es que con el acuerdo también se reduzcan los aranceles que hoy aplica Brasil, lo que facilitaría aún más el ingreso de aceites europeos. “Ya vemos en góndolas aceites españoles a igual o a menor precio que los aceites argentinos, aun estando vigente el arancel del 31,5%”, advierte. Desde la cámara alertan que una desgravación sin correcciones podría golpear de lleno a la industria local.
Otra situación que, según el sector, refleja el peso de los subsidios europeos es una paradoja comercial que ya se da en la práctica. La Argentina exporta aceite de oliva a granel a Europa, principalmente a España, donde se utiliza para mejorar mezclas locales. Ese aceite luego regresa al mercado regional en envases finales, en algunos casos a precios competitivos. “Que un aceite cruce el Atlántico, se envase y regrese a la región a igual precio o incluso más barato solo es posible por los subsidios”, afirma.
A este escenario externo, la cámara suma una realidad local que, desde su punto de vista, agrava la situación. La producción de aceite de oliva en la Argentina enfrenta costos internos elevados —impuestos, cargas laborales, logística y energía— que impactan directamente en la rentabilidad. En San Juan, además, el cultivo depende del riego por goteo, lo que implica un costo energético significativo. “Somos eficientes en el uso del agua, algo fundamental para la provincia, pero eso tiene un costo importante”, indica el dirigente.

Según destacó la entidad, San Juan es la principal productora de aceite de oliva del país y la olivicultura se ubica como la segunda actividad provincial en superficie y en exportaciones. La provincia concentra unas 18 000 hectáreas productivas y más del 90 % del aceite que se elabora es extra virgen. “Es una actividad muy importante para San Juan, no solo por lo que produce, sino por el empleo y el entramado productivo que genera”, advirtió Fernández.
Desde la cámara señalan que el planteo ya fue llevado al Gobierno y expresan que el plazo de 15 años para la reducción de aranceles fue un logro, frente a otros productos con cronogramas más cortos, aunque consideran que no alcanza. Entre las propuestas, mencionan mantener el arancel actual mientras persistan los subsidios europeos, avanzar en estudios técnicos independientes y aplicar políticas compensatorias internas.
“El problema no es la eficiencia ni el mercado. El problema es competir contra un producto fuertemente subsidiado que entra a un valor menor que su costo real”, sintetiza Fernández. Y concluyó: “La olivicultura argentina es moderna y sustentable. Lo que está en riesgo no es cómo producimos, sino las condiciones en las que nos toca competir”.
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