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“Excede lo presupuestario”: exautoridades del INTA hablaron de una importante pérdida en el organismo
Difundieron una carta pública en la que sostienen que la salida de unos 1800 trabajadores en dos años y medio debilita la capacidad del organismo para generar innovación, investigación y asistencia técnica al sector agropecuario
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Un grupo de exautoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), representantes de organizaciones de productores y miembros de los Consejos Locales Asesores (CLA) difundieron una carta pública en la que advirtieron sobre el impacto que tendrá la reducción de personal en el organismo y sostuvieron que el proceso implica la pérdida de capacidades científicas, tecnológicas y territoriales construidas durante décadas.
Entre los firmantes figuran los expresidentes del INTA Carlos Cheppi, Carlos Paz y Susana Mirassou; el exdirector nacional Roberto Bocchetto; representantes de Bases Federadas, la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe) y de la Red de Consejos Locales Asesores del instituto.
El pronunciamiento se conoce luego de que durante junio alrededor de 900 trabajadores dejaran el organismo a través de los programas de retiro voluntario. Según señala la carta, si se suman esas desvinculaciones a las jubilaciones, renuncias y otros retiros registrados en los últimos dos años y medio, el INTA perdió aproximadamente 1800 agentes.
Para los firmantes, el problema trasciende la reducción de la planta de personal. “La cuestión de fondo son las capacidades que el país deja de tener para generar conocimiento, innovación tecnológica y acompañamiento para el desarrollo a uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía argentina”, dijeron.
En ese sentido, afirmaron que el organismo está perdiendo capacidades científicas, tecnológicas y territoriales construidas durante décadas y remarcaron que una proporción significativa de quienes dejaron la institución cuenta con formación de posgrado y una extensa trayectoria de investigación, desarrollo y trabajo junto a productores, cooperativas, empresas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil.
Según indicaron, las pérdidas son especialmente importantes en regiones como la Patagonia, el nordeste y la región Pampeana, donde el INTA cumple un rol estratégico para actividades productivas muy diversas. También alertaron por la salida de personal técnico y de apoyo, indispensable para el funcionamiento de laboratorios, campos experimentales, agencias de extensión rural y áreas administrativas.
Los firmantes expresaron que las consecuencias ya comienzan a reflejarse en el territorio. Mencionaron que las Agencias de Extensión Rural, principal nexo entre el organismo y los productores, figuran entre las dependencias más afectadas, comprometiendo tareas de capacitación, asistencia técnica, organización de productores y articulación con municipios, escuelas y organizaciones locales. A ello sumaron la reducción de personal en las Estaciones Experimentales Agropecuarias, con impacto sobre investigaciones vinculadas a la producción vegetal y animal, el manejo sustentable de los recursos naturales, el desarrollo rural y los servicios de apoyo.
A partir de allí, en la carta plantearon qué deja de recibir la sociedad cuando desaparecen esas capacidades. Recordaron que el INTA trabaja en todo el país mediante estaciones experimentales, agencias de extensión, laboratorios y equipos técnicos que interactúan con productores, cooperativas, contratistas, empresas agroindustriales, universidades, municipios y organizaciones sociales.
En ese marco, destacaron que los desarrollos del organismo son utilizados tanto por productores familiares y pymes como por empresas que integran algunos de los principales complejos exportadores del país. Entre ellos mencionaron la obtención de nuevas variedades vegetales, recomendaciones de fertilización y manejo de cultivos, sanidad vegetal, conservación de suelos, agricultura de precisión, manejo ganadero y evaluación de nuevas tecnologías.
Los firmantes también repasaron algunos aportes históricos del organismo en distintas regiones. Citaron el trabajo realizado en INTA Manfredi para el desarrollo de tecnologías de maquinaria agrícola que contribuyeron al posicionamiento internacional de fabricantes argentinos; los desarrollos de INTA Reconquista en maquinaria para pequeños productores; los avances de INTA Sáenz Peña en mejoramiento genético del algodón; los aportes de la Reserva 8 de INTA Balcarce para la ganadería bovina y ovina; y el trabajo del campo experimental Pilcaniyeu en el mejoramiento de la lana Merino, la producción de Mohair y el fortalecimiento del Programa ProLana.
La carta también mencionó tecnologías desarrolladas para la deshidratación de hortalizas en Cuyo, la difusión de cultivos andinos como la quinua, el amaranto y distintas variedades de porotos, la incorporación temprana de laboratorios de biotecnología y los aportes de los equipos de virología, patología animal y vegetal, microbiología y entomología para la detección y control de plagas y enfermedades.
Asimismo, enumeró otros desarrollos impulsados por el organismo, como sistemas de captación de agua para familias rurales, boyeros solares, proyectos de electrificación y conectividad rural, tecnologías para almacenamiento de granos, agricultura de precisión, mecanización agrícola, agregado de valor y soluciones adaptadas a las distintas realidades productivas del país.
Los firmantes alertaron que la pérdida de estas capacidades no solo afecta a los productores, sino también al conjunto de la sociedad. Sostuvieron que un debilitamiento de los sistemas de vigilancia sanitaria dificulta la detección temprana de plagas y enfermedades, que una menor investigación aplicada reduce la generación de nuevas tecnologías y que la pérdida de presencia territorial limita el acompañamiento a las comunidades rurales.
En el tramo final del documento reconocieron que el INTA “debe revisar sus prioridades, mejorar su funcionamiento y adaptarse a nuevos desafíos”, pero afirmaron que ese debate debería darse de manera participativa y considerando no solo el costo de sostener la institución, sino también el costo de desmantelar capacidades estratégicas construidas durante décadas.
“La discusión excede lo presupuestario”, concluyeron. Y dejaron una advertencia: “Las capacidades pueden perderse en pocos meses; reconstruirlas puede llevar décadas”.
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