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Fuerte rechazo del campo a que el Gobierno recupere las facultades para el manejo de las retenciones
Dirigentes del sector cuestionaron esa posibilidad incluida en un artículo del presupuesto 2023; la reacción de la Mesa de Enlace
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LA NACION Belkis Martínez
Después de que la Fundación Barbechando alertara de que el Gobierno buscará retomar las facultades delegadas para manejar las retenciones con el Presupuesto 2023, las entidades ruralistas manifestaron su posición e indicaron que la idea que se impulsa a través del Congreso “no ha sido exitosa” y teman que signifique “la posibilidad de incrementar los derechos de exportación”.
La Fundación Barbechando, que sigue los temas de la agenda legislativa, advirtió que el Gobierno tiene ese objetivo con el artículo 96 del presupuesto: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y sus modificaciones, por el siguiente: El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023″. La misma que permitió al gobierno fijarlos hasta el 31 de diciembre de 2021.
En un comunicado, la Mesa de Enlace señaló: “Los representantes del Poder Ejecutivo no pueden auto proponerse funciones que no les corresponden. Los representantes del Poder Legislativo deben dejar de ceder sus facultades propias del cargo para el que han sido votados. Y todos ellos deben dejar de hacer caso omiso a lo dispuesto por la Constitución Nacional, que es la Ley Suprema que debe regir el funcionamiento de nuestro país. Una vez más, la política pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas confiscatorias imponiendo gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que desde el 1° de enero de 2022 no existe marco legal que permita el cobro de derechos de exportación, por eso, recordó que desde la entidad presentaron un amparo en la Justicia Federal de Córdoba representando a todos los productores del país por el que esperan una respuesta favorable.
“Es el Congreso quien tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria, y por eso rechazamos el presupuesto del año que viene que fija atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar este impuesto de la misma manera que le pedimos a los legisladores que debatan el tema en cuestión. Es irresponsable andar delegando facultades de otro poder como si se sacaran la responsabilidad de encima”, apuntó.
Por ese motivo, Pino añadió que “el Gobierno pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas impositivas que imponen gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.
El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, expresó que la iniciativa oficial “es el reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que lo que están cobrando en este momento en concepto de derechos de exportación” y que no tienen sustento legal. “Se están tomando una atribución que va en contra de la ley”, puntualizó.
Por otro lado, indicó el directivo que esto “vuelve a reafirmar la voluntad latente del Gobierno de tener la posibilidad de incrementar los derechos de exportación” a los niveles máximos que en algún momento les delegó el Congreso, y eso es lo que quieren recuperar (en soja ya están en el tope de 33% y en trigo y en maíz estaba la posibilidad en su momento de subir de 12 a 15%). “No veo la intención en este sentido por parte del Gobierno de dar marcha atrás a esa voluntad de permitir, después de lo que ocurrió con el dólar soja, un despegue de la economía agropecuaria que, en definitiva, generaría un despegue de la economía del país”, destacó.
En línea con sus palabras, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, indicó en declaraciones radiales: “Entiendo que no debería delegar más; no ha sido exitosa esta idea de delegar” y siguió: “Hoy más que nunca la ciudadanía busca control legislativo; hoy no están dadas las condiciones y menos en un gobierno de estas características”.
Por su parte, Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, destacó: “Insistir con prorrogar los derechos de exportación a través de la ley de presupuesto va en contra de una mayor producción y va en favor de una mayor presión fiscal; es muy preocupante que esto suceda en un año como este donde la seca va a ocasionar un efecto muy devastador. Los derechos de exportación, tengas pérdidas por sequía o no, tenés que pagarlos igual. Nosotros insistimos en que debemos abordar la discusión por una reforma fiscal integral, donde se privilegie los impuestos a las ganancias y no impuestos regresivos, como ingresos brutos y derechos de exportación”.
Y agregó: “Esto afecta a los pequeños productores y economías regionales que hoy habían tenido un tratamiento especial y ahora vuelven a tener el riesgo de tenerlos [los derechos], cuando las economías regionales están muy vinculadas con los precios internos y muchos de estos vinculados a la brecha cambiaria. Insistimos en que no es la mejor solución”. Además, insistió en que propician que esto se discuta abiertamente en el Congreso a través de los distintos bloques como se hizo oportunamente con otros proyectos de ley. “Seguramente, en la búsqueda de los consensos dentro de los representantes del pueblo vamos a encontrar una mejor salida para la economía, la sociedad y la economía en su conjunto”, sintetizó Laucirica.
Por otra parte, desde la Federación Agraria Argentina (FAA) expresaron su repudio ante el nuevo intento del gobierno nacional de recuperar la potestad de modificar las alícuotas de retenciones. “Nuevamente, el Ejecutivo busca discrecionalidad, cuando la facultad de establecer y modificar impuestos es atribución exclusiva del Poder Legislativo. Por eso le pedimos a los legisladores que no vuelvan a permitir que prospere este intento, por la salud de la democracia y los principios republicanos”, especificaron.
“Es tiempo de que los legisladores se animen a dar la discusión y tratar una ley de reforma impositiva progresiva e integral, y avanzar hacia un retiro gradual de los derechos de exportación, hasta eliminarlos. En nuestros encuentros con los bloques, meses atrás, nos apoyaron en el planteo, por lo que ahora es tiempo de dar el debate. De todos modos, mientras tanto, no tenemos dudas de que, si hay que modificar impuestos de cualquier tipo, se debe discutir en el Congreso de la Nación y no en un despacho de Balcarce 50″, completaron.
En tanto, el economista Juan Manuel Garzon se manifestó a través de Twitter sobre el tema: “En setiembre, los derechos de exportación representaron el 20,4% de los ingresos tributarios totales del sector público nacional. Récord de últimas décadas para un solo mes. El campo poniendo como nunca. Den las gracias al menos”.
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