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Gigante concursado: Granja Tres Arroyos declaró un pasivo de $536.000 millones y más de $126.000 millones en cheques rechazados
La empresa informó más de 4800 acreedores; la Justicia protegió parte de la operatoria, pero no levantó los embargos de sus cuentas
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LA NACION Belkis Martínez
La empresa avícola Granja Tres Arroyos (GTA), que pidió la apertura de su concurso preventivo de acreedores, informó ante la Justicia que acumulaba más de $126.000 millones en cheques rechazados y que había ingresado en cesación de pagos el 29 de enero pasado, cuando no pudo afrontar documentos por $2.070.722.822,03. Además, de acuerdo con la información contable acompañada al expediente, al cierre de 2025 registraba un pasivo de alrededor de $536.000 millones, unos US$350 millones al tipo de cambio oficial.
La presentación fue realizada en el expediente COM 18.558/2026, caratulado “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La compañía pidió que el trámite se desarrollara en forma conjunta con las sociedades Holding Agro Industrial SA (HAISA), Wade SA y Avex SA, a las que identificó como integrantes del denominado “Grupo GTA”. En forma subsidiaria, solicitó que, si ese planteo no prosperaba, se abriera el concurso individual de cada una de las firmas. La empresa declaró más de 4800 acreedores, que deberán atravesar el proceso de verificación de sus créditos.
En el escrito, GTA señaló que el deterioro financiero también quedó reflejado en los estados contables que la compañía incorporó al expediente. Según los gráficos presentados dentro de los documentos de la causa, se puede ver que al 31 de diciembre de 2025 los activos rondaban los $760.000 millones, mientras que los pasivos alcanzaban aproximadamente los $536.000 millones y el patrimonio neto se ubicaba cerca de los $224.000 millones. Un año antes, los pasivos eran del orden de los $451.000 millones y el patrimonio neto alcanzaba los $341.000 millones.
La composición del pasivo muestra que los principales compromisos correspondían a préstamos y pasivos financieros, por unos $199.000 millones, y a proveedores, por aproximadamente $161.000 millones. A ello se sumaban unos $52.000 millones por impuesto diferido, $46.000 millones en deudas laborales y previsionales, $32.000 millones en obligaciones fiscales, además de otros pasivos y compromisos con partes relacionadas.
La compañía también reconoció una fuerte caída de sus resultados. En la documentación se señaló que los “Resultados No Asignados” habían pasado de un saldo positivo de $3944 millones en 2022 a valores negativos de $68.969 millones en 2023 y $37.108 millones en 2024. Para el cierre de 2025, GTA proyectó “un saldo negativo de $122.052 millones”. A eso se sumó un incremento de las obligaciones previsionales regularizadas mediante planes de pago. Según el escrito, esas deudas pasaron de $2299 millones al cierre de 2023 a $10.935 millones al cierre de 2024. La empresa agregó que, durante ese último ejercicio, el auditor externo incorporó por primera vez un párrafo de énfasis sobre la situación económica y financiera de la firma.
Influenza aviar
Otro de los datos incluidos en la presentación fue la evolución de las exportaciones avícolas. GTA informó ingresos por ventas externas de US$175,8 millones en 2022, que bajaron a US$85,7 millones en 2023, se recuperaron a US$105,1 millones en 2024 y volvieron a descender a alrededor de US$87 millones en 2025.
En el expediente, GTA atribuyó su crisis a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos mencionó “el estancamiento del mercado doméstico, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades para trasladar los mayores costos a los precios, el ingreso de carne aviar importada, el cierre de mercados externos luego del episodio de influenza aviar de 2023, la sequía de la campaña 2022/23 y el aumento de los costos de energía, logística, materias primas y mano de obra”.
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado con la operación de Cresta Roja. GTA sostuvo que en marzo de 2018 se constituyó en “garante de Wade SA por las obligaciones” derivadas de la adquisición de las unidades productivas de la firma avícola. En la presentación se hizo referencia a un precio contractual global de US$80 millones, del cual todavía existía un saldo pendiente de cancelación y se señaló, además, que fue necesario realizar desembolsos por más de US$25 millones para recuperar capacidad productiva y recomponer instalaciones.
De la presentación también se desprende que GTA pidió que el concurso se tramitara junto con HAISA, Wade y Avex, bajo las normas que regulan los agrupamientos económicos. Según la documentación presentada, “HAISA posee el 99,941% del capital y de los votos de Granja Tres Arroyos”, mientras que “el resto corresponde a accionistas minoritarios”, varios de ellos integrantes de la familia fundadora.
La propia compañía sostuvo que las cuatro sociedades actúan desde hace años bajo una dirección económica común, con miembros de los directorios compartidos, actividades integradas y una cadena productiva que incluye genética, incubación, alimento balanceado, engorde, faena, industrialización, logística y comercialización.
Competencia
El Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, entendió que no era el tribunal que debía continuar con el expediente, decidió intervenir de manera provisoria ante la urgencia planteada por la empresa. El juez Germán Páez Castañeda consideró que esperar hasta que asumiera el magistrado competente podía afectar la continuidad de la actividad, especialmente por la necesidad de mantener el suministro de electricidad y gas y una operatoria bancaria mínima.
Por eso, el juzgado hizo lugar solo a una parte de las medidas solicitadas por GTA. En primer lugar, ordenó a los bancos no pagar los cheques de pago diferido que la empresa hubiera emitido antes del 9 de septiembre de 2026 y que vencieran después de esa fecha. También dispuso que esos rechazos no fueran computados para multas o inhabilitaciones vinculadas a la cuenta corriente. Además, no obligó a los bancos a mantener abiertas las cuentas de GTA ni a reabrir aquellas que ya hubieran sido cerradas. El juez sostuvo que no correspondía imponer judicialmente a una entidad bancaria la continuidad de una relación contractual. Tampoco hizo lugar al pedido para que el Banco Central modificara el tratamiento administrativo de esos rechazos.
Autorizó “la apertura de una cuenta corriente en el Banco Ciudad, sin giro en descubierto y de carácter inembargable, destinada exclusivamente al pago de sueldos, cargas sociales, contribuciones e impuestos”.
El juzgado también ordenó a “las empresas de electricidad y gas que no suspendieran ni redujeran los servicios por deudas anteriores al 9 de septiembre. Si algún suministro ya había sido cortado, debía ser restablecido”. Las facturas generadas después de esa fecha, en cambio, deberán ser pagadas normalmente por GTA.
El juez no levantó los embargos e inhibiciones que ya pesaban sobre las cuentas bancarias de la empresa. Consideró que esa decisión deberá ser tomada más adelante por el juez que quede a cargo del concurso, una vez que intervengan también el síndico y los acreedores afectados.
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