Hay 200 vacunos en riesgo: se empezaron a morir por falta de alimento los animales que esperan una definición judicial

“Se empezaron a morir los animales”. De esta forma resume el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), Carlos Roldán, la situación que vive en la entidad después de que la Justicia desbaratara una banda que robaba, faenaba y comercializaba hacienda en la zona de La Cruz, en el sur de esa provincia. Las vacas secuestradas en los allanamientos fueron enviadas al predio de la Rural hasta que la fiscalía, a cargo de Facundo Sotelo, liberara la orden de traslado a un campo donde podían tener pasturas, pero ahora comenzaron a morirse por falta de alimentos.

El caso se originó a principios de enero tras la intercepción de un camión jaula con 20 animales que circulaba con documentación irregular. A partir de allí se realizaron seis allanamientos y un operativo adicional que permitió recuperar alrededor de 250 cabezas —entre vacas, novillos y terneros— y derivó en una causa con tres detenidos con prisión preventiva, un prófugo y dos mujeres notificadas en carácter de investigadas. LA NACION intentó contactarse con el fiscal de la causa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

De las casi 250 cabezas secuestradas, hasta ahora 65 fueron restituidas a sus propietarios, quienes certificaron ser los dueños. Sin embargo, 198 animales quedaron alojados en la Sociedad Rural de La Cruz porque no pudieron ser identificados. “Algunos no se pudieron entregar porque no se pudo identificar la marca; otros porque tenían una marca sobre otra y era ilegible; y otros porque no tenían ningún tipo de marca, lo que en el campo se llama ‘orejano’. No se puede saber de qué origen son”, contó Roldán a LA NACION.

Según detalló el dirigente, cuando en enero se hizo la identificación que incluyó la devolución de los animales a sus propietarios, la ASRC solicitó que la hacienda no reclamada fuera trasladada a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en Santo Tomé —un predio recuperado del narcotráfico— donde podría continuar alimentándose hasta que se resuelva la situación judicial.

“Hicimos la gestión con el INTA, informamos a nombre de quién debía hacerse la cesión y pasamos todos los datos para que el fiscal emitiera el oficio de traslado. Autorizó el traslado, pero no dijo dónde. Así no sabemos a dónde llevar las vacas; si hacemos algo indebido, estaríamos incumpliendo la ley”, aclaró el dirigente quien espera que la fiscalía pueda librar la orden para que los animales puedan seguir alimentándose y mantenerse en producción hasta que la Justicia definiera su situación.

Mientras tanto, narró, la Sociedad Rural asumió los costos del traslado inicial de los animales que demandó más de $4 millones en fletes, a lo que se sumaron alrededor de $2 millones en alimentación durante la primera semana. Ahora, la entidad no puede seguir costeando los gastos. “La Sociedad Rural no tiene espacio ni capacidad económica para dar de comer a la hacienda eternamente. Ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio Público se hicieron cargo”, aseveró.

La falta de comida empezó a hacer estragos en los lotes de animales que quedaron en el establecimiento. “Tenemos 12 animales muertos ya y el resto está en un estado deplorable, sumamente flaco. De seguir así, en el corto plazo van a ir muriendo todos”, advirtió Roldán. Aclaró que un fiscal, acompañado por un escribano y un veterinario, constató recientemente el estado de los animales y las muertes registradas.

Roldan aclaró que la entidad no puede asumir los costos de los alimentos porque no tienen ingresos permanentes. Además, tener a estos animales en el predio está generando una crisis económica en la entidad. “Las rurales viven de los remates mensuales. El Senasa no autoriza el ingreso de animales a un remate cuando hay otros animales dentro”, explicó el dirigente, quien consideró que la situación implicaba “un apriete económico”.

En paralelo, el Ministerio Público convocó a un concurso para crear una fiscalía rural en Paso de los Libres, con competencia sobre La Cruz y otras localidades de la zona, históricamente afectadas por el abigeato y el robo organizado de hacienda. No obstante, señaló, la decisión no es retroactiva, por tanto, debería accionar el fiscal que inició la investigación de la causa. Para el productor esta decisión ya debería pesar sobre la fiscalía general, a cargo de César Sotelo, pero para que eso suceda tendría que intervenir el Ministerio Público.

“Si el planteo que nos hacen es que está en investigación y no se sabe si todos los animales son robados; tienen que ir a una dependencia pública como el INTA. Que queden en ese campo, comiendo, produciendo, pariendo y no muriendo”, insistió. Agregó también que los animales se pudieron haber rematado cuando aún estaban en condiciones comerciales “y con esa plata dotar de implementos a la Policía Rural, a alguna escuela, a los caminos rurales, a la electrificación rural”. El deterioro actual redujo significativamente su precio.

En esa región, según los reportes oficiales, unos 45 productores resultaron afectados por el robo y abigeato de hacienda en localidades como La Cruz, Santo Tomé, Alvear, San Roque, Saladas y Bonpland, con especial gravedad en la franja sobre el río Uruguay, donde la cercanía con Brasil aumenta los casos.

Por Belkis Martínez

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