INTA: las versiones que tienen en alerta a la Mesa de Enlace

Al interior de la Mesa de Enlace hay movimientos sigilosos, conversaciones que se cruzan informalmente, con foco en un punto: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Luego del documento que circuló firmado como “Frente de Todos-INTA”, atribuido a un sector supuestamente interno del organismo, donde además de pedir el regreso de una Junta Nacional de Granos se reclamaba la “inclusión de pequeños productores y productores familiares en el Concejo Directivo del INTA”, en la Mesa de Enlace por estos días quieren saber qué hay de cierto en torno de algunas versiones que llegaron a sus oídos, como una posible iniciativa de ampliar el Consejo Directivo del INTA para diluir la participación de las organizaciones gremiales del sector.

El Consejo Directivo del organismo tiene 10 miembros. Por las entidades del agro están la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) más la técnica Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea). El resto de los lugares son para universidades, el Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo.

“El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo”, dice en su página de Internet este organismo hoy presidido por Susana Mirassou. Luego se lee que al ser un cuerpo colegiado “se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional”.

Hace unas semanas, en un comunicado conjunto, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), una entidad nacida de la FAA que tiene agenda propia frente a la conducción actual de FAA, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra reclamaron un lugar en el Consejo Directivo del INTA para “la agricultura familiar campesina y cooperativa”.

“La agricultura familiar y campesina representa el 65% de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13% de las tierras cultivadas, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural, según datos brindados por el mismo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)”, dijeron.

“Es por esto que el hecho de que de los 10 lugares que conforman el Consejo del INTA, 5 los ocupen entidades que representan al mismo sector del campo (Aacrea, FAA, Coninagro, CRA y SRA) y los otros 5 lugares los completen las universidades, el Ministerio de Agricultura y el Poder Ejecutivo Nacional, nos parece un desacierto. La Agricultura Familiar no está representada y eso conforma una discriminación”, remarcaron.

Quienes en el ruralismo temen un avance oficial para cambiar la composición del Consejo Directivo se están movimiento para llevar el tema a lo más alto que puedan a nivel del Gobierno. Quieren conocer qué hay de cierto en torno de las versiones y hasta dónde se pensaría avanzar.

“Se quiere hablar con ellos (por el Gobierno) para ver qué hay sobre todo lo que está circulando”, contó una fuente que conoce este tema en el gremialismo rural. Juzga que no sería necesitaría una ampliación porque, entiende, el tema de la agricultura familiar ya se podría dar como representada por FAA.

Para quienes siguen este tema, la eventual ampliación tendría su lógica en la relevancia en que el Gobierno y el Ministerio de Agricultura en particular les está dando a la agricultura familiar. Recientemente, el Banco Nación puso a disposición para los agricultores familiares una línea de crédito por $500 millones con tasas subsidiadas. El año pasado, el mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzó un plan de inversiones por 12.781 millones de pesos para el fortalecimiento del sector de la agricultura familiar.

“Preocupa el cuestionamiento a la representación que se hace a las entidades por la agricultura familiar, cuando tanto Coninagro como FAA, la mayoría de sus asociados, son agricultores familiares. Además este tema tiene su propio espacio en una Secretaría de gobierno específicamente para definir políticas públicas al efecto. Pareciera que se quiere desmerecer a las entidades por razones políticas-ideológicas e instalar otras para no discutir los problemas reales que tenemos”, apuntó otra fuente al tanto de este tema que preocupa a las entidades gremiales.

Algunos creen que cualquier modificación que se haga en el Consejo Directivo debería hacerse con un cambio al decreto ley 21.680 de creación del INTA, de 1956. Esa norma fijó en siete los miembros y respecto de la producción los estableció en tres. Luego, en 1986, un decreto de Raúl Alfonsín precisó que las entidades agropecuarias a las que se hace referencia en el decreto ley son Aacrea, Coninagro, Federación Agraria, CRA y la Rural.

Por Fernando Bertello

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