Junta Nacional de Granos: cómo fue el organismo que despierta temores en medio del caso Vicentin
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LA NACIONFernando Bertello
El mes pasado, una senadora del kirchnerismo puro, Silvina García Larraburu, volvió a presentar, por cuarta vez, un proyecto para crear una Junta Nacional de Granos como la que existió entre 1933 y 1991.
La presentación de esa iniciativa generó una fuerte repercusión en el sector, que no quiere se repita esa historia. Algunos vuelen a sentir ese temor con el anuncio de la intervención y proyecto para expropiar Vicentin, la cerealera que entró en default con unos US$1350 millones.
El tema regresa a escena, además, con una pregunta: ¿por qué no hay que tomar iniciativas como las de la Junta Nacional de Granos?
Marcelo Regúnaga fue el secretario de Agricultura que, en su momento y con Domingo Cavallo como ministro de Economía, llevó adelante la disolución de la Junta Nacional de Granos. Está convencido de que es "un disparate extemporáneo volver a insistir con ese organismo".
"Si en algún momento tuvieron razón de ser, hoy no existen más juntas en el mundo; se disolvieron", remarca. En la Argentina, el ente comenzó adquiriendo lino, maíz y trigo y en su último tramo se focalizó en el trigo. Actuaba con precios sostén, compraba la mercadería para después almacenarla y venderla a precios más bajos a los molinos harineros. Tenía financiamiento del Tesoro e inclusive se usaban créditos internacionales para el sostenimiento.
Por ese mecanismo de vender más barato llegó a acumular millonarias deudas. El fallecido último expresidente de la Junta, Guillermo Moore de la Serna, dijo el año pasado que cuando asumió en el organismo, en 1989, tenía una deuda de unos U$100 millones. A la Junta hasta se la llegó a usar para otros fines, como pagar los servicios por los "pollos de Mazzorín" que, en 1988, quien fue secretario de Comercio Interior, Ricardo Mazzorín, ordenó importar desde Hungría para bajar los precios.
¿Pero, qué fue concretamente la Junta Nacional de Granos? Antes de mencionar el caso argentino, vale recordar que en el mundo existieron experiencias como las de Australia y Canadá. Más allá de las particularidades, las lógicas que impulsaron su creación fueron desde la estabilización interna en materia de producción y exportaciones, como también afrontar supuestas fallas del mercado.
En la Argentina, la decisión de avanzar con una Junta Reguladora de Granos en 1933 -tal el nombre de ese momento- se dio en el contexto de un fuerte deterioro en los términos de intercambio y en medio de políticas proteccionistas en el mundo. Antes de la Junta se había probado con un fuerte control de cambios que perjudicó a los productores, como lo recuerda un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Por ese momento, según la BCR, la Argentina exportaba el 50% de la cosecha de trigo, el 90% de la de lino y el 80% de la de maíz. Las ventas externas del país habían caído de US$1000 millones en 1928 a US$335 millones en 1932. La Junta empezó poniendo precios mínimos para esos productos como una forma de ayudar a los productores.
En el contexto de la II Guerra mundial, la Junta tuvo un rol más monopólico en el comercio de granos, luego mutó su nombre por el de Junta Reguladora de la Producción Agrícola para alcanzar todos los productos del campo y en 1946 pasó a ser controlada con el peronismo por el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI).
"El IAPI actuaba como comprador exclusivo en el comercio de granos, básicamente de trigo, fijando un precio de compra a los productores y negociando luego las cosechas en los mercados externos a valores más elevados. Al eliminarse la libre formación de precios, se prohibió la operatoria de los Mercados a Término y la fijación de precios de pizarra de las Cámaras Arbitrales de Cereales", señala el escrito de la BCR.
"La utilización arbitraria de los recursos obtenidos, la falta de una política coherente de desarrollo agrario y reconocidos procesos de corrupción en la administración del organismo, afectaron seriamente el progreso de la agricultura nacional. El desaliento de los productores por sus bajos ingresos condujo a una fuerte caída en la superficie cultivada y al desplazamiento de tierras agrícolas a la ganadería. Por otra parte, se desatendieron los mercados externos, lo que ocasionó la pérdida de muchos de ellos por mera negligencia (por ejemplo el del lino)", indica la entidad.
En 1956, liquidado el instituto -tras la caída de Juan Perón- se creó la Junta Nacional de Granos (JNG). Empezó comprando solo cuando los precios mínimos establecidos no se alcanzaban en el mercado pero luego viró a una mayor intervención sobre el comercio y hubo, de nuevo, bajas en la producción. En 1976, luego del golpe militar, pasó a ser un jugador más en el mercado, pero con mayor protagonismo con el trigo que, como se mencionó antes, estaba ligado al abastecimiento para la industria molinera. Esa fue la función más importante en los ochenta.
Para Regúnaga, volver a una Junta no solo implicaría armar una estructura con "cientos de personas" con equipos comerciales, administrativos, legales y de manejo operacional -la Junta controlaba los principales elevadores en Rosario, San Nicolás, Necochea, Bahía Blanca y Buenos Aires- sino contar con financiamiento de millones de dólares. "En este momento es un disparate", insistió el exsecretario de Agricultura de la Nación. En agosto de 2019, cuando el ahora canciller Felipe Solá sugirió la recreación de un organismo para abaratar en última instancia los precios del pan, Regúnaga expresó que la Junta no hubiera podido administrar el fenomenal crecimiento de 30 a 150 millones de toneladas en la cosecha argentina.
Según un trabajo de la Rural, en los últimos 120 el agro produjo más siempre que tuvo de su lado políticas ligadas a la libertad económica y a la no intervención de los mercados. Por el contrario, cayó cuando lo que se aplicaron fueron medidas de control o intervencionistas. Solo para mencionar un período, entre 1944 y 1958 hubo una caída anual del 1,7% en la producción de cereales y oleaginosas. En ese momento estaba a pleno el IAPI.
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