La guerra del vino: el Gobierno y la Copal tienen en la mira a una entidad del sector vitivinícola

Después de que la Corporación Vitivinícola de la Argentina (Coviar) aprobara un aumento del 45% en la contribución obligatoria al sector vitivinícola, se produjo un rechazo por parte de la Secretaría de Agricultura y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal): cuestionaron tanto la vigencia de las facultades de la entidad como el impacto sobre productores y bodegas. En Coviar indicaron que los argumentos esgrimidos por quienes criticaron son “demagogia” pura y que estaban enterados. Los fondos se usan, entre otras cosas, para actividades de promoción.

En el Acta 187/2025 publicada en el Boletín Oficial, Coviar fijó nuevos valores por litro o kilo elaborado, que van desde $0,702215 por kilo de uva fresca hasta $4,382024 por litro de mosto concentrado, según el tipo de producto. La medida fue justificada en el documento por un “índice corrector” y enmarcada en la Ley 25.849 y el decreto 1191/2004.

Se ponderó que en el informe técnico del Observatorio Vitivinícola el ajuste calculado fue del 71,4% respecto del año anterior, pero la Mesa Ejecutiva propuso no aplicarlo de forma inmediata por el contexto macroeconómico, la desinflación incipiente y las dificultades del sector. Dijeron que, por eso, el Directorio resolvió diferir tres meses la actualización y, finalmente, aplicar solo un 45% de aumento, para “atemperar” el impacto. Así, se dejaron sin efecto reservas previas y se fijaron los nuevos valores a partir de la publicación, sin retroactividad.

Tras conocerse el aumento, desde la cartera agrícola a cargo de Sergio Iraeta, manifestaron estar “en desacuerdo” con la resolución aprobada por el directorio de la Coviar. “La Coviar es una persona jurídica de derecho público no estatal, cuyo directorio está compuesto por 18 miembros, de los cuales 13 son del sector privado, 3 pertenecen al sector público provincial y 2 al sector público nacional. El Instituto Nacional de Vitivinicultura [INV] que representa a la Secretaría de Agricultura, dejó expresamente declarada su voluntad de no acompañar la decisión adoptada y tomará todas las medidas necesarias para frenar dicho aumento", dijeron.

En rigor, para este año, las contribuciones obligatorias serán de $0,847979 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración; $0,714940 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, excepto el mosto concentrado; $1,171074 por litro de producto fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, excepto el mosto concentrado; $4,382024 por litro de mosto concentrado destinado al consumo interno o a la exportación; y $0,702215 por kilogramo de uva fresca ingresada a los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas.

Desde Copal señalaron que, Coviar, un ente público-privado creado para el Plan Vitivinícola, en 2020 terminó su mandato, pero sigue cobrando. “Ahora quiere aumentar un 45% en 2025 la contribución obligatoria que ahoga a productores y bodegas. En un país donde la presión fiscal sobre el sector ya llega al 43%, Coviar pretende sumar otra carga. El resultado: menos competitividad, menos inversión, menos empleo. Bodegas de Argentina denuncia que Coviar ya no tiene legitimidad para cobrar ni aumentar este impuesto: las facultades expiraron con el PEVI 2020. Aun así, insiste en hacerlo", subrayaron.

Hicieron mención al rechazo que hizo la Secretaría de Agricultura: “No están solos en este rechazo, el Gobierno de Mendoza y el Gobierno de San Juan también expresaron su desacuerdo con el aumento. El argumento de desinflación paulatina usado por Coviar para justificar el aumento es un chiste de mal gusto frente a los datos reales del mercado. No hay alivio inflacionario que soporte semejante presión fiscal", observaron.

Según dijeron, esto “no es solo un número en una resolución”. Señalaron: “Es más presión sobre viñateros, trabajadores, pymes y exportadores. Es poner en riesgo la identidad y la proyección internacional del vino argentino. Cuando el sector necesita oxígeno para producir y vender, Coviar le exige más erogaciones sin un plan claro y sin rendir cuentas. ¿Quién gana con esto? Spoiler: no es el productor. El pedido es claro: basta de cargas injustificadas. El futuro del vino argentino no se defiende exprimiendo a quienes lo hacen posible, sino apostando por políticas que lo fortalezcan".

Desde la Copal remarcaron: “Esperamos que la Secretaría de Agricultura impulse la desregulación de Coviar y se frene este aumento y que el Congreso avance en la reforma de la ley que la sostiene. Es momento de actuar".

Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a importantes bodegas del país, también señaló que “a la fecha dicha institución no tiene competencias para cobrar, menos aún incrementar las alícuotas”, que expiraron con la finalización del plan que dio origen a su creación, PEVI 2020.

“Las empresas del sector continúan obligadas por ley a aportar recursos a Coviar, bajo la pena de inmovilización de sus operaciones por parte del INV, en caso de incumplimiento o mora. El vino argentino atraviesa una coyuntura crítica. En este contexto, resulta inadmisible seguir sosteniendo de manera compulsiva a instituciones que no cumplen con su propósito y que se han convertido en una carga impositiva insostenible. La presión fiscal acumulada sobre el sector ya alcanza niveles alarmantes, siendo del 43% la carga impositiva actual, lo que compromete seriamente la sustentabilidad de las empresas y la competitividad internacional del vino argentino“, indicaron.

Dijeron que el argumento de una “desinflación paulatina” utilizado por Coviar para justificar el aumento resulta desafortunado frente a los indicadores reales del mercado. “La decisión de aplicar este ajuste representa una carga adicional injustificada, que ignora el esfuerzo sostenido del sector por preservar el empleo, la inversión y la calidad productiva en condiciones adversas”.

En tanto, desde Coviar aclararon que los cuestionamientos y rechazos responden a “demagogia o desconocimiento” y que la Secretaría tenía conocimiento pleno de todos los pasos. Aclararon que el aumento no es excepcional: todos los años se realiza una actualización, que puede ser positiva o negativa, calculada sobre la canasta de productos vínicos (vino fraccionado, mosto, pasas, etc.) según la polinomia establecida.

Este año, el índice técnico arrojaba 165%, pero aplicando un método de comparación mes de cierre contra mes de cierre se redujo a 71%. Sobre ese número, y tras reuniones con la Secretaría de Agricultura —que pedía una actualización del 0%—, el Directorio resolvió fijarlo en 45%, evitando desfinanciar a la institución. Incluso se acordó suspender la aplicación por tres meses (abril, mayo y junio) y revisarla en julio.

Mario González, presidente de la Coviar, explicó que la entidad es dirigida por un Directorio público-privado, pero el sector privado define este punto porque el financiamiento proviene de las bodegas; el sector público no aporta ni las provincias vitivinícolas tampoco.

Este año, por primera vez, la Secretaría de Agricultura pidió en Directorio el 0%, posición no acompañada por Mendoza ni San Juan. Con el 45%, el presupuesto queda 5,2% por debajo en dólares respecto del año pasado, lo que afecta las acciones de promoción internacional, fundamentales para la competitividad del sector, dijeron.

Los aportes, indicaron son mínimos: el 20% de las bodegas paga en promedio $300 mensuales, otro 20% unos $20.000. “Este ajuste no tiene impacto real en los costos de las bodegas ni en los productores (estos últimos no aportan). En cualquier empresa seria lo último que se recorta es la promoción y la venta. Aquí pasa lo mismo: el objetivo es sostener el Plan Estratégico Vitivinícola, que se ejecuta sin gastos políticos ni sueldos para el Directorio, que trabaja ad honorem”, afirmó.

Aclaró que la actualización es necesaria porque es un valor fijo por litro y no un porcentaje: “Si no se ajusta, la recaudación queda congelada, a diferencia de impuestos proporcionales que crecen con los precios. Por eso, más allá de diferencias de criterio, se decidió el 45% como medida responsable y consensuada para seguir trabajando por la vitivinicultura argentina”.

Por Belkis Martínez

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