La hora de las buenas prácticas políticas

En el sector agropecuario existen diversos conceptos que hacen al desarrollo y crecimiento sostenido del agro, buscando una relación más amigable con las personas, con el medio ambiente, y con todos los eslabones de la cadena. Las Buenas Prácticas Agrícolas aplican las recomendaciones y los conocimientos disponibles para la sostenibilidad ambiental, económica y social de procesos de producción.

Así como el empresario a través de la utilización de las buenas prácticas puede diferenciar sus productos, entonces, bajo este mismo concepto, el ciudadano debería ser altamente exigente en la gestión que realizan nuestros gobernantes.

Al igual que en el agro, en el sector político deberían desarrollarse las Buenas Practicas Políticas, basadas en consolidar un marco institucional que brinde calidad a las políticas públicas.

Estas prácticas deberían forjarse sobre los principios de credibilidad, estabilidad, transparencia, coherencia, eficiencia, eficacia, economía, y sobre todo el respeto a la Constitución y a las instituciones, y estar obviamente orientadas hacia la búsqueda del bienestar general, brindando a la población un ambiente amigable para vivir e invertir.

Es sabido que los gobiernos pasan, pero el Estado trasciende, al igual que los dirigentes en las instituciones donde participan, por ello los países requieren de una política de Estado que brinde certidumbre y una visión de largo plazo.

Por eso, los ítems que contenga el Manual de Buenas Prácticas Políticas, debería contemplar:

• Respetar la Constitución Nacional, el Federalismo y la República; respetar las instituciones, brindar estabilidad jurídica; consolidar la independencia de los poderes.

• Reivindicar las facultades del Congreso; derogar o evitar la prórroga de la Ley de Emergencia Económica y derogar los superpoderes.

• En el Poder Judicial: modificar el Consejo de la Magistratura, para evitar el poder de veto del Ejecutivo y agilizar los procesos de remoción y nombramiento de los jueces.

También se debería consolidar la autonomía de la Auditoría General de la Nación, para facilitar las investigaciones que realiza, fortaleciéndose a su vez la transparencia y la lucha contra la corrupción, aplicando como se debería la Ley de Ética Pública.

Para generar un ambiente amigable para invertir, el gasto público no puede seguir creciendo sin límites, de modo que debería haber leyes para que el gasto público sólo pueda crecer como máximo 50% del PBI, para alcanzar un verdadero superávit fiscal y no un superávit que no alcanza para hacer frente a las deudas de la Nación.

También debería implementarse las buenas prácticas comerciales. Obtener saldos favorables en la balanza comercial es un objetivo necesario, pero esto debe lograrse mediante el estímulo a las exportaciones y de ninguna manera trabando las importaciones.

Reconocer las problemáticas que afectan a los argentinos y comenzar a solucionarlas también hace a las buenas prácticas políticas. No se pueden desvirtuar los indicadores económicos, o inferir en organismos como el Indec, para mostrar indicadores relevantes que marcan la evolución de la economía.

Estas buenas prácticas deben generar confianza y una visión de largo plazo que permita avizorar una Argentina seria y consolidada en los ranking de competitividad y niveles de inversión. Este sería un primer paso para comenzar a transitar el sendero de crecimiento sostenido y recuperar la credibilidad que merecemos.

Por Carlos Vila Moret

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