La Sociedad Rural pidió que el agro sea incluido en la reforma laboral y acercó propuestas al Gobierno
La entidad elevó un documento con seis modificaciones concretas para actualizar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en el marco del proyecto de modernización laboral
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En medio del debate político que se abrió a partir del anuncio del Gobierno sobre la futura Ley de Modernización Laboral, la Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó de manera formal sus propuestas para que el sector agropecuario sea contemplado dentro del nuevo esquema normativo que será tratado en el Congreso en los próximos días.
El planteo de la entidad llegó luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantara que el proyecto del Ejecutivo incluirá modificaciones vinculadas al régimen de trabajo agrario. Según confirmó el propio Gobierno, la iniciativa será discutida durante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 30 de diciembre, con continuidad en el período ordinario.
Desde la entidad rural recordaron que participaron activamente durante los últimos meses en mesas técnicas con funcionarios, legisladores e integrantes del Consejo de Mayo, con el objetivo de aportar lineamientos específicos para el sector. En ese proceso, explicaron que plantearon la necesidad de que el agro forme parte del texto final de la reforma.
La SRA sostuvo que “la reforma laboral debe reducir la informalidad, ampliar derechos y disminuir costos para empleadores y trabajadores”, y remarcó que el sector “no debe quedar fuera del debate”. A su vez, advirtieron que excluir el trabajo rural del proceso implicaría “una propuesta incompleta y una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro”.
Según la entidad, el agro posee dinámicas y condiciones de empleo que difieren del esquema urbano tradicional. “El agro no es una variable marginal: es una actividad con ritmos propios, costos específicos y desafíos regionales que requieren reglas diferenciadas”, remarcó la entidad.
En esa línea, insistieron en que “ciclos climáticos, estacionalidad y diversidad geográfica crean un escenario donde la contratación, la previsibilidad y la seguridad social deben contemplar particularidades que no caben en un marco urbano único”. La Rural advirtió que “mantener normas desvinculadas del campo podría disuadir la formalidad o impulsar la informalidad, con costos para trabajadores y productores”, y sostuvo que el país necesita una reforma laboral “moderna y equilibrada para seguir siendo motor de la economía”.
Como parte de ese planteo, la entidad elaboró una serie de modificaciones orientadas a actualizar la Ley 26.727 de Contrato de Trabajo Agrario, con el objetivo —según explicaron— de modernizar la normativa “sin detrimento de derechos fundamentales”.
En un comunicado señaló: “El objetivo es generar un marco legal más eficiente, previsible y competitivo que impulse la producción, el empleo rural y la inversión, al tiempo que garantiza condiciones dignas para los trabajadores”.
La SRA confirmó que las propuestas “han sido recibidas favorablemente” y agregaron que “recibimos el compromiso de que serán integradas al proyecto de Ley de Modernización Laboral”. Además, anticiparon que seguirán "realizando el seguimiento en las respectivas comisiones del Congreso de la Nación”.
Según explicó la entidad, el documento presentado incluye seis puntos centrales que consideran clave para modernizar la Ley 26.727. En la Rural señalaron que cada uno responde a una necesidad concreta del funcionamiento laboral del sector.
En primer lugar, la entidad propuso “eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra que alquila y el arrendatario que produce”. Según remarcaron, esta modificación “reduciría costos y riesgos para quien aporta la tierra, maquinaria o equipamiento, evitando cargas desproporcionadas”.
Otro de los pedidos es la “eliminación de la figura de trabajador permanente discontinuo”. La SRA explicó que el esquema actual no refleja la estructura real del empleo rural, marcada por ciclos productivos. “La actividad es estacional; mantenerla genera costos altos y complicaciones para contratos por ciclos”, argumentaron.
También reclamaron la incorporación de un período de prueba de ocho meses para nuevas contrataciones. La entidad señaló que este plazo permitiría una evaluación adecuada antes de formalizar la relación laboral. “Permite evaluar aptitudes de forma razonable antes de confirmar la relación laboral”, afirmaron.
Otro punto planteado por la Rural es la necesidad de avanzar hacia una negociación salarial bilateral entre el Sindicato y la Mesa de Enlace, sin participación estatal. Según indicaron, esto permitiría una discusión “más directa y adecuada a las realidades del sector, reduciendo la intervención estatal en la negociación”.
A su vez, la SRA propuso la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) orientado a financiar indemnizaciones bajo responsabilidad del empleador. El objetivo —según explicaron— es generar previsibilidad en los costos asociados a la desvinculación laboral. “Se ofrece un mecanismo de respaldo ante costos laborales, aportando previsibilidad”, señalaron.
El último punto planteado se refiere a la necesidad de actualizar los créditos laborales de manera razonable, para evitar fallos judiciales con montos considerados desproporcionados. “Se evita sentencias desproporcionadas e irrazonables”, destacaron.
LA NACION
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